ALIMENTACIÓN-MÉXICO: Gobierno acomoda fichas en tablero movedizo

Más subsidios y apertura comercial son los ejes de la política del gobierno de México para hacer frente a la escalada de precios de los alimentos. Los expertos ruegan que la crisis no dure demasiado, pues oscuros nubarrones acechan las arcas públicas.

Los consumidores mexicanos enfrentaron en los últimos 12 meses aumentos de más de 50 por ciento en los precios de varios granos, aceites comestibles y productos procesados. En materia de importación de alimentos, este país gastó un monto superior a los 5.000 millones de dólares entre enero y marzo, 1.200 millones más que en igual período del año pasado.

Los incrementos, que a diferencia de otros países no viene acompañado de escasez, pegan sobre todo en los sectores más pobres, que suman poco más de 14 millones de los 104 millones de mexicanos. Según los parámetros locales, estas personas tienen ingresos diarios de hasta 1,6 dólares cada una en el área rural y 2,2 dólares en zonas urbanas.

Pero también sufren otros 30 millones que reciben hasta 3,6 dólares diarios en el área rural y 5,5 en el área urbana.

"Como nunca antes, lo que pasa en el mundo tiene repercusiones en México. En los últimos meses se ha registrado una fuerte alza en el precio internacional de muchos productos, desde los alimentos, hasta el petróleo", por lo que el gobierno actuará con "determinación y firmeza para ofrecer soluciones responsables", declaró el presidente Felipe Calderón.
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El mandatario anunció, mediante una alocución transmitida la noche del lunes en cadena de televisión, que se entregarán este año apoyos en efectivo a los más pobres por 450 millones de dólares adicionales. Ese dinero se distribuirá entre los 25,6 millones de mexicanos inscritos en el programa de transferencia condicionada de ingresos, denominado Oportunidades.

Con esa medida, la ayuda en efectivo que recibe cada familia de ese plan pasará de 53 dólares a unos 65 mensuales.

También indicó que se invertirán 2.000 millones de dólares en la compra de tractores e insumos para la agricultura y 20.000 millones para mantener congelados los precios de los combustibles durante este año.

Calderón, del conservador Partido Acción Nacional, agregó que se eliminarán los aranceles a la importación de granos sin importar su origen, con el objetivo de diversificar la oferta.

Esta última medida en particular fue criticada por organizaciones campesinas ligadas a la izquierda y al histórico Partido Revolucionario Institucional, pues a su entender las nuevas compras entrarían a competir con los productores locales.

La mayoría de las importaciones de granos provienen en la actualidad de Estados Unidos y Canadá, que están exentas del tributo desde inicios de año en virtud de lo estipulado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, integrados por estos tres países.

Otra parte de la estrategia par enfrentar la carestía de los alimentos fue llevar hacia la baja los precios en las 24.000 tiendas que maneja el Estado en las zonas más pobres del país.

En esas tiendas, que ofertan unos 150 tipos de productos diferentes, el gobierno garantizó que habrá oferta suficiente para todo el año. Estos puntos de venta abastecen a la cuarta parte de los más pobres.

La oposición de izquierda calificó estas medidas de tardías y populistas, y algunas organizaciones campesinas sostuvieron que perjudicará a los ya empobrecidos agricultores. Mientras, los empresarios las consideraron acertadas y algunos expertos entienden que es un oportuno salvavidas para los más pobres, pero dudaron de que sea sustentable en el largo plazo.

El gobierno federal apuesta a "un recurso mediático en lugar de asumir su responsabilidad en la reactivación de la actividad agrícola", señaló a IPS Víctor Suárez, portavoz de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo. Mientras, el secretario general de la Unión General Obrera, Campesina y Popular, Margarito Montes, declaró que las acciones anunciadas por Calderón son una falta "de respeto al pueblo mexicano", pues desde su punto de vista no miran al largo plazo. En sentido contrario, Luis Rea, investigador de mercados de una firma privada, dijo a IPS que "las medidas tienen el perfil de emergentes, tal como lo recomienda la coyuntura". "Lo que entiendo y eso lo ha reiterado el gobierno es que no se está eliminando ningún programa para el campo, lo que se hace es adoptar medidas de emergencia que apuntan a satisfacer las necesidades del país y a no castigar a los más pobres", expresó Rea. Juan Carlos Moreno-Brid, coordinador de investigación de la oficina local de la Comisión Económica par América Latina y el Caribe (Cepal), saludó la estrategia del gobierno, pues a su entender, "protege a las familias en situación de pobreza". En caso de no dar un apoyo adicional a los más necesitados, la pobreza, que hoy afecta por primera vez en los últimos 50 años a menos de la mitad de los mexicanos, según cifras oficiales, podría repuntar, advirtió la CEPAL. Sin embargo, Moreno-Brid advirtió que no está claro cómo se podría garantizar la estrategia en el mediano o largo plazo. Rea tampoco observa una perspectiva de largo alcance, lo cual "preocupa muchísimo si lo empatamos con la situación actual de las finanzas del país". "Si la crisis de los alimentos se extiende en el tiempo, México entrará en zona de emergencia", estimó Rea. El secretario (ministro) de Economía, Eduardo Sojo, reconoció que es posible que la crisis alimentaria global dure dos o tres años. Pero afirmó que el país está preparado. Las arcas fiscales de México, de donde salen los recursos para el programa emergente anunciado por Calderón, están amenazadas por la progresiva caída de los ingresos por ventas de petróleo. Cuarenta por ciento del dinero del Estado se financia de la comercialización de ese producto.

Aunque el precio del crudo local se cotizó en los primeros cuatro meses en un promedio de 85,7 dólares el barril, el doble del valor previsto en lo presupuestado para este año, las finanzas públicas no registraron excedentes.

Las autoridades explicaron que hubo una caída en las exportaciones de ese producto en 300.000 barriles diarios –las ventas externas son ahora de 1,4 millones de barriles— y una mayor importación de gasolina y combustible para motores diésel, derivados que son además fuertemente subsidiados en su precio.

El gobierno gastará este año unos 20.000 millones de dólares para poder mantener los precios actuales de las gasolinas. Aunque México es exportador de crudo, no tiene la infraestructura suficiente para refinarlo y, por eso, importa gran parte de las combustible a precios superiores a los que vende en el mercado local.

El 12 de mayo y por un período que se extenderá hasta julio, el parlamento mexicano inició debates con miras a reformar el sector de los hidrocarburos, comandado por la empresa estatal de carácter monopólico Petróleos Mexicanos (Pemex).

Los diagnósticos indican que esa firma no tiene recursos ni tecnología para invertir a largo plazo y que urge un cambio profundo en sus esquemas de operación.

Además, las reservas probadas de petróleo mexicano tienen un horizonte de apenas nueve años y el país compra en el exterior cada vez más gasolinas y otros derivados.

En el eje de los debates están las propuestas de reformas a cinco diferentes cuerpos legales, presentadas a comienzos de abril por el presidente Calderón, que la oposición de izquierda considera "entreguistas y privatizadoras".

El gobierno sostiene que dará a Pemex autonomía de gestión y un perfil que la acerque al funcionamiento de una empresa y la aleje de su situación actual, más semejante a la de un ministerio.

Hasta el momento ni el gobierno ni la oposición han presentados proyectos adicionales que definan la forma para que el presupuesto nacional dependa menos del petróleo. Los observadores indican que sin esa reforma podría resultar inútil cualquier cambio que se haga al funcionamiento de Pemex.

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