Organizaciones de derechos humanos reclaman el arresto de acusados por crímenes de guerra en la región sudanesa de Darfur. Mientras, delegados del Consejo de Seguridad de la ONU discute la situación con autoridades en Jartum.
"La misión en Jartum es una oportunidad crucial para presionar al gobierno de Sudán, tanto privada como públicamente, para que cooperen con la Corte Penal Internacional (CPI)", dijo Niemat Ahmadi, de la red de organizaciones no gubernamentales Save Darfur Coalition.
Ahmadi, nativo de la occidental región de Darfur, y otros activistas internacionales recomendaron el miércoles en la sede de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) la aprobación en el Consejo de Seguridad de una nueva resolución que imponga a Jartum la obligación de cooperar con la CPI.
En abril de 2007, la CPI emitió órdenes de arresto contra dos funcionarios sudaneses sospechosos de cometer crímenes de guerra en Darfur. Pero Jartum se negó a entregarlos al tribunal ubicado en la ciudad holandesa de La Haya.
Sobre los sospechosos, Ahmad Harun y Alí Kushayb, pesan 51 acusaciones de por crímenes de guerra y contra la humanidad, entre ellos asesinato, persecución, tortura, violación y desplazamiento forzado.
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Harun es hoy ministro de Asuntos Humanitarios en Sudán. El gobierno sudanés arrestó al otro sospechoso, pero lo liberó en octubre de 2007 porque, según dijo, no había evidencias contra él.
En diciembre pasado, el fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, dijo al Consejo de Seguridad que el gobierno sudanés persistía en su negativa a cooperar con el tribunal. Sin embargo, el Consejo no tomó ninguna medida práctica.
Dirigiéndose al Consejo de Seguridad este jueves, Moreno Ocampo dijo que "todavía se comete crímenes masivos en Darfur", lo que ha "requerido la movilización sostenida de todo el aparato estatal sudanés".
"Las niñas todavía son violadas. Los niños mueren mientras sus escuelas son bombardeadas. La escena del crimen es toda la región de Darfur", continuó.
"He recabado evidencia convincente. La evidencia identificará a los más responsables de crímenes contra civiles en Darfur", agregó. Las comunidades étnicas más afectadas son las fur, masalit y zaghawa.
Bill Pace, activista de derechos humanos que participó en la campaña para la creación de la CPI, opinó que "es imperativo que Sudán respete el derecho internacional".
Junto con decenas de otros activistas destacados, Pace dirige la campaña "Justicia para Darfur". En una carta difundida la semana pasada, la campaña advirtió sobre nuevas atrocidades en la región.
"Sudán sólo se tomará en serio sus obligaciones del Capítulo VII si el Consejo garantiza que mantendrá sus resoluciones", plantea la misiva, en referencia a la Resolución 1.593 del Consejo de Seguridad, que exige a Jartum cooperar con la CPI.
Las inacciones del Consejo "envalentonará más" a Sudán y lo alentarán a violar el derecho internacional. Ese país "debería demostrar su compromiso con la CPI, así como con la resolución del Consejo para garantizar justicia".
El conflicto armado que tiene lugar en Darfur ya se ha cobrado casi 500.000 vidas. Estimaciones de la ONU sugieren que al menos dos millones de personas fueron forzadas a abandonar sus hogares.
Pese a la presencia de unos 9.000 cascos azules en Darfur, informes de organizaciones humanitarias en la región sugieren que las milicias respaldadas por el gobierno todavía están comprometidas en la violencia armada contra civiles.
"El uso de la violación como arma todavía continúa", dijo Ahmadi. El gobierno sudanés, agregó, no ha hecho nada para frenar esos crímenes contra la humanidad y, en muchos casos, sigue apoyando a las milicias.
Los activistas pronosticaron que Sudán cumplirá con sus compromisos sólo si China lo presiona.
"Fue la obstrucción de China lo que impidió la acción de la CPI en diciembre", señaló Richard Dicker, director del programa internacional de justicia de Human Rights Watch (HRW).
Dicker y otros activistas creen que con una mayor cooperación de China, Estados Unidos y otros miembros del Consejo representaría una gran presión sobre Sudán para arrestar a los sospechosos.
"Está en una posición clave", dijo Dicker respecto de Estados Unidos. Este mes, ese país ocupa la presidencia rotativa del Consejo, y se espera que difunda una fuerte declaración presidencial sobre la violencia en Darfur.
Poco antes de que Estados Unidos asumiera el cargo, más de 50 miembros de su Congreso legislativo enviaron una carta al presidente George W. Bush urgiéndolo a actuar en Darfur a través del Consejo de Seguridad.
Consciente de que el fiscal de la CPI debe presentar su informe al Consejo de Seguridad esta semana, los legisladores dijeron que eso brindaría a Estados Unidos "una oportunidad concreta" de promover una condena a Sudán.
"Sudán debe entregar a la CPI, sin demora, a todos los acusados", dijeron los legisladores, que también exigieron el pleno despliegue de fuerzas de la ONU en Darfur.
El gobierno de Bush considera que la actual violencia en esa parte de Sudán es un acto de genocidio y ha adoptado una dura posición contra el país africano. Sin embargo, continúa rechazando llamados a firmar el tratado internacional que estableció la CPI.
Los activistas dijeron el miércoles que su campaña por justicia en Darfur concitó un enorme apoyo de individuos muy respetados y prominentes, entre ellos las galardonadas con premios Nobel Jody Williams, de Irlanda, y Shirin Ebadi, de Irán.
"Si un hombre mata a una persona, viola a una niña o incendia una mezquita, esperamos que la ley responda. ¿Por qué esto sería diferente cuando cientos de civiles son asesinados y muchas mujeres violadas?", preguntó Ebadi.
Por su parte, Williams planteó una particular preocupación por las víctimas de violación en Darfur, uno de los delitos de los que fueron acusados ambos sospechosos.
"El Consejo debe ayudar a darle justicia a las mujeres de Darfur. La paz sostenible vendrá solamente cuando aquellos que han ordenado el uso de esta táctica de guerra —así como aquellos que cometieron el delito de violación en sí mismo— sean llevados a la justicia", dijo.
Los problemas de Darfur, reino independiente anexado por Sudán en 1917, comenzaron en los años 70 como una disputa por las tierras de pastoreo entre nómadas árabes y agricultores indígenas negros, ambos musulmanes.
La crisis derivó en una guerra civil en febrero de 2003, cuando guerrilleros negros respondieron con violencia al hostigamiento de las milicias árabes Janjaweed ("hombres a caballo"), que se presume son apoyadas por Jartum.
