El escenario peruano de conflictos por las industrias extractivas puede trasladarse de la cordillera a la selva, por el aumento de concesiones en las regiones amazónicas de San Martín, Madre de Dios y Amazonas, con fuerte oposición de comunidades nativas.
Entre 2002 y junio de 2008, el porcentaje del territorio de Amazonas (norte), San Martín (centro) y Madre de Dios (oriente) concedido a las mineras se cuadruplicó, pasando de 4,65 por ciento a 17,35 por ciento, según el gubernamental Instituto Geológico Minero y Metalúrgico.
Amazonas lleva la delantera, pues las concesiones pasaron de 1,17 por ciento de su territorio, seis años atrás, a 7,6 por ciento, este mes.
En Madre de Dios, el repunte fue de 2,44 a 6,56 por ciento, mientras en San Martín las concesiones ocupaban uno por ciento, y ahora algo más de tres por ciento.
Las principales operadoras son pequeñas empresas canadienses que exploran para luego negociar sus hallazgos de metales preciosos con compañías trasnacionales mayores, dedicadas a la explotación, informó la no gubernamental CooperAcción.
"Sin duda habrá conflictos por estas concesiones, porque desde el punto de vista ambiental es una zona más sensible que la sierra", señaló a Tierramérica José de Echave, responsable de Industrias Extractivas de CooperAcción.
La actividad minera se ha desarrollado tradicionalmente en los Andes peruanos. Apenas en la década del 90 se expandió a la costa y en los últimos años a la Amazonia.
"La industria minera está en una carrera por nuevos yacimientos mineros porque de aquí en adelante va haber más restricciones en el mundo para esta actividad por efectos del impacto climático, que ya entró en la agenda mundial", advirtió De Echave.
La protección ambiental, cada vez más presente, compite con el interés de garantizar la inversión privada.
Pero las compañías desean aprovechar el auge mundial de las cotizaciones de los minerales. Según la agencia de noticias económicas Bloomberg, entre 2005 y 2006, el cobre aumentó 111 por ciento, el oro 42,5, la plata 65,5 por ciento, el zinc 150, el plomo 36,5, y el estaño 15 por ciento.
La minería representa 60 por ciento de las exportaciones de Perú, segundo productor mundial de plata, quinto de oro, y tercero de cobre y zinc.
Al ritmo de este auge, crecieron los problemas.
Según la Defensoría del Pueblo, en 2007 había conflictos ambientales en 40 por ciento de las zonas mineras. En mayo de este año, ya representaban 48 por ciento.
"Es probable que en los próximos 10 años el escenario del conflicto sea la Amazonia, porque el Estado no otorga garantías para que la actividad minera respete los derechos de las comunidades campesinas y nativas", señaló De Echave.
Pisango, de Aidesep, considera que una de las principales razones de la conflictividad es que las compañías exploran sin consultar a las comunidades. "Si (el gobierno) sigue lanzando agresiones, vamos a responder de manera organizada", advirtió.
Desde 2004 se multiplican las quejas indígenas contra actividades extractivas en Amazonas y Madre de Dios, dijo.
Aidesep presentará en julio una demanda contra el Estado ante el Tribunal Constitucional por la vulneración de derechos indígenas en la promoción de industrias extractivas, y evalúa llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Las organizaciones indígenas ya acudieron a la Comisión en julio de 2007, solicitando medidas cautelares para los pueblos kugapakori, nahua y nanti, en situación de aislamiento y contacto inicial, afectados por el proyecto gasífero de Camisea, en las regiones de Cusco y Ucayali, en el sur y este del país.
Otra solicitud fue en defensa de las etnias en aislamiento voluntario waorani, pananunjuri y aushiri o aijira —en la nororiental Loreto—, presuntamente amenazadas por actividades de las petroleras Barrett Oil y Repsol YPF.
En ambos casos se pide proteger a la comunidad, su territorio y cultura, y su derecho a vivir en un ambiente saludable.
Los conflictos más duros en la Amazonia se produjeron en torno del gas y el crudo.
El gobierno incentiva la inversión privada en la sierra y la selva "porque tiene que empezar por algo" para promover el desarrollo en esas zonas, dijo al diario La República el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo.
Los aborígenes invocan el Convenio 169, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo, porque establece un sistema de protección especial para las etnias autóctonas y mecanismos de consulta sobre leyes, proyectos y políticas que afecten su desarrollo y hábitat. Perú lo ratificó en 1993.
Se necesita primero un ordenamiento territorial, para evitar que se explote en áreas forestales o agrícolas. "La ley es muy ambigua o prioriza la minería frente a otras actividades productivas. Por eso es importante un registro de lo que hay realmente en el terreno antes de tomar decisiones que sólo generan conflictos", señaló a Tierramérica el presidente de la región Madre de Dios, Santos Kawai Komori.
* La autora es colaboradora de IPS. Este artículo fue publicado originalmente el 28 de junio por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
