Las elecciones municipales de octubre «no serán legítimas» en esta sudoriental ciudad brasileña puesto que 1,7 millones de sus habitantes viven en comunidades sin condiciones para votar libremente, advirtió ante IPS la concejal Andrea Gouvea Vieira.
La observación de Gouvea Vieira es realzada por la gran repercusión que tuvo la tortura a que fueron sometidos periodistas en uno de los barrios pobres controlados por las llamadas "milicias" de Río de Janeiro. El hecho ocurrió el 14 de mayo, pero el diario afectado solo lo divulgó el domingo pasado.
Una reportera, un fotógrafo y un conductor de automóviles del diario local O Dia vivieron dos semanas como ciudadanos comunes en Batán, una "favela" (barrio irregular de viviendas precarias) de la periferia occidental de Río da Janeiro, para elaborar un informe sobre el modo de ejercer el dominio por parte de ese grupo parapolicial.
Tras ser identificados como periodistas, fueron secuestrados y torturados durante más de siete horas, lapso en el cual les aplicaron choques eléctricos, simularon asfixiarlos, los golpearon, y amenazaron con lincharlos. Finalmente fueron liberados en la madrugada, luego de devolverles su dinero y equipos robados.
El secretario de Seguridad del estado de Río de Janeiro, José Mariano Beltrame, reconoció la presencia de efectivos de las Policía Civil y la Policía Militar entre los miembros de estas bandas parapoliciales que controlan las favelas, pero justificó su impunidad por la dificultad de comprobar esa actividad criminal.
La existencia de "territorios ocupados por ese tipo de crimen", además "involucrando a personal policías, de la Justicia y del Poder Legislativo" crea la grave situación que impide elecciones libres y democráticas en Río de Janeiro, explicó Gouvea Vieira.
Las milicias, en general dirigidas por policías activos o jubilados, dominan 63 favelas, según datos de la alcaldía carioca. Beltrame afirma que llegaron a sumar 122 bandas, pero que se redujeron a "menos de 100" desde el año pasado.
Otras favelas están bajo control de bandas de narcotraficantes, pero ellos son claramente "definidos como criminales y apartados de la convivencia". En cambio, es distinto con los milicianos, pues además de ser aceptados por la sociedad, en muchos casos son autoridades, observó la concejal.
Las milicias surgieron en los últimos años bajo el pretexto de combatir contra el narcotráfico, al margen de la ley. Terminaron por sustituirlo, imponiendo sus propias reglas y exigiendo de la población y comerciantes el pago por esos servicios ilegales, como seguridad, transporte y suministro de electricidad, gas y conexión a cables para la televisión por abonados.
Esos grupos armados controlan las comunidades como "feudos políticos" también con fines electorales, según Gouvea Vieira.
En Río de Janeiro "se dice que tres concejales son de las milicias" y que la meta es "triplicar" sus representantes este año, señaló Gouvea Vieira, una periodista que fue elegida concejal en 2004 por el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB). El Concejo local se compone de 50 miembros.
Las torturas contra los periodistas provocaron las protestas generalizadas, no sólo por el terrible maltrato sino también por golpear la libertad de prensa. Las milicias afectan, además, "el derecho de ir y venir de toda la población", según Gouvea Vieira.
Los 1,7 millones de personas que se calcula viven bajo dominio directo de las milicias parapoliciales, es decir 28 por ciento de la población total del municipio, tienen sus movimientos controlados y los de afuera "no pueden entrar libremente a la comunidad controlada", arguyó.
La inseguridad ciudadana local se agrava también por la violencia policial y la infiltración de la criminalidad en las instituciones estatales, que favorece la impunidad. El estado de Río de Janeiro es conocido por tener la policía "que más mata". Suman 1.260 las personas muertas en 2007 en supuestos enfrentamientos con la delincuencia, según Amnistía Internacional.
Alvaro Lins, ex jefe de la Policía Civil estadual, fue detenido el jueves pasado por la Policía Federal, la fuerza sujeta a las órdenes del Ministerio de Justicia. Fue acusado de liderar una mafia integrada por otros policías y de abusar de sus funciones para practicar contrabando, corrupción y lavado de dinero.
Pero como Lins es diputado estadual, las autoridades debieron dejarlo libre dos días tras la decisión en ese sentido de la Asamblea Legislativa, que consideró "arbitraria" su detención. Casi la mitad de los 70 miembros de ese cuerpo legislativo estadual enfrentan procesos judiciales por delitos variados, pero están protegidos por la inmunidad parlamentaria.
La agresión contra los reporteros de O Dia es sólo el último de los ataques sufridos por la prensa. Hace siete años, Tim Lopes, un símbolo del periodismo investigativo, fue asesinado por una banda del narcotráfico, también en una favela a donde había concurrido a buscar informaciones sobre la criminalidad.
La violencia restringe desde los años 90 el trabajo periodístico en esas comunidades que aparecen en el noticiero sólo como "territorios de guerra", ya que los riesgos impiden "informar sobre otros aspectos de las favelas", evaluó para IPS Anabela Paiva, coautora de "Midia y violencia", un libro sobre cómo el periodismo cubre la criminalidad y la seguridad en Brasil.
Los periodistas, antes encarados como "voceros que podían ayudar la comunidad", son ahora "enemigos" y, sin acceso a las favelas, perdieron sus fuentes internas y tienen que basarse en informaciones de la policía y observadores externos, señaló.
De esa forma, la opinión pública ve a las favelas como un mundo ajeno, con la dimensión única de la criminalidad, sin los temas de la vida cotidiana.
Más de mitad de las noticias sobre violencia tienen la policía como fuente principal, una dependencia no recomendable especialmente cuando se trata de una institución que se destaca por matar tantos sospechosos, destacó Paiva, periodista que coordina investigaciones sobre el tema en el Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía (CESEC) de la carioca Universidad Candido Mendes.
