Plagado de obstáculos se dibuja el camino hacia un acercamiento, por ahora muy lejano, entre el gobierno de México y el Ejército Popular Revolucionario (EPR), la guerrilla que tiene raíces de por lo menos cuatro décadas en las empobrecidas zonas rurales del sudeste del país.
"Si se da el diálogo, será en un futuro no cercano, pero hay que decir que todo está en cero hasta hoy", dijo a IPS el abogado y experto en guerrillas Carlos Montemayor, uno de los integrantes de la comisión de intermediación de seis miembros que se integró a pedido del propio EPR y con la que el gobierno indicó estar dispuesto a reunirse lo más pronto posible.
La puerta a las tratativas pareció quedar clausurada el lunes, cuando esta guerrilla de corte esencialmente rural señaló a través de un comunicado que no existen condiciones para hablar con el gobierno, al que considera producto de un fraude electoral y al que acusó de concebir a la democracia como "sinónimo de violencia institucionalizada".
"No podemos como comisión interpretar cada comunicado del EPR o del gobierno, esa no es nuestra función, aunque hay que reconocer que ahora hay posiciones extremas", señaló Montemayor.
En la nota del grupo insurgente izquierdista, su dirigencia advierte que no abandonará las armas ni se acogerá "a los canales institucionales a los cuales convocan desde el poder", pues a su entender "están atestados de burocracia y podredumbre y el transitar por ellos significa ser víctima de las peores injusticias o sucumbir con impotencia ante ellas".
El conservador presidente Felipe Calderón lamentó la postura de la guerrilla, pero reiteró que su gobierno sigue abierto al diálogo "sin renunciar a la obligación" de garantizar que se respeten las leyes.
El EPR, de filiación marxista leninista, se había comprometido el 24 de abril a suspender todo acto violento si el gobierno aceptaba entablar un diálogo, a través de los intermediarios, dirigido exclusivamente a aclarar la suerte de sus militantes Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, desaparecidos desde mayo de 2007.
El gobierno respondió que aceptaba el diálogo, pero siempre que sea directo y amplio y que el grupo guerrillero renuncie al uso de las armas.
El EPR rechazó esa postura, pues a su entender se lo llamaba a una "rendición incondicional". Entonces las autoridades señalaron que no estaban cerradas a escuchar propuesta y reunirse con los intermediarios.
El grupo de intermediarios está integrado por Montemayor, un representante del no gubernamental Frente Nacional contra la Represión, el obispo católico emérito Samuel Ruiz, el columnista Miguel Granados, el antropólogo Gilberto López y la senadora Rosario Ibarra, todos simpatizantes de la izquierda.
"Hay que esperar un tiempo, todavía no se cerró la oportunidad del diálogo", expresó el escritor Montemayor, autor de libros como "Chiapas: la rebelión indígena en México", "Las armas del alba" y "Guerra en el paraíso".
Sin embargo, advirtió que, si no hay posibilidad de una intermediación efectiva, "entonces nosotros como grupo ya no tendremos razón de existir y deberemos disolvernos".
En todo caso, "yo veo el diálogo como algo muy de futuro", expresó.
El escritor considera un hecho histórico que el EPR haya tomado la iniciativa de plantear un diálogo con el gobierno. Representa una "ventana de oportunidades" de gran calado que sería una lástima no aprovechar, dijo.
El EPR apareció formalmente en escena en 1996, cuando se conmemoró el primer aniversario del asesinato de 17 campesinos en una zona rural del estado de Guerrero a manos de policías, crimen que no quedó plenamente aclarado y que diversas investigaciones relacionan con la guerra sucia contra grupos de campesinos inconformes, en algunos casos vinculados a guerrillas.
Esta insurgencia tiene sus raíces conectadas con el Partido Revolucionario Obrero Clandestino y la Unión del Pueblo, grupos armados activos en los años 70 en Guerrero, y con el Partido de los Pobres, fundado en 1968 también en ese distrito sureño por el maestro rural y dirigente guerrillero Lucio Cabañas.
Diversos estudios indican que los grupos guerrilleros tienen una presencia continua desde los años 70 en Guerrero, estado desde el cual han extendido sus redes a los vecinos Oaxaca y Chiapas, todos distritos de alta presencia indígena y elevados índices de pobreza.
Montemayor opina que las estrategias represivas contra esos grupos armados fracasaron, pues no se dirigieron a las raíces de la rebelión, que desde su punto de vista están en la injusticia y pobreza.
El julio y septiembre de 2007, el EPR atacó con explosivos instalaciones de la firma estatal petrolera Pemex en protesta por sus dos compañeros desaparecidos y hasta su comunicado del 24 de abril mantuvo la amenaza de repetir los ataques.
El 25 de mayo se cumplirá un año de las desapariciones y no está claro qué acciones realizarán los guerrilleros.
El gobierno de Calderón ha señalado que tiene interés pleno en aclarar el paradero de los militantes del EPR. En ese sentido realiza una investigación en las policías del estado de Oaxaca, que derivó ya en la detención preventiva de dos de ellos.
Oaxaca es gobernado por Ulises Ruiz, del histórico Partido Revolucionario Institucional (PRI), a quien organizaciones sociales y humanitarias acusan de ejercer violencia y represión ilegal contra opositores y activistas.
Aclarar a través del diálogo las desapariciones de dos guerrilleros y de otros cientos reprimidos en el pasado es una oportunidad histórica que ojalá logre aprovecharse, expresó Montemayor.
La ola represiva emprendida contra opositores, especialmente guerrilleros, a los gobiernos del PRI, que se mantuvo en el poder en México entre 1929 y 2000, afectó a miles y dejó al menos 532 personas desaparecidas, según varios reportes de organizaciones humanitarias.
La represión se dio sobre todo entre los años 70 y 80 y sus víctimas mayoritarias se ubicaron en los estados sureños e indígenas de México.
En uno de esos distritos, Chiapas, tiene sus bases el guerrillero e indígena Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), liderada por el "subcomandante Marcos". Esta organización mantiene un carácter atípico, pues luego de su levantamiento en enero de 1994 no volvió a disparar ni un solo tiro y hasta la fecha se mantiene como una fuerza política alternativa de izquierda.
En cambio el EPR, que tiene una fuerte raigambre en las zonas rurales de Guerrero, realiza acciones armadas esporádicas. Hasta antes de abril jamás había expresado su intención de dialogar con autoridades.
Cuando el EZLN se levantó en armas, el EPR colocó un vehículo con explosivos en el estacionamiento de un centro comercial capitalino, lanzó proyectiles tierra-tierra contra instalaciones del Campo Militar número uno también en la capital y detonó explosivos en un palacio municipal de Acapulco, Guerrero. Además, dañó torres de conducción de energía eléctrica en el estado de México.
Tales acciones, explicó, fueron realizadas para exigir que cesen los operativos militares contra los zapatistas.
Las primeras acciones guerrilleras en México se registraron en 1965, cuando un grupo de jóvenes atacó sin éxito un cuartel militar en las sierras del estado de Chihuahua. Ese fue el inicio de una etapa de insurgencia protagonizado por varios grupos, que tuvo su mayor despliegue entre 1971 y 1977.
De esas organizaciones que fueron fuertemente reprimidas, surgieron el EZLN y el EPR.
Con acciones de propaganda y militares de bajo calado, salieron a escena en los últimos años al menos 14 organizaciones guerrilleras más, pero en la mayoría de los casos no volvieron a tener presencia.
Guerrero, Oaxaca y Chiapas son los más pobres del país. Según el Índice de Desarrollo Humano, indicador creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, esos distritos ocupan los últimos lugares entre los 32 estados en que se divide México.
