Brasil es líder mundial en sectores de la agricultura y en varias cuestiones ambientales, pero le será difícil conciliar ambos frentes, según las muchas batallas perdidas por el Ministerio de Medio Ambiente pese a la autoridad política que ejerció Marina Silva, su titular en los últimos 64 meses.
Las ventajas agrícolas brasileñas no se limitan a la gran disponibilidad de tierras, agua y al clima que favorece la fotosíntesis. Este país desarrolló tecnologías y prácticas que aumentaron mucho la productividad de sus cultivos, convirtiéndose en un exportador de competitividad imbatible en una gran cantidad de productos.
Se consolidó como mayor exportador mundial de azúcar, café, carnes, etanol, jugo de naranja y soja. Su producción de granos se duplicó en una década y le permite, en particular, tener excedentes de arroz y maíz, del que era importador hace pocos años. Ahora es dependiente de las compras externas de un solo producto de gran consumo, el trigo.
Hoy el auge de los biocombustibles y los elevados precios internacionales de los alimentos empujan a Brasil a acelerar la expansión agrícola, para desesperación de los ambientalistas, porque se trata de una marcha sobre los bosques amazónicos y otros ecosistemas como el Cerrado, la sabana de gran biodiversidad que ocupa una extensa área del centro de su territorio.
Ese trasfondo condujo a la renuncia a su cargo de ministra a Silva el 13 de este mes. Encabezar, por decisión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el lanzamiento del Plan Amazonia Sustentable, que venia formulando hace años, fue su última acción gubernamental.
El desgaste de su figura se había acumulado desde mucho antes, especialmente en cuestiones que tenían al sector de los grandes negocios agropecuarios en el lado opuesto.
El primer ejemplo de gran batalla perdida data de 2003, cuando se liberó el cultivo comercial de soja genéticamente modificada en el sur, una medida luego ampliada y seguida para el algodón y el maíz.
Con el reconocimiento general de la amenaza del cambio climático, la deforestación amazónica se hizo más dramática para la opinión pública internacional. Es que se trata de una reserva inconmensurable de biodiversidad y regulador de las lluvias en las zonas de mayor producción agrícola en el país.
El fuerte crecimiento de la demanda mundial por alimentos y la ola agroenergética estimulan una expansión territorial de la agricultura y la ganadería que se chocan con la resistencia ambientalista. Ello acabó atropellando a Silva, pese al respaldo político de que disponía dentro y fuera del país, como defensora de la Amazonia.
El presidente Lula, ministros y dirigentes empresariales argumentan que Brasil no necesita talar ningún árbol para multiplicar su producción de biocombustibles y de alimentos, por disponer de al menos 50 millones de hectáreas de tierras ya deforestadas y adecuadas para la agricultura, lo cual le permite duplicar el área actual cultivada de granos.
La ganadería ocupa 172 millones de hectáreas, según datos del censo agropecuario oficial de 2006, buena parte degradada y que podría ser recuperada para sembrar. Un pequeño aumento de productividad en este sector que cría, en promedio, un vacuno por hectárea, puede liberar una inmensa zona cultivable.
Pero en la práctica no es así. Brasil sufre una precaria situación en cuanto a tenencia de tierras, con muchos conflictos e ilegalidades que frecuentemente degeneran en violencia e interminables disputas judiciales, aparte de una enorme disparidad de precios de las parcelas. Una hectárea en los estados del sur cuesta decenas o centenares de veces más que en la Amazonia y sus alrededores.
Eso empuja la frontera agrícola hacia el oeste y el norte del país, donde también abunda la madera nativa y facilidades para adueñarse ilegalmente de tierras fiscales. El mismo gobierno entregó parcelas a muchos campesinos de la Amazonia, buscando llevar adelante una reforma agraria en áreas baratas, hasta que las denuncias ambientales forzaron un cambio.
El desarrollo agrícola en los bordes amazónicos ya hicieron irresistibles las presiones para la construcción o pavimentación de carreteras que cruzan los bosques amazónicos, abriendo fisuras que fomentan la deforestación, haciendo muy difícil controlarla.
El gobernador del estado de Mato Grosso, Blairo Maggi, un importante productor de soja, admitió que es inevitable el avance de la agricultura sobre los bosques para ampliar la producción de los alimentos que escasean en el mundo.
Mato Grosso, cuya región norte es parte de la Amazonia, registra la mayor área deforestada de Brasil en los últimos años.
La tala de bosques amazónicos tiene relación directa con los precios agrícolas. En los años de alza de los valores de estos productos, principalmente de la soja, se acentúa la destrucción de la selva, según muestran las estadísticas de las últimas décadas.
Marina Silva dejó el Ministerio de Medio Ambiente enarbolando un balance positivo, con la reducción de 59 por ciento en la deforestación de la Amazonia en los tres últimos años. Pero los datos ya conocidos desde el segundo semestre del año pasado indican que esta práctica volvió a crecer, una tendencia que acompaña el alza de los precios de la soja.
Esta es la coyuntura desfavorable que enfrentará el sucesor de Silva, Carlos Minc, quien asumirá el cargo el 27 de este mes.
El cuadro tampoco favorece a Brasil a la hora de intentar recuperar, en las negociaciones internacionales de temas ambientales, el liderazgo que ejerció en la década pasada, basado en sus enormes recursos naturales y posiciones innovadoras.
Ahora enfrenta denuncias por violación del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, debido a la aprobación para cultivar maíz transgénico sin los estudios previos requeridos, y su gran propuesta contra el cambio climático, el etanol, está bloqueada por barreras comerciales, dudas ambientales y una lluvia de críticas por supuestamente agravar la inflación alimentaria.
