Defensores de las libertades civiles no han perdido tiempo en Estados Unidos para reclamar a la justicia que prohíba al gobierno realizar espionaje interno, a lo que supuestamente lo autoriza una ley aprobada la semana pasada.
La Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (conocida por sus siglas en inglés, ACLU), la organización de derechos humanos más antigua de este país, se unió con otras instituciones para poner la norma a prueba ante los tribunales.
Estas organizaciones advirtieron que la ley "da al gobierno un poder virtualmente ilimitado para interceptar llamadas telefónicas y correos electrónicos al exterior de los estadounidenses".
La acción legal tiene el objetivo de que un tribunal declare la inconstitucionalidad de esa ley y prohíba de inmediato su aplicación por parte del gobierno del presidente George W. Bush.
El director ejecutivo de ACLU, Anthony D. Romero, señaló que "no sólo se legaliza el programa de vigilancia sin autorización judicial aprobado por Bush en 2001, sino que se otorga al gobierno nuevos poderes para realizar espionaje interno, incluso con intercepción de las comunicaciones internacionales de los estadounidenses".
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"Espiar a estadounidenses sin orden judicial es un abuso del poder gubernamental y esto es exactamente lo que autoriza esta ley. La ACLU no permanecerá cruzada de brazos y ni dejará que se destruyan impunemente las garantías establecidas por la Cuarta Enmienda de la Constitución", agregó.
Esa enmienda constitucional califica de "inviolable" el "derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias".
Además, establece que "no se expedirán al efecto mandamientos que no se apoyen en un motivo verosímil, estén corroborados mediante juramento o protesta y describan con particularidad el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas".
La polémica al respecto estalló cuando el diario The New York Times reveló que, tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, Bush autorizó en forma secreta a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) a interferir las comunicaciones de ciudadanos estadounidenses o de residentes de otras nacionalidades.
El propósito era buscar evidencia de actividades terroristas, pero sin solicitar antes la autorización de un juez, normalmente requerida para llevar adelante actividades de espionaje interno.
Un decreto firmado por Bush en 2002 autorizó a la NSA, la mayor agencia de inteligencia estadounidense, a violar la privacidad de las llamadas telefónicas internacionales y los correos electrónicos de centenares —quizás miles— de residentes en Estados Unidos, en el supuesto afán de detectar posibles lazos con la red extremista Al Qaeda.
En ese momento, los críticos de la decisión incluyeron a un gran número de defensores de las libertades civiles, entre ellos Bob Barr, un ex legislador conservador del oficialista Partido Republicano, hoy candidato presidencial del pequeño Partido Libertario para las elecciones de noviembre.
Barr dijo a IPS en 2000 que el general Michael Hayden, entonces jefe de la NSA y hoy de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), declaró ante una comisión legislativa que si un ciudadano estadounidense, blanco de una operación de vigilancia, "está en territorio del país, debo contar con una orden judicial antes de iniciar cualquier recopilación de información".
Barr señaló que "si al presidente no le agrada la legislación, la solución es modificarla, no violarla".
Bush pidió entonces al Congreso legislativo cambiar el texto original de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Exterior (FISA, por sus siglas en inglés), sancionada en 1978. La nueva versión se aprobó este año como resultado de concesiones recíprocas entre legisladores oficialistas y del opositor Partido Demócrata.
Entre otras disposiciones, ese texto otorgó inmunidad retroactiva a las empresas telefónicas y de servicios de Internet que colaboraron con el gobierno en el espionaje ilegal de sus clientes.
La demanda legal contra la ley fue presentada en nombre de una coalición de abogados y organizaciones de derechos humanos, sindicales, legales y medios de prensa que dependen de la confidencialidad de sus comunicaciones para desarrollar apropiadamente su tarea, señaló la ACLU.
Los cambios efectuados este año a la FISA destacan que "la vigilancia electrónica debe realizarse de forma que respete la Constitución y garantice la máxima protección posible a la privacidad individual y la libertad de expresión".
Pero la ACLU asegura que la norma no ofrece las salvaguardas requeridas "sin ambigüedad" por la Constitución.
"La nueva ley permite al gobierno realizar vigilancias sin informar a un tribunal a quiénes piensa espiar, qué líneas telefónicas o cuentas de correo electrónico pretende interceptar, dónde se encuentran los blancos de la vigilancia, cuáles son los motivos para realizarla o si sospecha que alguna de las partes en esas comunicaciones ha realizado alguna actividad ilegal", indica la demanda.
La periodista Naomi Klein, del semanario progresista The Nation, es una de las demandantes. "Como periodista, mi trabajo requiere comunicarme con personas en todo el mundo, desde Iraq hasta Argentina. Si se da al gobierno de Estados Unidos el poder ilimitado de identificar las fuentes confidenciales de un reportero, mi capacidad para hacer este trabajo se verá seriamente comprometida", afirmó.
"No puedo aceptar que mis conversaciones con personas que viven en el exterior las puedan poner en riesgo como consecuencia del espionaje gubernamental. La privacidad no es un mero deseo: es un derecho", agregó.
El director de programas de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, Iain Levine, señaló que "en nuestra actividad de informar y defenderlos, necesitamos estar en contacto regular con activistas y víctimas en todo el mundo".
Pero, agregó, "saber que el gobierno puede estar controlando nuestras llamadas y correos electrónicos inhibe con frecuencia nuestros esfuerzos y nos obliga a adoptar medidas que demandan mucho más tiempo y dinero para mantener la seguridad de las comunicaciones".
La privacidad de las comunicaciones en Internet continúa siendo una fuente de preocupación para los defensores de las libertades civiles.
Kevin Bankston, abogado de la Fundación Frontera Electrónica con sede en San Francisco, dijo a IPS que "aunque los usuarios de Internet esperan, razonablemente, que sus hábitos de navegación en la red se mantengan en la órbita privada, las autoridades se niegan a confirmar si recolectan, o se creen autorizadas a hacerlo, las direcciones de los sitios que visitan".
