Trabajadores finlandeses despedidos y campesinos sin tierra brasileños se han convertido en inesperados aliados en la lucha por sus medios de vida. Ambos se enfrentan a la gigante forestal sueco-finlandesa Stora Enso.
La empresa adquirió 2.500 hectáreas de tierra en el meridional estado brasileño de Río Grande do Sul para plantar eucaliptos destinados a la producción de celulosa y papel. Esto expulsará a campesinos de sus tierras y pondrá en peligro la producción de alimentos, aseguran activistas.
La compañía también es blanco de críticas en Finlandia, donde cerró una fábrica de celulosa en abril, lo que significó el despido de 200 trabajadores en la pequeña y septentrional ciudad de Kemijärvi.
Activistas brasileños en favor de los derechos por la tierra afirman que Stora Enso agravará la inseguridad alimentaria, porque sus planes en Brasil implican la conversión de zonas agrícolas a la plantación de eucaliptos.
"Con el encarecimiento mundial de los alimentos, usar la tierra para monocultivos, como la siembra de soja para alimentar ganado, es contraproducente", dijo en Finlandia a IPS Ulysses Campos, coordinador del brasileño Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).
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"El gobierno brasileño es, en gran medida, cómplice de la propagación del monocultivo, pero presenta la plantación de eucaliptos como algo muy bueno para la economía nacional", agregó.
El MST acusa a Stora Enso de violar la ley que prohíbe en Brasil a empresas extranjeras ser propietarias de tierras que se encuentren hasta a 150 kilómetros de distancia de las fronteras.
El área de Río Grande do Sul donde se dice que la compañía ha adquirido sus predios se encuentra cerca del límite con Uruguay.
Para burlar la ley, dijo Campos, Stora Enso estableció en Brasil compañías que actúan como fachada. Una de ellas es Azenglever Agropecuária, afirmó.
Ulla Paajanen-Sainio, vicepresidenta para relaciones con los inversores y comunicaciones financieras de la compañía, negó que estuvieran realizando acciones ilegales.
"Recurrimos a asesoramiento legal brasileño para llevar adelante nuestros planes", dijo a IPS. Agregó que Azenglever Agropecuária es propiedad de dos brasileños que son empleados locales de Stora Enso.
Pero la empresa sueco-finlandesa carece de lazos formales con la compañía brasileña, afirmó Paajanen-Sainio. "En todo caso, tras comprar la tierra, se requiere permiso de las autoridades locales para empezar a utilizarla con el propósito para el cual fue adquirida", señaló.
Stora Enso todavía no decidió si plantará eucaliptos u otras especies vegetales, agregó.
Esta declaración no aplacó las críticas. "Incluso si está operando legalmente nos oponemos a su presencia, porque la lógica del no uso de la tierra para la producción de alimentos es inmoral", dijo Campos.
Paajanen-Sainio desacreditó la acusación, señalando que en Brasil la superficie destinada a la agricultura supera largamente a la destinada a otros usos.
Novecientos activistas de la red internacional de organizaciones rurales Vía Campesina, en su mayoría mujeres, ocuparon en marzo una plantación para protestar por las compras de tierra de la compañía. La policía local los desalojó por la fuerza.
Según Campos, Stora Enso negocia con el gobierno brasileño la compra de otras 10.000 hectáreas para la plantación de eucaliptos.
Una de las consecuencias adversas de la actividad forestal es que acentúa la concentración de la propiedad de la tierra, pues unas pocas compañías habitualmente adquieren grandes extensiones, agregó.
En el caso de los eucaliptos, se emplean grandes cantidades de químicos que contaminan las fuentes de agua, advirtió.
Según Campos, el área donde Stora Enso opera se encuentra sobre enormes reservas de agua subterránea, con el potencial de abastecer a Brasil durante los próximos 300 años.
Se teme que la plantación de eucaliptos, si se permite su expansión, contribuya a su agotamiento, ya que cada árbol consume alrededor de 30 litros diarios, afirman expertos.
Stora Enso afronta otros conflictos en el frente doméstico finlandés..
El gobierno de Finlandia, accionista mayoritario de la compañía, con un 37 por ciento, se rehusó a intervenir cuando la dirección decidió cerrar la planta de Kemjärvi.
"Desafortunadamente, existe ahora un gobierno de centroderecha y su política ha sido la de no intervenir en las empresas controladas por el Estado", dijo a IPS Juha Pikkarainen, líder de Massaliike, grupo de trabajadores despedidos que se formó para luchar contra el cierre de la fábrica.
Más de 100 obreros que no se han trasladado a otras plantas de la empresa en otros lugares de Finlandia en busca de un trabajo permanecerán desempleados, agregó.
"Pero los más perjudicados son los dueños de las plantaciones del área, pues se quedaron sin mercado para su madera. Millones de dólares invertidos se irán por la cañería", aseguró Pikkarainen.
