Activistas y residentes del central estado mexicano de San Luis Potosí viajaron a Toronto para decir a los accionistas de una empresa minera canadiense que la mina de oro y plata del Cerro de San Pedro es ilegal y peligrosa para el ambiente.
Barreiro, del izquierdista Partido Revolucionario Democrático (PRD), sostuvo que el Congreso legislativo de su país aprobaría una declaración solicitando el cierre de la mina.
"Esto fue una agresión y una falta de respeto hacia alguien que inmediatamente se identificó como representante del pueblo mexicano. Contrasta profundamente con la actitud pacífica y respetuosa con la que nos conducimos", dijo Barreiro a Tierramérica.
La policía también expulsó del lugar a Juan Carlos Ruiz, profesor de historia del Colegio de San Luis, parte de la delegación del Frente Amplio Opositor (FAO), contrario a la mina de Cerro de San Pedro.
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"Queremos que los canadienses sean conscientes de que sus inversiones causan serios daños ambientales y sociales en otros países. La explotación está al lado de monumentos de importancia nacional", había dicho Ruiz a Tierramérica, a través de un traductor.
"Una iglesia histórica presenta varias grandes grietas en sus muros a causa de las explosiones con dinamita que se realizan en la cantera", señaló.
La aldea de Cerro de San Pedro, unos 400 kilómetros al norte de la ciudad de México, está emplazada en mitad del terreno de operaciones de Minera San Xavier, subsidiaria de Metallica, que lleva ya 18 meses explotando los filones de oro y plata de la montaña.
Unas 150 personas viven en Cerro de San Pedro, que tiene 400 años de historia. Y unas 20.000 en las aldeas circundantes que conforman el municipio homónimo.
La minería ha sido parte fundamental de la historia de esa región. Los habitantes no se oponen a la explotación subterránea, que se practicó durante siglos. Pero rechazan la mina a cielo abierto con millones de toneladas de rocas tratadas con cianuro.
De unos 20.000 residentes encuestados por el FAO en 2006, 19.500 dijeron que no al proyecto, destacó Ruiz.
En su sitio web, la empresa exhibe otra encuesta, realizada por la consultora Epiica y publicada en marzo de 2007, en la cual 55 por ciento de los entrevistados que dijeron conocer el proyecto manifestaron su acuerdo con él, 31,3 por ciento expresaron su desacuerdo y 13,7 por ciento se declararon indecisos.
Una de las mayores preocupaciones de los críticos es el agua. La región es semiárida, con acuíferos subterráneos que abastecen a la población local y a la capital estadual San Luis Potosí, de un millón de habitantes, ubicada a menos de 20 kilómetros de la mina, que requiere unos 32 millones de litros de agua diarios.
También preocupa que el cianuro contamine los acuíferos, dijo el hidrólogo Mario Martínez, residente de Cerro de San Pedro.
"Hay plataformas de lixiviación (similares a grandes piscinas) que acumulan cianuro justo encima de un acuífero", dijo Martínez a Tierramérica.
Una vez que el mineral es extraído del yacimiento, es transportado dos kilómetros en camión hacia esas piscinas, donde se lo rocía con una solución de agua y cianuro de sodio para precipitar el oro y la plata y separarlos de las rocas.
El agua es tratada y filtrada para extraer los metales y recuperar parte del cianuro. Las rocas son retiradas y apiladas en una suerte de montañas que, según Martínez, ya llegan a más de 20 metros de altura.
"Cada día, se emplean 16 toneladas de cianuro de sodio, con gran riesgo de que pueda filtrarse al acuífero", señaló.
La empresa asegura que el cianuro se maneja con un circuito cerrado y que la superficie de las piscinas está cubierta con membranas plásticas especiales, inyectadas con aire y con detector de fugas.
Los vecinos también señalan que el cianuro, impregnado en los escombros y muy tóxico para los peces, puede contaminar las aguas superficiales al ser arrastrado por las lluvias.
La mina ha sido objeto de controversia por años. En los últimos seis, se consiguieron varias órdenes judiciales para frenarla, dijo Ruiz. Pero "los funcionarios federales y estaduales no están aplicando la ley", opinó.
Aunque un tribunal local ordenó denegar el permiso otorgado por las autoridades ambientales, el gobierno federal volvió a autorizar el proyecto, observando varios aspectos del estudio de impacto ambiental.
Fallos judiciales posteriores fueron desestimados por las autoridades federales pues, argumentan, los órganos municipales no tienen potestades para aprobar o rechazar este tipo de proyectos.
Pero el FAO sostiene que, según la legislación ambiental, la empresa no puede operar sin autorizaciones municipales. "Queremos que los funcionarios del gobierno respeten el régimen de derecho. Esta mina no debería estar operativa", declaró Ruiz.
Metallica es una pequeña empresa dedicada a la extracción de oro y plata, con sede en Toronto. Participa en exploración en Chile y Alaska, pero su única producción es la mina del Cerro de San Pedro.
La empresa proyecta extraer unos 1,5 millones de onzas de oro y 62,1 millones de onzas de plata en un plazo de entre ocho y 10 años.
Tierramérica intentó entrevistar a Metallica, pero recibió una respuesta negativa por correo electrónico.
"Hoy tuvo lugar una reunión general anual donde aprobamos una fusión con Peak Gold y New Gold (otras dos empresas mineras). De momento, hemos suspendido las relaciones públicas. Pueden contactarme luego del 30 de junio", afirma el mensaje firmado por la directora de relaciones con los inversores y comunicaciones corporativas, Rhonda Bennetto.
"La lixiviación con cianuro tiene malos antecedentes en todo el mundo", apuntó el activista Payal Sampat, de la organización no gubernamental estadounidense Earthworks, que lanzó en 2004 junto con Oxfam la campaña "No al oro sucio", con el fin de que la industria mejorara sus prácticas.
Treinta importantes empresas joyeras accedieron a comprar oro sólo a compañías que siguieran las "reglas doradas", unos estándares de responsabilidad ambiental y de derechos humanos.
Esas reglas no excluyen la lixiviación, que utilizan la mayoría de las grandes explotaciones auríferas. Pero requieren que no se practique cerca de ecosistemas frágiles y que las empresas obtengan el consentimiento informado de las comunidades afectadas.
Según Barreiro, más de 200 diputados y 57 senadores apoyan un proyecto de declaración que exhorta a cerrar la mina y exigir a la empresa indemnizaciones por daños ambientales, y que sería tratado en una próxima sesión. En abril, un pedido similar no obtuvo los votos necesarios.
"La mina será cerrada este año. Los inversores deberían estar conscientes de eso", pronosticó Ruiz.
* El autor es corresponsal de IPS. Este artículo fue publicado originalmente el 21 de junio por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
