El conflicto de más de 100 días del sector agrícola argentino, cuya última cosecha récord en gran parte está resguarda en silos, enfrió el ritmo febril del consumo y desaceleró en general la actividad económica del país, que registra una expansión sin precedentes desde 2003.
"Hubo un cierto enfriamiento", afirmó ante la consulta de IPS la economista Marina Dal Poggetto, codirectora del Estudio Bein y asociados. "No notamos una caída interanual del consumo, pero sí desaceleración", distinguió. Según su consultora, el enfrentamiento de las asociaciones agropecuarias con el gobierno costó un punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB).
"El impacto más fuerte se observa en el cambio de expectativas", apuntó, a su vez, a IPS Dante Sica, de la consultora Abeceb.com. "Se profundizaron expectativas negativas en la industria y el consumo", añadió. En los grandes centros comerciales, el consumo creció 15 por ciento en 2007 y retrocedió 10 por ciento en lo que va de este año, detalló a modo de ejemplo.
"El nivel de actividad no sufre un impacto severo todavía, pero si el conflicto iniciado en marzo (y ahora en suspenso) sigue sin solución entonces comenzará a notarse en la economía real", advirtió Sica.
Otros economistas consultados coinciden con estos análisis. La Fundación Mercado, dirigida por Oscar Liberman, señaló que el consumo siguió alto en mayo, pero en los niveles previos a diciembre de 2005, más bajos. Se adquieren menos autos, electrodomésticos y viviendas, y se toman menos créditos, observó el experto.
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Del mismo modo, el estudio Sel consultores, liderado por el sociólogo Ernesto Kritz, señaló en su informe de este mes que "tras un quinquenio de crecimiento de casi nueve por ciento anual, la economía (argentina) parece haber entrado en una fase de desaceleración", y estimó difícil predecir "si el aterrizaje será suave o forzoso".
El Estudio Bein proyectó un crecimiento de la economía para este año en torno a 7,5 por ciento, un indicador aún alto para la media latinoamericana aunque menor al que se venía registrando en años anteriores. "No hay destrucción de riqueza, sino que se frenó la actividad, sobre todo en el interior del país", sostienen en la consultora.
En este contexto, resulta sorprendente que la agricultura haya logrado una cosecha récord. Los productores en paro de actividades levantaron 48 millones de toneladas de soja, el principal cultivo de exportación del país y que representa la mitad del área sembrada. Al valor actual, se trata de unos 27.000 millones de dólares a repartir casi a medias con el fisco.
El conflicto agropecuario estalló en marzo a raíz la decisión del gobierno centroizquierdista de Cristina Fernández de aumentar de 35 a 42 por ciento el tributo a las exportaciones de soja y de 32 a 39 por ciento las de girasol.
El argumento del gobierno para tomar la medida es captar para inversiones sociales una parte de la renta extraordinaria del sector, derivada de los altos precios internacionales de esas oleaginosas y de granos derivados de la creciente demanda de Asia y de la consecuente especulación de los mercados a futuro.
La decisión de Fernández desencadenó una airada reacción de terratenientes, empresas agrícolas y productores agremiados, sobre todo de los más pequeños, que incluyó el bloqueo de rutas en 14 de los 24 distritos en que se divide el país (23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
El gobierno dispuso compensar el valor de esos tributos a los propietarios y cultivadores de pequeña escala, pero el rechazo persistió. Las asociaciones del ámbito rural se negaron a vender granos para exportación y la medida tuvo un serio impacto en la industria y en el interior.
El paro de algunas actividades en el campo y los bloqueos carreteros provocaron escasez de alimentos y trabaron el transporte de mercaderías hacia las ciudades. Además en las últimas semanas del conflicto, los transportistas de granos también realizaron cortes de tránsito, pero en este caso totales, en represalia por haber quedado sin tareas, profundizando el desabastecimiento.
Las asociaciones agropecuarias finalmente suspendieron la protesta el 20 de junio luego de que el gobierno envió un proyecto al parlamento para que el texto del decreto en vigor pueda transformarse en ley si logra alinear la mayoría de legisladores a su propuesta.
"El impacto de cortar (bloquear) las rutas se advierte fundamentalmente en el interior del país", sostuvo Dal Poggetto. Miles de comercios en localidades que viven de la actividad agropecuaria fueron los primeros en advertir el freno. En diversos rubros, se estimaba una caída en las ventas de entre 30 y 50 por ciento en los tres meses de conflicto.
En la industria, la merma se sintió en el sector automotor, en la construcción, en frigoríficos y en distintas áreas de fabricación de alimentos.
En la central provincia de Córdoba, la Unión Industrial Argentina informó que las empresas debieron suspender o adelantar vacaciones a unos 20.000 trabajadores a raíz de la crisis.
Una de las más afectadas fue la industria de maquinaria agrícola, que sufrió una fuerte caída en los pedidos para el segundo semestre de este año.
La moderación en el ritmo de la actividad económica fue un resultado directo de la crisis. Pero hubo otros impactos, indirectos, señaló Dal Poggetto. El más sobresaliente es el que se advierte en el mercado financiero.
El Banco Central debió vender varios miles de millones de dólares de reservas para evitar una depreciación del peso, la moneda nacional, frente al dólar por el incremento de la demanda de divisas.
Entidades bancarias privadas y ahorristas, preocupados por la conflictividad creciente, buscaron refugio en la moneda estadounidense, aunque las reservas internacionales en las arcas del Banco Central ya volvieron a crecer y se ubicaron el 27 de junio en 47.590 millones de dólares.
Actualmente, el peso se apreció gracias a la intervención de la autoridad monetaria para comenzar a separarse otra vez de las tres unidades por cada dólar. Pero el retroceso sufrido en esta crisis, que contribuyó a aplacar en parte la incertidumbre financiera, comienza a preocupar a los exportadores.
A su vez, para retener depósitos, los bancos duplicaron las tasas de interés. El gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y el de su esposa y sucesora, Fernández, se negaron y se niegan a aplicar esa receta para el control de precios, aunque luego se impuso de hecho.
"El aumento de las tasas de interés es una medida para controlar la inflación, pero acá se adoptó como consecuencia de una presión de mercado, y eso es malgastar un instrumento que en otro caso sería positivo", lamentó Sica.
El experto señaló, además, que una vez que se encauce la crisis, el gobierno deberá retomar la agenda pendiente.
Es otro de los impactos del conflicto agropecuario. Mientras se dedicó a enfrentar esta batalla, el gobierno dejó agudizar problemas como la inflación, calculada por sectores privados en torno a 25 por ciento anual, la escasez de inversiones y la restringida oferta energética, puntualizó el analista.
