Tras un complicado y a veces peligroso proceso de dos años, el tribunal internacional para los crímenes cometidos en Camboya por el Jemer Rojo está listo para comenzar los juicios en septiembre.
Kaing Guek Eav (también conocido como Duch) será el primero de las cinco dirigentes del ya desaparecido grupo maoísta, actualmente bajo custodia, en ser llevado a juicio en esta instancia especial que se desarrollará en Phnom Penh.
Duch fue el líder de Tuol Sleng, el más célebre de los centros de detenciones y torturas del régimen genocida del Jemer Rojo (1975-1979) en este país de Asia sudoriental.
Aunque el personal judicial advierte que es difícil pronosticar marcos temporales, se espera que el juicio de Duch tenga lugar en lo que queda de 2008 y posiblemente se extienda a comienzos del año próximo.
Luego el tribunal, cuyo nombre oficial es Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya, juzgará a los cuatro restantes: Noun Chea o "hermano número dos", como se lo conocía en la jerarquía del Jemer Rojo, el ex jefe de Estado de la desaparecida Kampuchea Democrática, Khieu Zampan, el ex canciller Leng Sary y su esposa Leng Thirith, ministra de Acción Social del régimen.
[related_articles]
Kampuchea Democrática fue el nombre con el que se designó al país durante el gobierno comunista de Pol Pot, el extinto líder del Jemer Rojo.
"Aunque no se decidió nada, parece más probable que sean juzgados como grupo. Se los acusa de participar en delitos políticos", dijo la presidenta de Asuntos Públicos del tribunal, Helen Jarvis.
Actualmente los cinco están detenidos, acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por sus presuntos roles en la muerte por inanición, tortura y asesinato de aproximadamente 1,7 millones de camboyanos durante su breve gobierno del país, entre 1975 y principios de 1979.
El inicio de los juicios recorrerá un largo camino en la distensión de críticas, particularmente de los camboyanos, en cuanto a que el tribunal es demasiado lento e innecesariamente burocrático.
Tales críticas incrementaron la presión sobre el tribunal para hacer que los juicios se lleven a cabo, al mismo tiempo de garantizar un proceso justo e imparcial y de ser cuidadosos en cuanto a no caracterizar el ejercicio del derecho de apelación de los cinco acusados como "demoras".
La salud de los cinco acusados es otro punto de presión. Todos son ancianos, y muchos camboyanos temen que puedan morir antes de enfrentar a la justicia.
"Nadie ignora esto (las demoras), pero el problema es cómo abrirse camino sin perder la integridad del proceso judicial", respondió Jarvis.
"Los abogados hablan sobre el estándar internacional", dijo Youk Chhang, director del Centro de Documentación, una organización no gubernamental con sede en Phnom Penh que se dedica a estudiar y documentar los tres años y medio de gobierno del Jemer Rojo.
"Esto se podría aplicar en Bosnia, donde hay hostilidad de la población local y dificultad para acceder al acusado. Pero aquí es diferente. Hay apoyo de la población local. Uno tiene toda la evidencia", señaló.
"Esto no tiene que ver con la reputación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Tiene que ver con el millón de vidas perdidas, con gente que quiere justicia luego de 30 años", agregó.
"En comparación con otros tribunales (para crímenes de guerra), estamos haciendo un gran avance. Desde el exterior se pinta cierta imagen de fatalidad, pero yo no siento eso desde adentro", sostuvo Jarvis.
Muchos observadores, nacionales e internacionales, concuerdan en que el tribunal ha hecho avances considerables dado el desafío de llevar a cabo juicios de esta dimensión y complejidad en Camboya en vez de en otro país, como reclamó inicialmente la ONU como condición para su asistencia.
El tribunal es una cámara especial dentro del sistema judicial camboyano. Está integrado por jueces nacionales e internacionales y usa principalmente el subdesarrollado sistema del derecho civil de Camboya.
"Ésta es una razón por la que todo lleva tanto tiempo. En Camboya no hay un proceso legal claro, ni siquiera para casos relativamente simples, así que mucho menos para complejos" como éste, expresó el presidente de la Sección Apoyo a la Defensa del tribunal, Rupert Skilbeck.
Muchos esperan que situar al tribunal en Camboya sirva para introducir mejoras al proceso legal en el país.
"Debemos tener más objetivos que apenas el juicio de los líderes del Jemer Rojo", dijo Sok Sam Ouen, director del Proyecto de Defensores Camboyanos, una organización no gubernamental dedicada a la asistencia legal.
"Necesitamos un modelo para un nuevo tribunal. Los futuros líderes también tienen que ser advertidos de que hay justicia en Camboya", agregó.
Sin embargo, las organizaciones internacionales de derechos humanos siguen estando preocupadas por la falta de desarrollo del Poder Judicial y los niveles endémicos de corrupción del país, que podrían influir negativamente en los procedimientos.
El ejemplo más claro de esto, según estas organizaciones, fueron las acusaciones de serios defectos en la contratación y otras prácticas vinculadas al personal, que incluyen el hecho de que aún los altos funcionarios tuvieron que dedicar parte de sus salarios a sobornar a individuos no identificados.
Aunque una auditoría del tribunal realizada por la ONU no halló "evidencias concluyentes" de sobornos, las acusaciones continúan acosando al tribunal y, hasta hace poco, fueron una barrera para el financiamiento por parte de donantes.
"No es una cuestión de si la corrupción es mala. La posibilidad de que haya corrupción en el tribunal abre la puerta a la manipulación política para lo que debería ser un proceso limpísimo", señaló Sara Colm, investigadora de Human Rights Watch radicada en Phnom Penh.
"Las acusaciones fueron inespecíficas, sin fuentes ni sustancia y siguen siendo así casi dos años después", respondió Jarvis.
"Se hicieron algunas críticas sobre aspectos administrativos del tribunal. Las hemos abrazado sin reservas y hemos hecho cambios", añadió.
Aunque el personal sostiene que todo está encaminado hacia el juicio de septiembre, el tribunal enfrenta otros desafíos. Entre ellos, la falta de casi 44 millones de dólares en el marco de un presupuesto revisado que casi duplica la cantidad de dinero que se pide a donantes y al gobierno camboyano.
Los administradores del tribunal dicen que confían en conseguir el financiamiento.
El tribunal, que funciona en idioma jemer, inglés y francés, se esfuerza por hacer frente a un importante atraso en el trabajo de traducción.
"El problema es el volumen neto de información en el que ha confiado la fiscalía y que no ha sido traducido. Si es suficientemente importante para ser usado en el juicio, los abogados de la defensa deberían saber qué dice", señaló Skilbeck.
Es particularmente agudo en relación al material que se está traduciendo de jemer a francés, un asunto importante para los equipos legales francófonos que representan a Duch y a Khieu Samphan.
"Sólo uno por ciento del material que necesitan ha sido traducido al francés. Hay una real preocupación de que eso pueda demorar el juicio", agregó.
También se han manifestado preocupaciones sobre los procedimientos utilizados por el tribunal en relación a los testigos, que Colm sostiene son "muy defectuosos".
"La ONU cuida a los testigos mientras están en el complejo. Afuera, están bajo el control de la policía judicial del Ministerio del Interior, que es en sí misma abusadora de los derechos humanos", enfatizó Colm.
"Tenemos una Unidad de Apoyo a Testigos y Expertos y tomamos este asunto muy seriamente", dijo Jarvis.
"Aunque la naturaleza del trabajo limita lo que podemos decir en público sobre esto, podemos decir que es más que sólo protección física. Incluye apoyo financiero y legal, así como orientación psicológica", agregó.
