Esperar hasta 2050 para reducir a la mitad las emisiones de gases contaminantes, como proponen los ochos países más industrializados, es sencillamente una temeridad, pues los cambios hay que hacerlos ya, dijo a IPS María Novo, catedrática Unesco en la española Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Novo aseveró que "los niños y jóvenes de hoy y de mañana se merecen que los tengamos en cuenta, que pensemos en ello y que dejemos de lado nuestros egoísmo y nuestra miopía, que nos impide ver el presente y ojear el futuro".
El Grupo de los Ocho (G-8), integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón y Rusia, instó a comienzos de este mes en su cumbre de Japón a que hacia 2050 se reduzcan al menos en 50 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero, respecto de los niveles de 1990.
La novedad en la reunión del G-8 es que por vez primera el gobierno de Estados Unidos aceptó asumir ese compromiso, aunque existen muchas dudas de que este país adopte las medidas necesarias para cumplirlo. Este país es el único del G-8 que no ratificó el Protocolo de Kyoto, que obliga a los estados industrializados a reducir para 2012 sus emisiones de gases invernadero 5,2 por ciento respecto de los niveles de 1990.
En España, el tema no solamente despierta polémicas, sino también grandes contradicciones. El Ministerio de Industria del gobierno presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero dispuso frenar la creación de energía solar fotovoltaica, limitando su instalación a un máximo de 300 megavatios anuales.
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Ante esta disposición, la organización ecologista Greenpeace expresó un enérgico rechazo. José Luis García, responsable de la campaña sobre Cambio Climático y Energía de ese grupo no gubernamental, declaró a IPS que el gobierno tiene un "miedo escénico" producido por el rápido crecimiento de la energía renovable y que por ello busca limitarlo de cualquier manera.
Esa limitación estaría impulsada para no perjudicar a las empresas que en la actualidad producen energía con fuentes tradicionales, como el gas, el petróleo y las usinas hidráulicas.
Una posición totalmente opuesta fue indicada por Arnulf Jaeger-Walden, del Instituto para la Energía de la Comisión Europea, quien propuso instalar paneles solares en el desierto del Sahara, en el norte de África.
"Se requiere tan sólo la captura de 0,3 por ciento de la luz que cae sobre el Sahara y los desiertos de Medio Oriente para satisfacer con ello las necesidades de energía de toda Europa", afirmó Jaeger-Walden en su participación en el Euroscience Open Forum 2008, que finalizó el martes en Barcelona.
Hace siete años la Unión Europea impulsó la producción de energías renovables con el objetivo de reducir el consumo de petróleo, carbón y derivados. Esa decisión fue particularmente importante para España, que posee un nivel de irradiación solar superior a la del resto de los países del bloque.
Al exponer la propuesta Europea, Jaeger-Walden explicó que "un diminuto rectángulo ubicado en los extensos terrenos del Sahara sería la solución más eficaz para poner en marcha un audaz plan de reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en toda la región".
Argelia ya inició la construcción de una gran planta productora de electricidad combinando la energía solar y el gas natural, que a partir de 2010 podrá exportarla a Europa y llegar a los 6.000 megavatios anuales en 2020.
Además, Jaeger-Walden expuso la idea de crear una serie de enormes granjas solares en Europa para producir electricidad, a través de células fotovoltaicas o concentrando el calor del sol para hervir el agua y hacer encender las turbinas.
Agregó que algunos países europeos incluso podrían exportar energía eólica cuando se dediquen con vigor a producirla, y citó entre esos posibles exportadores a Gran Bretaña y Dinamarca.
García destacó que la tecnología productora de energía solar está disponible, por lo cual considera urgente su aplicación, ya que además también ayudaría a crear empleo, aumentar la actividad industrial y la exportación de tecnología española, así como contribuir a un desarrollo sostenible "en España y en el resto del mundo".
"Ayudaría, además, a que tengan acceso a la electricidad miles de millones de personas que no disponen de ella" ahora, añadió el activista de Greenpeace.
Esta organización reconoce que el coste de la producción de la energía fotovoltaica es un grave problema, por lo que considera necesario desarrollar un mecanismo económico de apoyo basado en un aumento de la capacidad de producción y una mayor inversión en investigaciones tecnológicas.
No obstante, Greenpeace es optimista, pues entiende que en una década ese costo podrá ubicarse por debajo del precio de la electricidad para usuarios domésticos.
Ante esta polémica, Novo explicó a IPS que el tema va más allá de las polémicas nacionales, pues "las emisiones de CO2, el cambio climático, la crisis económica, la alimentaria y otros problemas forman parte del cambio global que está el planeta al ser manipulado por la especie humana".
Eso, añadió, "nos plantea la necesidad de cambiar de rumbo ya que el modelo de crecimiento indefinido no se debe mantener por más tiempo en un planeta que es un sistema cerrado con recursos perecederos".
Para que ese cambio se produzca, prosiguió, hay que vincularlo a unas transformaciones sociales que, entre otras, incidirán de manera sustantiva a las formas de vida y que son los cambios en el transporte y en la organización de las ciudades.
Novo recuerda que durante años la economía del mundo se basó en mover mercadería de un lado a otro gracias al petróleo barato, "algo que ya se terminó y no resucitará". Ahora hay que pensar menos en lo que viene de fuera y mirar más hacia la proximidad, al igual que en el sector alimentario en el que cada país o región debería poner el acento e importar menos.
También considera que hay que terminar con la imagen, muy visible en el mundo industrializado, donde cada persona utiliza su vehículo en solitario para desplazarse, lo que tendría que ser reemplazado por el uso de los transportes públicos.
"Eso no sólo mejoraría el medio ambiente sino también los presupuestos de cada persona que deje de usar individualmente sus vehículos", precisó.
Novo concluyó señalando que una gran responsabilidad incumbe al Estado para lograr un mejor comportamiento ciudadano y que si eso se hiciera "España podría reducir en 35 por ciento el consumo energético en los próximos 10 años sin renunciar a una buena calidad de vida para todos sus habitantes". El desafío está hecho.
