En un clima político polarizado, el presidente de Bolivia, Evo Morales, encara la recta final hacia el referendo por la continuidad o no de su mandato poniendo énfasis en su postulado antiimperialista, sin descuidar críticas a los medios de información y ataques a la que califica de derecha colonialista.
Morales, líder del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) y nombrado presidente vitalicio de los cultivadores de coca de la central región del Chapare, afronta con aire triunfal los viajes a zonas rurales donde se concentran los sectores sociales que lo respaldaron el 18 de diciembre de 2005, cuando ganó las elecciones con 53,7 por ciento de los votos.
Casi cuatro millones de ciudadanos están convocados para el 10 de agosto para que decidan si siguen o no en sus respectivos cargos Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, y los prefectos (gobernadores) de los nueve departamentos en que se divide el país.
Una salida institucional para evitar la posible violencia política y superar la fuerte tensión entre el oficialismo y la oposición derechista, según valora el ministro sin cartera responsable de la defensa legal de las Recuperaciones Estatales, Héctor Arce.
Morales, un aymara con una historia igual a la de muchos campesinos bolivianos en extrema pobreza que deben emigrar a otras zonas del país o al exterior en busca de empleo, se declara defensor de los pueblos indígenas ansiosos de cobrar vigencia en la política como reivindicación histórica de tantos años de dominación colonial.
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Este es el punto de partida en el discurso del presidente que dice interpretar el pensamiento de una población rural emergente y aún embriagada con el poder alcanzado, pero insatisfecha porque los grupos económicos influyentes y radicados en la industria, las exportaciones y la producción de alimentos han frenado su ímpetu de cambios.
La traba más sentida es la que se puso al momento de cambiar la Constitución para incorporar el reconocimiento de formas de gobierno tradicional y cesión de territorios a los 36 pueblos originarios existentes en Bolivia.
Los grupos conservadores de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, organizados en los llamados comités cívicos, se han fortalecido en alianza con sectores de clase media para cumplir un rol de oposición efectiva al gobierno nacional, con presencia en el Congreso legislativo a través de partidos de derecha, y en las cortes electorales departamentales.
La bandera de la autonomía ha sido izada en esos cuatro departamentos, identificados como la media luna oriental, y se extiende a los vecinos Cochabamba y Chuquisaca, donde esa estrategia es resistida por una naciente organización social de campesinos y familias pobres que respaldan al gobierno nacional.
Morales enfoca sus ataques sobre las organizaciones políticas y empresariales de la media luna oriental, a las que llama "grupos privilegiados", y anticipa una difícil batalla para seguir con las reformas que propone, entre ellas la confiscación de tierras improductivas, una tarea aún pendiente y cuestionada severamente por los poderosos propietarios de tierras, tanto nacionales como extranjeros.
Se manifiesta convencido de que esos sectores reciben financiamiento de Washington a través de su Agencia Internacional de Desarrollo (Usaid) y así lo denunció, exhibiendo textos de correos electrónicos como pruebas ante el propio secretario de asuntos hemisféricos de Estados Unidos, Thomas Shannon, en su última visita a La Paz.
"Algunos spots son pagados desde Estados Unidos y queremos que sepan que investigamos y no dormimos", afirmó un desafiante Morales, quien libra esta particular lucha e identifica a los propietarios de medios de información y periodistas alineados a la derecha como protagonistas de un "terrorismo mediático". El presidente de Bolivia, surgido de las bases sindicales de los cultivadores de coca, se regocijaba de haber recibido hace un par de años las primeras lecciones sobre imagen pública, elaboración de mensajes y discursos de sus amigos periodistas, pero hoy ve en ellos a los críticos despiadados a su gestión.
Respaldado por un aparato de difusión estatal, al cual se unen radioemisoras rurales de nueva creación con el financiamiento del gobierno de Venezuela y algunos medios independientes, Morales aún tiene frente a sí a un rival fogueado en batallas electorales de los últimos siete años.
Ubicados en las principales capitales del país y dotados de una buena infraestructura y personal especializado en el manejo de mensajes e imágenes, los empresarios agroindustriales han edificado un poder mediático tal que logró en los comicios de 2002 eliminar al favorito de las encuestas, Manfred Reyes Villa, para encumbrar al derechista Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003).
Sin mayor esfuerzo, lo medios de comunicación de línea editorial conservadora recogen los testimonios de descontento de personas que han sentido la baja del peso del "pan de batalla" de los reglamentarios 60 gramos a la mitad o sufren la escasez de gas licuado y observan inquietas el aumento del precio del pollo de 1,5 dólares a dos dólares por kilogramo.
Por el contrario, Morales se esmera en mostrar que se ha logrado un superávit en las finanzas públicas por primera vez después de más de 30 años, a la vez que enseña con felicidad los datos de las reservas de divisas del Banco Central de Bolivia (BCB), que ya superan los 7.000 millones de dólares.
Sin embargo, desde la oposición sólo el banquero santacruceño Justo Yépez ha admitido hasta ahora la existencia de una "bonanza económica" del país gracias a las "extraordinarias" reservas internacionales, aunque igual cuestiona lo que entiende falta de inversiones destinadas a incrementar la producción y el empleo.
Sólo la disputa de intereses económicos y políticos puede explicar la polarización en un país que hoy ha alcanzado los mejores indicadores económicos en 26 años de democracia, con un modelo orientado al bienestar social.
Una carga de dinamita que rompe el candado de la puerta de un importante edificio de oficinas públicas en La Paz, colocada por enardecidos mineros que exigen la reforma de pensiones confiscando ahorros privados, fue la imagen de violencia que en la víspera recorrió el país en coincidencia con el tramo final de la campaña por el referendo revocatorio.
A ello se suma la huelga de personas con capacidades diferentes en demanda de una renta anual equivalente a 423 dólares, con el bloqueo de las puertas de una refinería en Santa Cruz de la Sierra que impide el suministro de carburantes, y el anunció de los transportistas urbanos de una huelga nacional 48 horas antes del referendo contra el alza de tarifas.
El oficialismo interpreta estas protestas como una campaña orientada a impedir la consulta y, con ello dicen, la ratificación de Morales, ante lo cual organizaciones sociales afines al gobierno amenazan con una contraofensiva.
