A pesar del reconocimiento oficial de que los extranjeros residentes son un factor de innovación económica, cultural y política, ser inmigrante de un país de Europa central y oriental en Portugal es caro.
Tan oneroso, que un ucraniano debe pagar 16 veces más que un portugués por documentos equivalentes, tales como cédula de identidad o carné de conductor de vehículos, mientras que los también afectados pero menos discriminados inmigrantes procedentes de Cavo Verde y Brasil se ven obligados a pagar tres veces más que un ciudadanos nacional.
Las conclusiones son del estudio titulado "Cuanto cuesta ser inmigrante", de los investigadores Tiago Santos y Edite do Rosario, encomendado por el Observatorio de la Inmigración, presentado en la víspera y ampliamente divulgado este miércoles.
Los expertos contemplaron a caboverdianos, brasileños y ucranianos, las tres nacionalidades más numerosas entre las comunidades de inmigrantes en Portugal, con 10,2 millones de habitantes.
Sin embargo, las diferencias de costos son aplicables a los ciudadanos de los países que integraron el campo socialista del continente y que no son miembros de la Unión Europea (UE), a latinoamericanos de lengua española, así como a asiáticos y africanos de territorios que no fueron colonia portuguesa.
Portugal mantiene relaciones privilegiadas con los otros siete países que hablan su lengua, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe y Timor Oriental, pero estas normas, han sido con frecuencia criticadas por activistas de asociaciones de otras nacionalidades.
Un ucraniano, en conjunto con su esposa y dos hijos, puede gastar unos 1.400 dólares para estar en paz con la ley en un país donde los residentes foráneos solucionaron el déficit crónico del Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF), un departamento del Ministerio del Interior que cerró sus cuentas de 2007 con un lucro de 70 millones de dólares provenientes de inmigrantes.
Los últimos datos oficiales disponibles, de 2006, indican que en Portugal viven 434.885 inmigrantes, pero asociaciones de solidaridad estiman que se encuentran en el país más de 150.000 indocumentados, lo que hace subir la cifra hasta constituirse proporcionalmente en una de las más altas de la UE.
Bajo condición de no revelar su apellido por temores a represalias, el ruso Vladimir, mesero de un bar ubicado en la desembocadura del río Tajo, en los entornos de Lisboa, dijo a IPS que desde hace tres años el SEF "se quedó sin dinero y por eso comenzaron a abrirse, dando más visas de residencia".
Tras sostener que tiene buenos amigos brasileños, incluidos algunos colegas en su mismo trabajo, calificó de "inaceptable" esta actitud de las autoridades, de favorecerles respecto a las demás nacionalidades.
Los brasileños, por la lengua común con Portugal, "tienen más posibilidades que nosotros para encontrar buenos trabajos. Sin embargo, a un ruso, ucraniano o de otro país de Europa oriental nos hacen pagar carísimo para poder trabajar", deploró Vladimir.
"Desde que llegué a Portugal, en 2002, me llamó la atención este favoritismo hacia ellos. Cuando Brasil gana un partido de fútbol, los portugueses lo celebran como triunfo propio. Casi se podría decir que los tratan como hijos mimados", añadió el inmigrante de 29 años, con dos hijos y portador de un diploma de la Escuela de Hotelería de Moscú.
Rosario y Santos colocan algunos ejemplos de ésta práctica de diferencias en el tarifado, haciendo las cuentas de los costos de la documentación que necesitan los extranjeros, que de acuerdo a los autores "están sujetos a una mayor burocracia y a costos muchos más elevados" que los portugueses para documentos equivalentes.
Una autorización de residencia permanente, equivalente a un carné de identidad, un brasileño o un caboverdiano paga 33 dólares, de todas manera tres veces más que un portugués, pero un ucraniano se ve forzado a desprenderse de 335 dólares, a los que se deben sumar otros 423 dólares si se acoge a la ley de reagrupamiento familiar, que permite traer a su conyugue e hijos al país.
Sin embargo, la suma no acaba aquí. La esposa, o el marido, caso sea ella la trabajadora inmigrante, debe pagar otros 176 dólares por su visa de residencia, mientras los hijos 299 dólares. Si desea inscribirlos en la escuela, la matrícula es de 48 dólares.
Existe también una notoria diferencia en la obtención de una autorización de residencia permanente, que puede ser solicitada al cumplir ocho años en el país.
El estudio describe una familia tipo, compuesta por la esposa, el marido y un hijo. Si son ciudadanos de Cabo Verde, se paga 264 dólares por el grupo familiar, suma que se eleva a 289 dólares con Brasil y que dispara a 1.220 dólares si se trata de ucranianos. Todos los documentos ucranianos, tales como certificados de matrimonio, de nacimiento y de antecedentes requeridos por el SEF, deben ser traducidos y autentificados por su embajada, a un costo de 22,5 dólares por página.
Cuadradas todas las cuentas, vivir con todo en regla en Portugal es varias veces más caro para un ucraniano que para un brasileño o un caboverdiano.
Rosario y Santos sostienen que los inmigrantes son forzados a pagar cantidades "excesivas" y que los sucesivos gobiernos de los últimos años han usado este dinero para financiar al antes deficitario SEF y lo que resta va directo a los cofres del Estado.
Roberto Carneiro, ministro de Educación entre 1987 y 1991 y actual coordinador del Observatorio de la Inmigración, critica en el prólogo del estudio "el grado de discriminación que incide negativamente sobre grupos poblacionales que buscan a Portugal como solución de vida", pese a que varios indicadores demuestran los beneficios para el país de los flujos migratorios.
El documento sostiene que las sumas actualmente cobradas por la emisión de documentos para ciudadanos extranjeros son excesivas, recomendando "una sustancial reducción" de los valores establecidos.
Los inmigrantes consideran imposible que el gobierno del primer ministro socialista José Sócrates cambie las reglas del juego hacia los extranjeros, ya que el SEF se ha convertido en una importante fuente de ingresos para el Estado, en un país en que cada centavo cuenta para reducir el déficit público.
Sin embargo, "todo se aguanta por la calidad de vida en Portugal", acepta resignado Vladimir, al revelar que por un simple atraso en renovar su autorización de residencia debió pagar 750 dólares de multa, en un país "con salarios muy bajos".
Según este inmigrante ruso, "lo ideal sería vivir en una ciudad portuguesa de la frontera y trabajar en España, donde todos los extranjeros pagan sumas iguales por sus visas y los sueldos son mucho más altos".
"Pero claro, no tendríamos esto", concluyó Vladimir con buen humor, al tiempo de señalar la playa ubicada frente al bar y que circunda la imponente construcción de São Julião da Barra, el fuerte del siglo XVI destinado a defender Lisboa de las incursiones de corsarios ingleses y filibusteros holandeses.
