Una organización civil que hace campaña contra el trabajo infantil reclamó a la Unión Europea (UE) que exija la reducción o erradicación de esa práctica a los países que busquen un tratamiento preferencial para sus exportaciones al mercado común.
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, hay en el mundo alrededor de 218 millones de niños y niñas, la mayoría menores de 14 años, que deben trabajar.
Las principales instituciones de la UE se han comprometido a incrementar el acceso a la educación en los países pobres, para que los niños puedan ir a la escuela en lugar de buscar empleo para complementar los magros ingresos de sus familias, pero no existe una estrategia coherente, señaló la no gubernamental Stop Child Labour (Detengan el Trabajo Infantil).
El eurodiputado laborista británico Richard Howitt, por su parte, señaló que los tratados de comercio que la UE firma con otros países no incluyen cláusulas que los comprometan a eliminar el trabajo infantil.
"La UE siempre dice las cosas correctas sobre este tema. ¿Pero qué hace en concreto para evitar que esta práctica continúe. Hay un gran abismo entre la retórica y la realidad", agregó.
[related_articles]
Un nuevo estudio elaborado por Stop Child Labour recomienda que la UE exija que terceros países se comprometan a eliminar el trabajo infantil en un plazo determinado si desean que sus productos de exportación se vean beneficiados con un acceso preferencial al mercado común.
También reclama que se eliminen las preferencias comerciales otorgadas a Uzbekistán. Activistas de derechos humanos reunieron evidencias de que funcionarios del gobierno de ese país obligan a niños, algunos de ellos de siete años, a cosechar algodón a mano.
El autor del estudio, Gerard Oonk, señaló que los países pobres están obligados a ratificar las convenciones internacionales sobre derechos humanos y laborales si quieren beneficiarse con el sistema general de preferencias comerciales de la UE, que les garantiza un amplio acceso a los mercados europeos.
Pero, agregó, entre los 15 países que disfrutan de ese beneficio se encuentran Bolivia y Colombia, "que tienen un grave problema de trabajo infantil". La UE "otorgando su sello de aprobación a naciones que no lo merecen", aseguró.
Jetteke van der Schatte Olivier, del no gubernamental Hivos, grupo holandés que lucha contra la pobreza, destacó que invertir en educación es la mejor forma de ayudar a erradicar el trabajo infantil. Al mismo tiempo, agregó, se asegura así el desarrollo a largo plazo de las economías, con el aporte de adultos bien educados.
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), algunos de los países más populosos de Europa no están contribuyendo adecuadamente a los esfuerzos tendientes a que cada niño y niña complete sus estudios primarios.
La ONU criticó a Alemania y Francia por dar prioridad a las universidades, en lugar de las escuelas primarias, en sus presupuestos de ayuda para el desarrollo. También señaló que el volumen de la ayuda destinada por Austria, España y Portugal a la educación básica en los países pobres se redujo entre 1999 y 2005.
El eurodiputado holandés Thijs Berman destacó que el número de niños que trabajan declinó 20 por ciento en los últimos 15 años, pero que el problema continúa siendo especialmente grave en África subsahariana, donde se los emplea frecuentemente para realizar tareas agrícolas.
Berman recomendó que la Comisión Europea, órgano ejecutivo del bloque, reúna información sobre las compañías europeas que utilicen trabajo infantil en cualquier etapa de la elaboración de sus productos. Las empresas que quieran recibir apoyo de la UE tendrán que presentar pruebas de que no explotan a los niños, señaló.
Una integrante de la Comisión, Dany Houngbedji, admitió que no existen proyectos destinados a combatir el trabajo infantil que cuenten con el apoyo de Invirtiendo en la Gente, uno de los principales programas de ayuda exterior que administra el organismo. Pero "está abierta la puerta" para recibir propuestas, agregó.
La coordinadora de la Coalición Europea para la Justicia Corporativa, con sede en Bruselas, Ruth Casals, afirmó que se requiere una ley que obligue a las empresas a dar garantías de que no emplean trabajo infantil.
"Mientras las casas centrales reciben las ganancias, es imposible hacerlas legalmente responsables por las violaciones a los derechos humanos o ambientales de sus subsidiarias en el exterior. La UE tiene el imperativo moral de no permitir que las compañías europeas lucren con las violaciones a los derechos humanos", enfatizó.
