«Una cosa es considerar la inmigración un delito y otra ordenar los flujos respetando los derechos humanos», señaló el secretario general iberoamericano, el hispano-uruguayo Enrique Iglesias, al cuestionar la nueva normativa de la Unión Europea (UE) sobre extranjeros indocumentados.
De esta manera se refirió Iglesias, ante la consulta de IPS, a la directiva del Parlamento Europeo, votada afirmativamente el miércoles por diputados procedentes de los 27 países integrantes del bloque y que entrará en vigor dos años después de su publicación oficial, que se hará en las próximas semanas.
La llamada directiva de retorno de los inmigrantes, que recibió 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones, autoriza a los gobiernos, entre otras cosas, a mantener detenidos, sólo con una orden administrativa, a los extranjeros sin la documentación exigida para su radicación en la UE durante un año y medio, mientras se tramita su expulsión.
También establece que los inmigrantes menores de 18 años no acompañados de sus padres o tutores serán repatriados y que todos aquellos que sean expulsados no podrán volver a ningún país del bloque por los siguientes cinco años.
Según Iglesias, la directiva es preocupante, pues "no contribuye a fortalecer un clima de confianza mutua y de respeto entre el Norte y el Sur".
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Subrayó, además, que es incorrecta la tesis de que la llegada de inmigrantes a Europa puede ser negativa para los países que la integran, "ya que no es así, porque esas personas contribuyen de manera positiva con su trabajo y con su cultura".
La cuestión de las migraciones ocupa un día sí y otro también la primera plana de los medios de comunicación europeos. En la mayoría de los casos se trata de críticas al incremento del número de extranjeros que llegan para trabajar y residir en esta región y, en menor grado, para defenderlos o informar sobre los problemas que padecen.
Los más terribles de esos problemas son los que acaban con sus vidas al intentar llegar por vía marítima en frágiles embarcaciones y su detención a quienes logran llegar, sean por mar, tierra o aire, sin contar con papeles y calificados de "ilegales" por los gobiernos y por muchos medios de comunicación.
En términos similares a Iglesias se pronunció la secretaria general de la organización no gubernamental Amnistía Internacional, Irene Khan, quien señaló a IPS que "el hecho de que una persona no tenga papeles no significa que no tenga derechos o que sea ilegal".
Añadió que Amnistía Internacional, con sede en Londres, "reconoce el derecho de los Estados y entre ellos el español, a controlar sus fronteras y la entrada de extranjeros en su territorio, pero no a costa de socavar los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo".
Desde América Latina llegó de inmediato una fuerte repulsa, tanto de la sociedad civil como de los gobiernos. Uno de los primeros fue el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien propuso crear un frente regional en protesta contra la medida del Parlamento Europeo, a la que calificó de "directiva de la vergüenza", y propuso enfrentarla constituyendo un frente común en aquella región.
También el presidente de Bolivia, Evo Morales, convocó el jueves a sus pares de la región a impulsar una campaña internacional contra la decisión europea, para lo cual aprovechará las cumbres regionales como la próxima del Mercosur (Mercado Común del Sur), a realizarse el 1 de julio en Argentina.
Los parlamentarios y gobernantes de la UE deben ponerse "la mano en el pecho y revisar la historia" para así dejar de lado esta decisión, apuntó Morales, tras recordar que "en 500 años nunca se decidió expulsar a nadie" de América Latina pese a que "nos han saboteado, saqueado, humillado, odiado y explotado".
Chávez se sumó al rechazo "con toda el alma" y amenazó con no vender petróleo y hasta dictar el retorno de inversiones a los países que adopten la directiva del Parlamento Europeo. Aclaró, empero, que su condena es a los gobiernos y partidos "de derecha y de ultra derecha, algunas muy cercanas al fascismo", y no a los movimientos sociales y políticos contrarios a la medida.
El gobierno de Brasil "lamentó" la normativa del Parlamento Europeo, que "contribuye a crear una percepción negativa de la migración". Posición igual a la divulgada por Argentina y el Senado de Uruguay, que por unanimidad indicó que la decisión constituye una violación a los derechos humanos y como tal hará una presentación en la Organización de las Naciones Unidas.
La nueva directiva aprobada por el parlamento de la UE diseña un período de "retorno voluntario" para los inmigrantes que carezcan de permiso de residencia o visados de turistas, lapso que tendrá como plazo máximo 30 días. Después se los podrá expulsar.
En cuanto se aplicase esa norma habrá cientos de miles de inmigrantes que deberán marcharse forzosamente de la UE. Un interrogante polémico que se une a esa disposición es qué se hará cuando se trata de ciudadanos de países de origen que no aceptan las repatriaciones forzosas.
El ex director del diario "La Vanguardia", uno de los tres de mayor venta en España, Lluis Foix, comentó a ese respecto que el colonialismo europeo conquistó otros continentes, importó recursos minerales enriqueciéndose "para que el capitalismo industrial funcionara sin mayores problemas" y ahora "echa a las personas que han llegado aquí en busca de horizontes más dignos".
La nueva directiva, apoyada por el gobierno español del socialista José Luis Rodríguez Zapatero junto a los demás del bloque europeo, permitirá que la detención y expulsión de inmigrantes se haga sin contemplaciones ni derecho a defensa.
Sobre esto, Rogelio López Velez, director de la Unidad Médica Tropical del hospital Ramón y Cajal, uno de los más importantes de Madrid, escribió que a este país han venido muchos inmigrantes en pocos años dispuestos a trabajar, "adultos y baratos, sin que el Estado haya tenido que invertir ni un euro en su salud".
Además señala que a los ancianos dependientes, por causa de salud o carencia de familias y sin contar con ayudas estatales, alguien tiene que cuidarlos. "Resulta llamativo que sean las extranjeras las que cuiden al 90 por ciento de los ancianos dependientes" españoles, añadió.
López Velez se refiere así a las continuas críticas desde diversos sectores al ingreso de inmigrantes, por considerar que colapsó la atención en los centros de salud.
Pero las cifras demuestran lo contrario, ya que la aportación anual de los inmigrantes a las arcas públicas en 2007 rondó los 5.000 millones de euros (7.800 millones de dólares), pues aportaron 23.400 millones y cobraron 18.600 millones. Esto significa una contribución de los inmigrantes al crecimiento de la renta anual de cada español de 620 euros (casi 1.000 dólares).
Tomando en cuenta que España tendrá un pronunciado envejecimiento, ya que la población mayor de 65 años aumentará a la par de que descenderá la cantidad de personas en edad laboral en seis millones entre 2007 y 2050, el médico hace pregunta clave: "¿Si no vienen más inmigrantes, si expulsan a parte de los que ya están, quién pagará las futuras pensiones (jubilaciones) y quién nos cuidará".
Acerca de la directiva que legalizará la detención y posterior expulsión de inmigrantes sin papeles también se pronunció la Iglesia Católica. "No debemos criminalizar a los inmigrantes a ningún precio", afirmó Agostino Marchetto, secretario del Consejo Pontificio para los emigrantes.
Pero el Parlamento Europeo lo está haciendo y sin pagar nada.
