Al dar a conocer su informe mundial 2008, Amnistía Internacional lamentó el retraso que existe en Chile en la búsqueda de verdad, justicia y reparación a las víctimas de crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La no gubernamental organización humanitaria Amnistía Internacional divulgó este miércoles su informe 2008 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo.
El capítulo chileno "está centrado en la violencia que sufren las mujeres, los pueblos originarios y otros grupos minoritarios en forma de feminicidio (asesinato de mujeres), discriminación y represión" policial, resumió a IPS Sergio Laurenti, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.
"El informe se refiere a las causas y a la debilidad que tiene la legislación en la prevención de estas situaciones", acotó al finalizar una conferencia de prensa.
Pero uno de los problemas constantes en Chile es "el triste y lamentable retraso que existe en la búsqueda de verdad, justicia y reparación" para los miles de asesinados, torturados y desaparecidos por la dictadura de Pinochet, remarcó Laurenti. El informe de Amnistía se dio a conocer dos días después del histórico procesamiento de 98 ex uniformados y civiles por el delito de secuestro calificado en el marco de la Operación Colombo de 1975, urdida por el régimen militar para encubrir el asesinato de 119 opositores de izquierda, hoy desaparecidos.
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Según Laurenti, la tardanza de los juicios se explica por diversos factores. Uno de los principales es "la falta de cooperación de las instituciones que estuvieron involucradas" en los atropellos, particularmente las Fuerzas Armadas y del orden.
"Evidentemente ha habido un blindaje institucional, una preocupación corporativa por parte de las Fuerzas Armadas por defender a sus miembros", dijo Laurenti.
No obstante, admitió que "en los últimos años, sobre todo a medida de que oficiales mejor preparados y comprometidos con la democracia han llegado a altos puestos, se ha dado una apertura mayor".
Entre los obstáculos también figuran "la falta de recursos del Poder Judicial" para llevar a cabo investigaciones de esta envergadura y "la ignorancia acerca del derecho internacional de los derechos humanos por parte de la judicatura".
A esto se suma la vigencia del decreto ley de amnistía, dictado por Pinochet en 1978, que prohíbe procesar a los involucrados en ciertos crímenes cometidos entre el día del golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973, y el 10 de marzo de 1978.
Aunque en la práctica esa legislación no es aplicada por los jueces, "es un riesgo real para abrir una vía de impunidad", advirtió el director ejecutivo de Amnistía.
"Yo creo que la persistencia de la justicia es lo único que le va a devolver la dignidad a Chile en esta materia. La búsqueda de verdad, justicia y reparación es un sine qua non para el futuro de Chile", sostuvo.
El informe de 447 páginas, en su versión en español, también se refiere a las huelgas y manifestaciones que tuvieron lugar en 2007, con estudiantes y trabajadores subcontratados de la minera estatal Codelco como protagonistas, que se han repetido este año.
En este aspecto, Amnistía Internacional criticó la represión policial a los manifestantes.
"Al tiempo que reconocemos que la policía uniformada chilena, los carabineros, son una de las fuerzas mejor entrenadas y más eficientes de la región", el hecho de que estén militarizadas representa un desmedro de la labor policial, declaró Laurenti en la conferencia de prensa.
"Lamentablemente, en Chile la naturaleza de la represión ha pasado de castaño a oscuro", remarcó, llamando a un "control razonable de las manifestaciones".
Aunque no fue incluida en el informe, Laurenti consideró un "avance" la incorporación de Chile al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por un periodo de tres años que comenzará el 20 de junio.
En la votación del 21 de este mes en la sede de la ONU en Nueva York, Chile logró 176 votos, siendo la primera mayoría latinoamericana (también ingresaron Argentina y Brasil) y la quinta en el plano mundial.
"Esto le da una oportunidad a Chile de hacer una contribución concreta en materia de paz y seguridad mundial", indicó.
Pero aclaró que "no es suficiente que un gobierno se siente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, eso no es ningún reconocimiento, ningún premio a la trayectoria, como nos hacen creer. Chile fue el país más votado, pero no es ningún logro" en sí mismo, añadió.
Por ejemplo, indicó que "Chile tiene algunos retrasos inadmisibles en materia de ratificación de instrumentos internacionales de derechos humanos".
El primero es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, que aún no ha sido ratificado por la presidenta Michelle Bachelet, pese a que ya fue aprobado por el Congreso legislativo con una declaración interpretativa del artículo 35.
El segundo es el Tratado de Roma, constitutivo de la Corte Penal Internacional.
