Los vientos históricos y geopolíticos no parecen alentar una aventura separatista a partir del referendo de este domingo en el oriental departamento boliviano de Santa Cruz.
El triunfo del "obispo de los pobres", Fernando Lugo, en las elecciones presidenciales paraguayas del mes pasado, acentúa una tendencia regional que fortalece la solidaridad con el gobierno boliviano de Evo Morales. Sin el apoyo de Argentina y Brasil, cualquier intento separatista sería pura frustración.
Gran parte de las riquezas de Santa Cruz y de los otros tres principales departamentos autonomistas que componen la llamada Media Luna del oriente de Bolivia (Pando, Beni y Tarija) están estrechamente vinculadas a los mercados de esos dos grandes países vecinos.
Ése es el caso del gas natural, exportado a Brasil y Argentina, y cuya producción depende en gran medida de capitales brasileños, aun después de la nacionalización de los hidrocarburos decretada el 1 de mayo de 2006 por Morales.
El agronegocio exportador, en especial la soja, que también contribuye a que la Media Luna sea la zona más rica de Bolivia, tiene fuerte participación brasileña en tecnología, insumos y transporte, ya que buena parte de su producción pasa por Brasil rumbo a mercados de ultramar.
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En términos políticos, un movimiento secesionista quedaría sometido al aislamiento en América del Sur, donde predominan gobiernos que se autoproclaman izquierdistas o centroizquierdistas, y la derecha y centroderecha sólo pueden contar a Perú y Colombia, dos países andinos, grandes productores de cocaína y que han vivido o viven todavía conflictos con fuertes movimientos guerrilleros.
Por eso parece improbable que Lima o Bogotá se inclinen a apoyar separatismos en cualquier país vecino, si se toma en cuenta la tradición regional y los efectos que ese paso podría tener en sus propios problemas internos e intereses.
La Paz contaría con la solidaridad más inmediata de los miembros de la Alternativa Bolivariana de de los Pueblos de Nuestra América (ALBA), iniciativa izquierdista de integración impulsada por Venezuela y Cuba, con adhesiones de Bolivia, Nicaragua y Dominica.
ESTADO PLURINACIONAL
De todos modos, la autonomía reclamada por Santa Cruz pone a prueba por primera vez el estado plurinacional, innovación establecida en el proyecto constitucional boliviano aprobado en diciembre y aún pendiente de un referendo.
El reconocimiento de varias nacionalidades, que también adoptó la Asamblea Constituyente de Ecuador para un nuevo texto constitucional con participación indígena, supone un Estado más flexible, no monolítico ni intolerante con la diversidad, como han sido los estados nacionales en casi todas partes, copiando modelos del mundo occidental.
Una prueba de esa rigidez se manifestó en las últimas semanas en Brasil, donde el general Augusto Heleno, comandante militar de la Amazonia, condenó como una amenaza a la soberanía y la seguridad nacional la implantación de grandes reservas indígenas en áreas fronterizas.
Los indígenas, con apoyo de organizaciones no gubernamentales extranjeras, podrían promover la separación de esos territorios, "como ocurrió en Kosovo", la ex provincia serbia que este año proclamó su independencia, dijo Heleno.
El oficial se refería a un territorio indígena en la frontera con Venezuela y Guyana, donde viven cerca de 20.000 miembros de cinco etnias, y cuya propiedad ya fue homologada por las autoridades, pero permanece ocupado en parte por agricultores blancos que se niegan a retirarse.
Disponer de áreas amplias donde vivieron sus ancestros es un derecho que la Constitución brasileña de 1988 reconoce a los indígenas, después de evaluaciones antropológicas y otros procedimientos administrativos y judiciales.
En el caso de Santa Cruz, la autonomía requerida no permite una conciliación con el Estado definido en el proyecto constitucional como plurinacional, pero también "unitario". El proyecto cruceño atribuye al gobierno departamental la gestión y el control de recursos naturales, telecomunicaciones y legislación tributaria, por ejemplo.
Algunos poderes que se reclama para el departamento ya existen de forma descentralizada en países federales, como Brasil. La gran centralización de Bolivia, un país con escasa tradición de poderes locales elegidos, contribuye al clima de confrontación, dificultando negociaciones inevitables.
El estado plurinacional, según lo han definido sus promotores, busca corregir una historia de exclusión de las poblaciones autóctonas, que son mayoría o sectores muy numerosos en varios países latinoamericanos.
Pero ese modelo enfrenta desde su inicio el reto de integrar y armonizar diferencias que no son sólo étnicas, sino económicas, sociales y de modelos de desarrollo, como las que hoy alejan al oriente rico del occidente andino y pobre de Bolivia.
