Dos abogadas internacionales especializadas en derechos humanos patrocinarán a víctimas colombianas en los juicios que se siguen en Estados Unidos contra jefes de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Las juristas Roxanna Altholz, estadounidense, y Almudena Bernabeu, española, anunciaron el jueves en Bogotá que defenderán los derechos de las víctimas en los juicios contra siete de los 14 jefes paramilitares colombianos extraditados a Estados Unidos el 13 de mayo.
Los siete implicados son Diego Fernando Murillo Bejarano, alias "Don Berna", Carlos Mario Jiménez, alias "Macaco", Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar, alias "Jorge 40", Guillermo Pérez Alzate, Hernán Giraldo y Eduardo Vengoechea Mola, alias "El Flaco Vengoechea".
Los 14 forman parte de la cúpula de las AUC que se acogió a una desmovilización parcial, negociada con el gobierno derechista de Álvaro Uribe y enmarcada en la Ley de Justicia y Paz, que les ofrecía beneficios penales.
Más tarde, el gobierno los acusó de incumplir los compromisos pactados y aceptó dar curso a los pedidos de extradición de tribunales estadounidenses, que imputan a los 14 delitos de narcotráfico y lavado de activos.
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Las AUC nacieron en la década de 1980 para combatir, junto a la fuerza pública, contra la insurgencia izquierdista alzada en armas en 1964. Las Naciones Unidas las consideran responsables de 80 por ciento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en los últimos años.
Como la justicia de Estados Unidos sólo los juzgará por narcotráfico, las organizaciones de derechos humanos, los sobrevivientes y las familias de las víctimas consideran que la extradición fue un paso atrás en el camino para esclarecer los crímenes de derechos humanos que pesan sobre ellos.
Por eso, "con el análisis de la legislación estadounidense, queremos definir una estrategia que nos permita pasos legales para dar participación a las víctimas en los procesos que se adelantan contra los extraditados", dijo en rueda de prensa Altholz, directora asociada de la Clínica de Derecho Internacional sobre Derechos Humanos de la Escuela de Leyes de la Universidad de California en Berkeley.
El argumento se basa en confesiones de los propios paramilitares de que el dinero del narcotráfico se usó para financiar 70 por ciento de masacres y desplazamientos forzados de campesinos.
"Si el narcotráfico financió estos delitos, las víctimas tienen derechos que se deben concretar y divulgar y exigir su cumplimiento", dijo Bernabeu, abogada internacional del no gubernamental Center for Justice and Accountability, con sede en San Francisco, Estados Unidos.
"Queremos dar una mano a las víctimas. Por eso, desde la extradición a Estados Unidos (el 7 de mayo) de alias 'Macaco', empezamos a estudiar con atención la legislación de Estados Unidos, proceso que aceleramos ahora con la extradición de 14 paramilitares", agregó Bernabeu.
Las abogadas representarán en principio a 12 víctimas. Pero anunciaron que esperan la autorización para defender los intereses de otros sobrevivientes que, "de todas maneras y desafortunadamente, serán pocos frente al muy alto número de víctimas que hay en Colombia", dijeron.
La estrategia se orienta a conseguir que se apliquen leyes estadounidenses que establecen garantías de las víctimas a ser notificadas de sus derechos, a participar como partes interesadas en los procesos, a ser informadas y consultadas sobre los acuerdos en los que estén trabajando jueces, fiscales y procesados, a asistir a las audiencias públicas y a ser escuchadas.
El abogado colombiano Iván Cepeda, portavoz del no gubernamental Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, resaltó la acción de sus colegas en Estados Unidos, que se suman a medidas a favor de las víctimas se adelantan en el plano nacional e internacional.
Cepeda recordó la insistente petición de las organizaciones de derechos humanos al gobierno para que no extraditara a los jefes paramilitares. La alternativa fue una estrategia de difusión internacional sobre quiénes eran los extraditados y qué hicieron en Colombia, dijo.
"Se está contando que cada uno de ellos es equiparable a un (Augusto) Pinochet", dijo Cepeda en referencia al general chileno que condujo una férrea dictadura en su país entre 1973 y 1990.
"Es necesario que se conozcan los graves delitos cometidos por ellos, que se divulgue que tienen una gran deuda con Colombia y millones de colombianos, para que no sean presentados como simples narcotraficantes", enfatizó.
La campaña incluye próximas visitas a Estados Unidos, la difusión de un texto firmado por 20 congresistas estadounidenses a favor del respeto de los derechos humanos en Colombia, y gestiones para que se apruebe en el parlamento colombiano el proyecto de estatuto a favor de las víctimas.
El texto fue aprobado en junio en la Cámara de Representantes, dejando como punto positivo el reconocimiento de las víctimas, según defensores de derechos humanos. Pero sigue siendo insuficiente, por lo que se están poniendo en marcha distintas estrategias que, "cada una por su carril, confluirán en el cumplimiento de nuestro objetivo", afirmó Cepeda.
En Colombia, la Ley de Justicia y Paz exigía a los extraditados una confesión completa y voluntaria de sus crímenes para acogerse al beneficio de una pena máxima de ocho años de reclusión, así como el uso de sus fortunas personales para reparar a las víctimas. Se estima que tres millones de personas han sido desplazadas y despojadas de sus tierras.
Los paramilitares calificaron la extradición como una traición del presidente Uribe.
Setenta legisladores oficialistas están investigados y 35 están tras las rejas por sus vínculos con los paramilitares. El propio Mancuso ha dicho que 35 por ciento de los parlamentarios respondían al paramilitarismo, que ha impregnado todas las esferas del Estado.
"Los paramilitares ganaron varias guerras, y en ese proceso lograron modificar sustancialmente el mapa político en 12 departamentos, transformar parcialmente otros, establecer una gran bancada (bloque) parlamentaria, influir en las elecciones presidenciales, capturar el poder local en diversas regiones del país y entrar en un proceso de negociación con el Estado", sostiene un estudio de la no gubernamental Corporación Arco Iris.
Bogotá aseguró que las extradiciones no abortarían los procesos de confesiones, abiertos en la marco de la Ley de Paz y Justicia, que podrían continuar mediante videoconferencias con los reos alojados en prisiones de Estados Unidos. Pero hasta ahora, no se ha celebrado una sola de esas audiencias.
Además, este mes la defensa de Mancuso aseguró que el ex líder paramilitar había conseguido un acuerdo de reducción de pena con la justicia estadounidense.
Mientras, las abogadas Bernabeu y Altholz sostienen reuniones con miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, organizaciones sociales y de derechos humanos y asociaciones de víctimas.
"No podemos prever resultados inmediatos, pero sí es seguro que tenemos el mejor empeño y continuaremos trabajando", dijo Altholz.
