Apenas 48 horas después de proclamar que estaba dispuesto a morir antes que renunciar, el poderoso ministro de Economía de Kenia, Amos Kimunya, anunció este martes que se alejaba del cargo para permitir que una comisión independiente investigue las acusaciones de corrupción que pesan sobre él.
La renuncia del ministro se produjo a una semana de una moción de censura aprobada por el parlamento, la primera en la historia de este país. Se basó en el informe de un comité encabezado por el fiscal general Amos Wako, que cuestionó el papel de Kimunya en la venta del Grand Regency, un hotel de cinco estrellas propiedad del Estado, ubicado en el centro de Nairobi.
En esos días, la policía golpeó y arrestó a alrededor de dos docenas de activistas por los derechos humanos, quienes marchaban hacia el edificio del parlamento para protestar contra la obstinada negativa de Kimunya a renunciar, a pesar de la presión de centenares de organizaciones no gubernamentales y la casi unánime condena de los legisladores.
Los detenidos eran miembros de la Coalición contra la Corrupción, una red de organizaciones civiles, abogados y ciudadanos que habían liderado la campaña contra el ministro de Economía.
En una breve conferencia de prensa, Kimunya, un estrecho aliado del presidente Mwai Kibaki, dijo que tenía la conciencia tranquila y que sólo renunciaba para permitir que la investigación siguiera su curso.
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Sin embargo, dejó entender que había sido forzado a dar un paso al costado, al decir que tomó la decisión luego de varias "consultas" con Kibaki, familiares y amigos.
"Jamás había ocurrido algo así", señaló a IPS Ekuru Aukot, prominente abogado de derechos humanos y presidente del Centro de Asesoramiento Legal. "Tiene una gran importancia, porque muestra que ahora es posible pedir cuentas a los miembros del gabinete y hacerles juicio político", agregó.
El Centro de Aukot es uno de los 300 grupos de la sociedad civil que lanzaron una sostenida campaña contra Kimunya, para revelar el dudoso procedimiento de venta del hotel y exponer la rampante corrupción en el gobierno de Kenia.
Según el informe 2007 de la red no gubernamental Transparencia Internacional, Kenia figura en el puesto 150 entre las 179 naciones analizadas, con un puntaje de 2,1. Según este índice, 10 representa la ausencia de percepción de corrupción y cero la máxima percepción.
La comisión encabezada por el fiscal general también recomendó que renunciaran el presidente del Banco Central y el jefe del servicio de inteligencia, para garantizar una investigación libre e imparcial sobre la venta del hotel, que según Kimunya fue comprado por una compañía de inversiones de Libia a un precio de 45 millones de dólares.
La embajada libia tomó distancia rápidamente y los colegas de Kimunya en el gabinete también pusieron en duda la historia.
El escándalo de corrupción tiene su costado político. Tras las elecciones de diciembre de 2007, el gobierno de Kibaki y el oficialista Partido de Unidad Nacional (PNU, por sus siglas en inglés), recurrieron a un fraude escandaloso para privar de la victoria al candidato del opositor Movimiento Democrático Naranja (ODM, por sus siglas en inglés), Raila Odinga.
Esto desató una ola de violencia política y étnica, que provocó más de 1.500 muertos y millones de desplazados. Finalmente, con la mediación de líderes africanos y el ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan, se llegó a un acuerdo por el cual Kibaki continúa fungiendo como presidente y Odinga primer ministro en un gobierno de "gran coalición".
El ministro de Tierras, James Orengo, quien pertenece al ODM, entregó a la prensa documentos que indican que la venta del hotel se realizó por 28 millones de dólares, mucho menos que lo declarado por Kimunya.
También dijo que el comprador no fue una compañía de inversión libia, sino una empresa nacional. Los nombres de sus propietarios no figuran en los documentos de transferencia, agregó Orengo.
Kimunya reiteró que el pedido de su renuncia tenía una motivación política y, poco antes de dejar el cargo, afirmó que el primer ministro Odinga y el ODM habían fomentado la crisis.
La corrupción, especialmente cuando ocurre a gran escala, se convierte en un tema de derechos humanos, señaló Aukot.
"Cuando los recursos del Estado no se utilizan para el servicio público y la gente se ve privada de bienes básicos porque el gobierno carece de fondos, la corrupción masiva se vuelve un abuso directo a los derechos humanos del pueblo de Kenia", agregó.
"Nuestro objetivo es inculcar en nuestra sociedad la idea de la vigencia de la ley. La venta del hotel ha violado numerosas leyes y no puede ser ignorada. Se trata de un pequeño paso hacia el logro de nuestros ideales democráticos", aseguró Aukot.
Asimismo, destacó que la transmisión en directo por televisión del debate sobre la moción de censura del ministro otorgó a los keniatas la oportunidad de ver y juzgar qué hacían sus representantes en el parlamento. Aukot consideró que fue una experiencia "inspiradora. Fue la voz de la democracia".
Aunque el voto de censura legislativo no tiene peso legal y no obliga al presidente a actuar en consecuencia, la presión de la sociedad civil y la exposición del caso en la prensa forzaron a Kibaki a actuar.
En Kenia persisten las dudas sobre la viabilidad de una "gran coalición" entre dos partidos tan opuestos como el PNU y el ODM. A medida que el caso de la venta del hotel generaba indignación popular, muchos esperaban que la coalición de gobierno se polarizara en torno a banderías políticas y tensiones étnicas.
Kibaki y Kimunya pertenecen a la etnia kikuyo, la mayoría de la oposición del ODM es de la minoría luo. Pero en este caso ambos grupos actuaron en sintonía.
"El parlamento mostró unidad. Sólo puedo especular sobre sus motivos y espero que no respondan a la propuesta de Kimunya de aplicar un impuesto sobre los salarios de los legisladores", observó Aukot.
"Pero el momento en que se produjo este episodio es crucial. La democracia multipartidaria se introdujo en Kenia hace 16 años y es la primera vez en que se registra una iniciativa unánime como ésta. Lo tomo como un signo de maduración de la democracia en nuestro país", agregó.
Flora Terah, del no gubernamental Centro para la Democracia Multipartidaria, cree que el ministro "debería haber renunciado hace mucho, por el bien de la transparencia y para abrir el camino a una investigación independiente. Pero, en cambio, arrastró a la controversia a otros miembros del gabinete".
La coalición de los partidos rivales enfrenta otros desafíos futuros. Tendrán que resolver la cuestión de la amnistía para los detenidos por el estallido de violencia que siguió a las fraudulentas elecciones de diciembre de 2007, y redactar una nueva Constitución.
