A los 10 años, Alfred Bogomin y su familia abandonaron la aldea de Paicho, en el norte de Uganda, para escapar del insurgente Ejército de Resistencia de Señor. Pudo regresar el mes pasado, luego de 20 años en un campamento de desplazados.
"Estoy listo para volver a empezar. Creo que las negociaciones de paz nos ayudaron a reubicarnos. Espero que se firme un acuerdo para poder traer el cuerpo de mi padre y darle digna sepultura", señaló Bogomin.
Una generación entera creció en campamentos de desplazados en el norte de este país africano, donde dependían de la asistencia de organizaciones humanitarias.
Pero el regreso a Paicho no es definitivo.
Bogomin espera que los ancianos de la aldea le indiquen qué pedazo de tierra perteneció a sus padres, hoy fallecidos. Pero lo más preocupante para todos es el posible fracaso de las negociaciones. Tal vez deban volver al campamento de desplazados.
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La guerra civil, iniciada en 1986 en el norte de Uganda, expulsó de su hogar a unos dos millones de personas desplazadas. Se estima que un millón más murieron a causa de la guerra y de las enfermedades que propició el conflicto.
El Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en inglés) se hizo famosos por asesinar y mutilar a cientos de personas que no respaldaban su enfrentamiento con el gobierno.
Los rebeldes, además, secuestraron a miles de niños y niñas para emplearlos como combatientes y esclavos sexuales de sus comandantes.
Las conversaciones de paz iniciadas en 2006, a instancias del vicepresidente del gobierno de la región semi-autónoma de Sudán del Sur, Riek Machar, fueron lentas, pero tuvieron avances significativos.
Sin embargo, luego de dos años de negociaciones en las cuales delegados insurgentes recorrieron el norte de Uganda para consultar a la población y pedir perdón por las atrocidades cometidas, su líder Joseph Kony se negó a firmar el acuerdo final en abril.
Kony pidió que se anularan las acusaciones en contra suya y de otros dirigentes del LRA por crímenes de guerras como violación, secuestro y mutilación de civiles y uso de niños y niñas soldados, presentadas ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya.
El acuerdo prevé la creación de tribunales especiales en Uganda para juzgar los delitos cometidos durante la guerra civil mediante un mecanismo tradicional de justicia conocido como "mato oput" (literalmente, beber la poción fabricada con raíces del árbol de oput).
Se trata de un ritual de reconciliación tradicional en la etnia acholi, según el cual los rebeldes deben confesar sus crímenes y beber esa infusión amarga.
Francis Onyango, miembro de la Coalición Uganda en la CPI, que brinda información a los ugandeses acerca de ese órgano judicial internacional a cargo de procesar crímenes de guerra y contra la humanidad y actos de genocidio, cuestionó el mecanismo tradicional.
El mato oput también requiere que el clan o los familiares del infractor compensen a las víctimas, lo que en este caso es imposible dada la magnitud de los delitos, explicó Onyango.
La justicia tradicional no puede aplicarse a ninguno de los más líderes acusados por el tribunal internacional en La Haya.
El fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno Ocampo, insistió en que las acusaciones contra los tres principales comandantes del LRA se mantendrán, independiente de todo acuerdo entre los insurgentes y el gobierno ugandés.
Las esperanzas de paz se desvanecen
El presidente ugandés Yoweri Museveni anunció el 6 de este mes que las conversaciones de paz habían fracasado y que el ejército se preparaba para el "plan B": un enfrentamiento militar con rebeldes ocultos en selvas fronterizas con República Democrática del Congo y Sudán.
Los comandantes de las fuerzas armadas de Ruanda, Sudán, Uganda y República Democrática del Congo se reunieron Uganda la semana pasada para trazar un plan de operaciones conjuntas contra los rebeldes.
Las fuerzas ugandesas estiman que el LRA cuenta con unos 600 hombres armados, y que han vuelto a secuestrar a niños y niñas en Sudán y República Democrática del Congo para engrosar sus filas.
Más de 200.000 niños y niñas secuestrados por los rebeldes en el norte de este país no estarían registrados, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Pero para desplazados como Alfred Bogomin, toda alusión a la reanudación de los combates les pone los pelos de punta. Muchas de ellas creen que eso significará la vuelta a los campamentos.
"¿Por qué el gobierno no puede seguir negociando con el LRA? Las víctimas ya perdonamos a Joseph Kony", señaló.
El gobierno de Uganda está entre la espada y la pared. Las autoridades llevaron el asunto ante la CPI, pero las personas para quienes buscan justicia perdonan a los rebeldes a cambio de un acuerdo de paz.
El obispo Mac Donald Ochola señaló que el líder rebelde no puede verse entregado a la CPI.
Ochola es integrante de la Asociación de Líderes Religiosos Acholi, red que reúne a varias figuras de distintas religiones en el norte de Uganda y aboga por la paz.
"Tiene armas. ¿Por qué firmaría un acuerdo para entregarse? Creo que el objetivo es la paz y, si queremos un acuerdo genuino, debemos aceptar la propuesta de someterlo a la justicia tradicional. ¿Por qué tiene que ser llevado ante la CPI?", señaló.
Pero el gobierno ugandés está bajo presión de otros actores que no quieren que barra las acusaciones de la CPI bajo la alfombra por el bien de un acuerdo de paz.
Un integrante de la filial de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional en África oriental señaló que el gobierno no puede ignorar los crímenes atroces perpetrados por los rebeldes.
"Nos preocupa que las conversaciones de paz se hayan centrado demasiado en eliminar las acusaciones de la CPI sin un plan alternativo integral que asegure que se combate la impunidad", señaló James Odongo.
Mientras, la demora continua en terminar las conversaciones de paz crea cada vez más malestar entre la población del norte de Uganda.
Isha Otto, legislador de esa región ugandesa, exhortó al gobierno a dejar clara su posición acerca del conflicto.
Ellos no recibieron ningún comunicado oficial del equipo negociador del gobierno acerca de la situación de las conversaciones de paz que se realizan en el sur de Sudán, protestó.
"Escuchar al portavoz del gobierno revelar que se van enfrentar con los rebeldes está fuera de lugar. Esa declaración no favorece las negociaciones de paz en Juba", indicó.
El gobierno está ante la disyuntiva de hacer más concesiones a los rebeldes o rechazar sus reclamos e impulsar una arriesgada e impopular opción militar.
