Un plan urgente del Estado argentino es lo único que podría salvar a la merluza común (Merluccius hubbsi), primer producto pesquero de exportación en este país, sostienen especialistas.
También se debe añadir valor al producto, con mayor procesamiento industrial, para que no se sienta tanto el impacto de las menores capturas, sobre todo en el empleo de unos 12.000 trabajadores.
Un documento que la Fundación publicó este mes y entregó a autoridades, legisladores, empresarios y sindicalistas de la pesca, afirma que el Estado debe implementar un plan para la recuperación "urgente" de la merluza y establecer un modelo sustentable con reglas claras.
También reclama a las empresas explotadoras que asuman "una mayor responsabilidad ambiental y social", respetando los límites establecidos y participando en la planificación de actividades para evitar que la merma siga afectando a la industria.
"A comienzos de año, por escasez del recurso, tuvimos que cerrar la planta de procesamiento de San Antonio Oeste, en (la sureña provincia de) Río Negro", declaró a Tierramérica Gerardo Ditrich, de la empresa Alpesca, dedicada a la venta de merluza. La fábrica tenía 270 empleados.
Las exportaciones pesqueras argentinas superaron 1.100 millones de dólares en 2007, según datos oficiales. La mayoría corresponde a merluza común. Le siguen calamares y langostinos, todas especies del océano Atlántico Sur, destinadas sobre todo a Brasil, España e Italia.
Pero la falta de control del Estado y la pesca exagerada llevaron, en los últimos 20 años, a que la población adulta de merluza se redujera 70 por ciento, aseguró la Fundación. Desde 2003, el alza de precio internacional —de 166 por ciento en cinco años— acentuó la tendencia.
De las 44.352 toneladas de merluza exportadas en 2002 se pasó a 156.300 en 2006. Para 2007, las restricciones provocaron una caída a 138.800 toneladas, pero no se sintió en los ingresos, que fueron mayores por los precios elevados.
El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Gerardo Nieto, reconoció a Tierramérica que la actividad "afronta dificultades que requieren un manejo razonable del recurso" y aseguró que el Estado trabaja para conseguirlo.
"En base a las capturas máximas permitidas distribuimos cuotas por barco y vigilamos las zonas de veda. Adoptamos medidas para contener la actividad, pero hay factores que no manejamos, como la presión de los precios internacionales o las variables ambientales", justificó.
A fines de 2007, la Subsecretaría ordenó reducir en 20 por ciento el esfuerzo pesquero anual sobre la merluza, es decir la intensidad con que una flota actúa sobre los recursos pesqueros.
Para la Fundación, esto fue insuficiente y extemporáneo, porque el organismo lo estableció a comienzos del año pasado. Para 2008 la restricción debería ser mayor, sostiene.
Nieto adelantó que está a punto de aprobarse un proyecto para restituir parte de los impuestos a las empresas que exportan merluza con mayor valor agregado, para reducir la presión sobre la pesca y evitar más cesantías.
Ochenta por ciento de la merluza exportada no tiene ningún procesamiento y recibe precios menores. Sólo 15 por ciento se vende sin piel, sin espinas y sin grasa, en forma de filetes. En dólares, cada tonelada de este producto procesado se cotiza 81 por ciento más, según datos de la Subsecretaría.
El coordinador del Programa Marino de la Fundación, Guillermo Cañete, dijo a Tierramérica que la industrialización es "una de las claves para avanzar en una pesquería sustentable" y recomendó la certificación ambiental como incentivo de mercado.
El experto, redactor del documento de la Fundación, propuso planificar qué puede recibir cada región y distribuir mejor las cuotas entre buques fresqueros, que transportan el pescado fresco, y congeladores, que lo procesan a bordo.
Además, "los instrumentos para registrar lo que se captura son deficientes. Habría que utilizar sistemas electrónicos" que certifiquen "lo que se pesca efectivamente, porque las mismas empresas dicen que el control falla", afirmó.
Algunos actores del sector admiten que "se descarta lo mismo que se declara", aseguró.
También se necesitan dispositivos para el escape de ejemplares jóvenes de las redes, lo que requiere maniobras importantes en las capturas de varios miles de kilogramos, pero existen modelos nuevos más flexibles, dijo.
"Se esgrime que son peligrosos, pero esto es por la obsolescencia de las flotas en Argentina", concluyó.
* Este artículo fue publicado originalmente el 14 de junio por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
