La sudafricana Navanethem Pillay, avalada este lunes por la Asamblea General de la ONU como próxima Alta Comisionada de Derechos Humanos, comenzará a dar en breve sus primeros pasos por un campo político minado.
Además, el Consejo de Seguridad está paralizado en el tratamiento de cuestiones muy delicadas en la materia, como la situación en Sudán, Zimbabwe, Birmania y los territorios árabes ocupados por Israel.
Pillay, de 67 años y perteneciente a la minoría tamil sudafricana, asumirá el cargo por cuatro años, siguiendo los pasos del ecuatoriano José Ayala-Lasso, la irlandesa Mary Robinson, el brasileño Sergio Vieira de Mello y la canadiense Louise Arbour.
Desde su oficina en Ginebra, se encargará de dirigir a más de 1.000 funcionarios que actúan en medio centenar de países, así como de manejar un presupuesto de más de 150 millones de dólares anuales. Pero no se trata de un trabajo fácil.
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Robinson, quien acusó a China, Estados Unidos e Israel de violar el derecho humanitario y las libertades civiles y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por el bombardeo contra Yugoslavia en 1999, se vio obligada a renunciar en 2002, cuando aún le faltaban tres años para concluir su segundo mandato, por la intensa presión.
A Arbour, que ocupará el cargo hasta el 1 de septiembre, le negaron el ingreso a Corea del Norte y a Birmania. Sri Lanka rechazó su pedido de instalar allí una oficina permanente. De paso por ese país, le preguntaron por qué no visitaba la cárcel en la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba.
Y cuando se entrevistó con legisladores estadounidenses en Washington, le inquirieron del mismo modo: ¿por qué no visitaba Birmania y por qué cuestionaba a Estados Unidos?
Pillay ha sido integrante de la Corte Penal Internacional (CPI) que procesa crímenes de guerra y contra la humanidad, así como actos de genocidio, en La Haya. En 1999 había sido elegida presidenta del Tribunal Internacional que consideró el genocidio de 1994 en Ruanda. En ese cargo se desempeñó durante ocho años.
En buena parte de su carrera como abogada en Sudáfrica, mientras rigió el apartheid, se le prohibió cumplir funciones de representación legal en los tribunales debido a su ascendencia asiática.
Con estudios en la Universidad de Kwazulu-Natal, fue la primera mujer en ejercer la abogacía en esa provincia sudafricana, defendiendo a activistas contra el apartheid y a mujeres golpeadas. También asistió a la estadounidense Universidad de Harvard. Se convirtió en 1995 en la primera mujer no blanca en integrar la Corte Suprema de Justicia de Sudáfrica.
Su designación en la ONU desató críticas de organizaciones sociales y religiosas conservadoras debido a su posición favorable a la despenalización del aborto voluntario.
El ex jefe de la Sección de Tratados de la ONU, Palitha Kohona, dijo a IPS que el cargo de alto representante del foro mundial para los derechos humanos es uno de los más importantes de la comunidad internacional.
"Pillay tiene un currículum vitae impresionante y procede de un país del mundo en desarrollo donde el respeto por los derechos humanos ha sido durante muchos años un gran desafío", evaluó Kohona, actual vicecanciller de Sri Lanka.
La lucha contra el apartheid (régimen de segregación racial institucionalizado en perjuicio contra la mayoría negra de Sudáfrica que concluyó en 1994) fue, al principio, "asumida por el 'tercer mundo', mientras muchos países industrializados le daban la espalda" al problema, agregó.
"A medida que luchamos por un mundo más justo y equitativo, confiamos en que introduzca el equilibrio necesario para asegurar que los derechos humanos sean fortalecidos, que se avance en ellos de maneras prácticas y efectivas", sostuvo.
El director ejecutivo de la organización Human Rights Watch, Kenneth Roth, dijo que Pillay asumirá en un momento crítico para los derechos humanos en todo el mundo, en especial dentro de la ONU.
"El Consejo de Seguridad de la ONU ha sido omiso a la hora de tomar los pasos necesarios para afrontar abusos en Zimbabwe y en Darfur (Sudán) y miles de personas continúan sometidas a arresto arbitrario por la 'guerra contra el terror'", afirmó.
"Los estados deben ser obligados a implementar los principios de derechos humanos adoptados en tiempos recientes en materia de desapariciones forzadas, defensa de los discapacitados y bombas de racimo", agregó.
La nueva alta comisionada deberá estar dispuesta a atacar a quienes violen los derechos humanos "sin importar cuán poderosos sean", advirtió.
"Comprometer a los gobiernos mediante una 'diplomacia tranquila' tiene sentido a la hora de proteger los derechos humanos, pero la experiencia indica que no hay sustituto posible a una fuerte defensa pública de parte de la alta comisionada", sostuvo Roth.
HRW indicó que las instituciones clave de la ONU en materia de paz, seguridad y desarrollo tienen su sede en Nueva York, y que los derechos humanos no son plenamente atendidos allí.
La oficina de la Alta Comisionada en Ginebra ve disminuido su poder por no contar con un subsecretario general asistente radicado en la ciudad estadounidense, así como el personal necesario para desempeñarse en esa misión.
El secretario general de la ONU "debería usar su autoridad para asegurarse de que se cumplan esas metas", concluyó.
