En una operación iniciada en silencio y a la medianoche en tres cárceles de Colombia, y concluida con la primera luz del alba de este martes, fueron extraditados a Estados Unidos 14 ex jefes paramilitares, presuntos o confesos criminales de guerra, que la justicia estadounidense pide por narcotráfico.
El presidente Álvaro Uribe justificó la medida porque los ex jefes paramilitares siguieron delinquiendo tras su desmovilización, otros no estaban confesando sus delitos y "todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega".
"La verdad manipulada deja de ser verdad. La verdad tiene que decirse sin cálculos en el tiempo, sin dilaciones", señaló el presidente.
Agregó que "el gobierno ha pedido, y los Estados Unidos han aceptado, que la riqueza que las personas extraditadas entreguen por acuerdos con jueces de ese país se dedique a reparar a las víctimas colombianas".
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"Nada se opone a que la reparación moral se lleve a cabo desde los Estados Unidos", enfatizó para tranquilizar a casi cuatro millones de personas, la mayoría desplazadas por acción de estos grupos.
Sorprendido por su extradición, Rodrigo Tovar, alias "Jorge 40", azote del pueblo indígena kankuamo en la norteña Sierra Nevada de Santa Marta, gritó que los habían traicionado y lanzó un improperio, lo cual mostraría que no hubo negociación para extraditarlos.
Según su abogado, Hernando Bocanegra, los paramilitares estaban dando la verdad "gota a gota" porque así fue diseñada la Ley de Justicia y Paz.
Cada uno de los 200 ó 250 sobrevivientes o familiares de las víctimas presentes en las sesiones de confesión tenían derecho a preguntar a su defendido por su ser querido inmolado. Si tenía conocimiento directo del caso, el procesado podía contestar; si no, inquiría a sus subalternos, y "esa era la demora", relató.
"Ellos estaban hablando", por eso "eran tan lentas estas versiones libres", como se ha llamado a la etapa de confesión, señaló Bocanegra. "Había un cronograma que se estaba cumpliendo. Estaban en el punto de asesinatos, masacres y genocidios".
Algunos comenzaban a relatar sobre su acción conjunta con unidades militares, otro punto en el cronograma. Otros ya habían anunciado que implicarían a empresarios.
Entre los extraditados están el ex comandante de los paramilitares Salvatore Mancuso, Diego Murillo, alias "Don Berna", heredero del extinto narcotraficante Pablo Escobar, y el jefe del lado norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, Hernán Giraldo.
El portavoz del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Iván Cepeda, advirtió a la prensa que la medida afecta "gravemente" los derechos de los sobrevivientes y busca impedir que los paramilitares continúen dando los nombres de sus cómplices e instigadores, políticos, militares y empresarios.
Eduardo Carreño, vicepresidente del no gubernamental Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, dijo a IPS que "la medida confirma lo que hemos dicho desde el principio: que un Congreso legislativo con fuerte presencia paramilitar legisló en causa propia, y que las víctimas son las grandes olvidadas en este proceso".
Al menos 63 parlamentarios, casi todos oficialistas, están bajo investigación por sus vínculos con los paramilitares, en un proceso judicial conocido como la "parapolítica".
Entre ellos está preso el primo del presidente y su principal aliado político, el ex senador Mario Uribe.
Carreño señaló que "con las víctimas nunca se dialogó, nunca se les ofreció garantías ni se respetará la no repetición" de crímenes de guerra, como las masacres, la desaparición, las torturas horrendas, los asesinatos de líderes populares y personas del común, y el desplazamiento forzado para apropiarse de las tierras del campesinado.
Según los paramilitares y quienes los justifican, estos actos fueron cometidos contra "subversivos", es decir colaboradores de la guerrilla izquierdista surgida en los años 60.
"Pensar que desde Estados Unidos se logre la reparación de las víctimas es una falacia total. Pensar que ahora las víctimas tendrán que tramitar pasaportes y solicitar visas (a Estados Unidos) es un imposible", en caso de que sobrevivientes y familias afectadas quisieran buscar justicia en ese país, dijo Carreño.
"Es una burla total", dijo a IPS Gustavo Gallón, director de la humanitaria Comisión Colombia de Juristas. "La cuestión era clara. Si realmente estaban delinquiendo tras la desmovilización, como lo estaban haciendo, pasaban a justicia ordinaria, como está previsto en Justicia y Paz", donde en lugar de penas máximas de ocho años tendrían que pagar 40.
El gobierno colombiano dice que los procesos de la Ley de Justicia y Paz continuarán en Estados Unidos, a donde enviará a fiscales y abogados para tomar declaraciones de los ex jefes paramilitares.
Santiago Rodríguez, quien fue defensor del narcotraficante colombiano Hernando Gómez Bustamante, alias "Rasguño", extraditado a Estados Unidos en julio de 2007 tras ser deportado a Colombia desde Cuba, recordó que no se puede juzgar por los mismos hechos a una persona en dos lugares distintos.
Y además, todo lo que digan los extraditados, a partir de este momento puede ser usado en su contra.
"Yo no permitiría a un cliente mío hablar" sobre crímenes cometidos en Colombia adicionales al narcotráfico, dijo el jurista Rodríguez desde Estados Unidos en entrevista telefónica con la bogotana W Radio.
Sólo lo aceptaría si mediara un acuerdo escrito y aprobado por el Departamento de Justicia estadounidense, sobre protección ante cualquier proceso que pudiera ser usado contra un defendido suyo.
Según el estadounidense Código de Evidencia en la sección 404 P, detalló el abogado Rodríguez, si un acusado, mientras es juzgado, admite en otro proceso delitos que no hacen parte de la acusación en Estados Unidos (como las confesiones en las que se basa la Ley de Justicia y Paz), esas admisiones pueden tornarse evidencia contra el procesado.
En síntesis, los ex jefes paramilitares extraditados no tendrían por qué colaborar con la justicia colombiana, porque esto les puede complicar su situación legal en Estados Unidos. "Tendría que haber protecciones por escrito", reiteró el jurista.
Para el senador colombiano izquierdista Gustavo Petro, con estas extradiciones, el presidente Uribe "dio varios golpes en uno solo". "El primer golpe es contra la verdad", dijo a IPS.
"Si Uribe dice que hay un pacto con Estados Unidos" para que los procesos por crímenes de guerra continúen en ese país, que no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, "es un pacto secreto porque nadie lo conoce. El interés de Estados Unidos es controlar el narcotráfico, nada más", expresó.
"El segundo golpe es contra las víctimas y la posibilidad de una reparación, que se aleja al no conocerse la verdad", y "el tercero es contra la justicia colombiana", señaló el senador, porque con esta decisión, el presidente "desconoce la justicia colombiana y reconoce la justicia estadounidense", estimó Petro.
Por su parte, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), creada en el marco de la Ley de Justicia y Paz, instó a "firmar un acuerdo de cooperación entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Fiscalía General de la Nación de Colombia, para que los derechos de las víctimas ocupen un lugar central en la agenda judicial".
Otro acuerdo que habría que pactar, según la CNRR, debe garantizar con "certeza" que las víctimas "puedan adelantar tanto sus demandas civiles como penales contra los jefes paramilitares extraditados y así garantizar la plenitud de sus derechos".
*Con aportes de Helda Martínez (Bogotá).
