En una nueva expresión de un conflicto que se arrastra desde hace casi 80 días, asociaciones rurales de Argentina iniciaron este miércoles una nueva detención de actividades en protesta contra el gobierno, que mantiene los incrementos dispuestos en marzo al tributo de exportación de oleaginosas.
"Estamos peor que hace un mes porque ya hemos transitado caminos de diálogo que fracasaron y cada vez hay más desconfianza" entre las partes, dijo a IPS Silvio Corti, director de la Federación Agraria Argentina (FAA), una de las cuatro agrupaciones que impulsan los reclamos y que reúne a productores de pequeña y mediana escala.
Además de la FAA, la movilización antigubernamental es conducida por la Sociedad Rural Argentina, que congrega a los grandes terratenientes, Confederaciones Rurales Argentinas, con más de 100.000 productores de diversa escala, y Coninagro, que reúne a grandes cooperativas agropecuarias.
Si bien las representan intereses diversos, en esta protesta están unidos contra el aumento del impuesto y a favor de una política agropecuaria integral. "No hay unidad ideológica, pero sí en la acción", distinguió Corti. "El alza de impuestos nos afecta a todos y provocó un rechazo generalizado", aseguró.
Por su parte, Roberto Fernández Speroni, director de la Sociedad Rural Argentina, declaró a IPS que la fuerte demanda internacional de productos agropecuarios "actuaba como un somnífero" para los reclamos desatendidos del sector, que "explotaron" cuando se anunció el aumento del impuesto.
La vuelta al paro de actividades se decidió después de un multitudinario acto convocado por estas asociaciones, el domingo en la oriental Rosario, una de las tres ciudades más populosa del país.
Las críticas vertidas en esa instancia por los dirigentes enojaron al gobierno de Cristina Fernández, que resolvió suspender la reunión que tenía prevista para el lunes.
En ese acto, el presidente de la FAA, Eduardo Buzzi, dijo que la presidenta y su esposo, el ex mandatario Néstor Kirchner (2003-2007), eran "un obstáculo para avanzar y crecer con pleno empleo". Por su parte, Alfredo De Ángelis, dirigente de la misma entidad, sostuvo que el gobierno "no sabe manejar el país". De Ángelis pidió luego disculpas públicas a la presidenta, pero el gobierno mantuvo su negativa.
Sin diálogo, las asociaciones rurales retomaron el paro suspendido hace una semana. Lo anunciaron en la noche de la víspera, tras un comunicado del gobernante Partido Justicialista (peronismo) en el cual se acusa a los productores de "atacar" al gobierno mediante "un lock-out salvaje". El peronismo es presidido por Kirchner, quien al igual que su esposa responde al sector centroizquierdista.
En tanto, el gobierno analiza si anuncia unilateralmente una modificación a su propuesta de alza impositiva.
La dirigencia del empresariado agropecuario ya había convocado a un paro por varios días en dos oportunidades desde que se desató el conflicto. Esta vez la medida consiste en no vender granos por seis días desde este miércoles y no enviar ganado vacuno para faena por cinco días desde este jueves. También harán gestiones ante autoridades y campamentos de protesta.
Para garantizar el paro de ventas, centenares de productores se apostaron a la vera de las carreteras en distintas provincias a fin de impedir el paso de camiones con esas mercaderías. Los productores aseguran que en esta oportunidad no hay riesgo de desabastecimiento, como se advirtió en la primera protesta de 21 días.
Consideran que los frigoríficos y carnicerías tienen stock suficiente para afrontar un paro de seis días sin que haya escasez. Respecto de los granos, los transportes detenidos en las rutas son los que se dirigen a los puertos de embarque para el exterior.
El conflicto comenzó en marzo a partir de la decisión del gobierno de pasar de 35 por ciento a 44 por ciento el impuesto a la exportación de soja, cuyo valor en el mercado internacional se duplicó en un año. En el caso del girasol, que también tuvo una fuerte alza de precio, el gravamen subió de 32 a 39 por ciento.
Pero el mayor rechazo de los productores se produjo porque se dispuso además una nueva modalidad para gravar esa renta que es la movilidad de la alícuota. Si el precio internacional crece, también aumenta la proporción que percibirá el Estado y, si el valor desciende, baja a su vez el porcentaje del tributo.
Ante esa decisión gubernamental, los productores cortaron el paso de camiones con alimentos en carreteras de 14 provincias durante 21 días, y sólo hicieron una tregua tras demostrar capacidad de provocar desabastecimiento de alimentos en las ciudades. Desde entonces las negociaciones no prosperan.
Es que también se sumaron reclamos de estos sectores agropecuarios, a la par de que el gobierno hacía concesiones para morigerar el efecto del alza de impuestos entre los productores de poca escala, medida correctiva que tampoco fue aceptada por sus beneficiarios.
Las asociaciones incorporaron a su plataforma los reclamos de normalización de las ventas externas de carne y de trigo, frenadas por el gobierno para asegurar el consumo interno y precios adecuados, de mejores precios para el productor de leche en lugar de subsidios para grandes cooperativas, y apoyo al cultivo de yerba mate, tabaco, cítricos y otros.
Los derechos de exportación son conocidos en el campo como "retenciones". Se trata de un tributo que pagan al Estado las empresas que exportan los cereales. Pero la carga de ese impuesto recae sobre el productor porque esas grandes firmas la incluyen en sus facturas que les abonan.
"Hay un proyecto de ley en trámite que establece que el Estado sea el que le compre el grano a los productores a precios de mercado y los venda luego a valores subsidiados, pero todavía está sujeto a modificaciones", adelantó una fuente parlamentaria del oficialismo que prefirió el anonimato.
Según su visión, el Estado no está beneficiando a las grandes empresas exportadoras sino que se trata de un mecanismo administrativo por el cual la firma paga menos al productor porque descuenta el derecho de exportación que tendrá que darle al Estado. "Es un derecho aduanero que paga el que va a exportar", dijo.
La FAA había reclamado que las retenciones se fragmentaran de manera que los pequeños productores paguen un porcentaje menor. Pero el gobierno rechazó la propuesta y ofreció en cambio compensarlos con subsidios para los que tienen menos capacidad de producción o los que están más lejos de los puertos.
El gobierno sostiene que los productores rechazan esta oferta porque requiere que se registren en la oficina de impuestos y la mayoría prefiere permanecer al margen del control fiscal. De un total de 62.900 productores de soja y girasol, sólo se inscribieron hasta ahora 114 para recibir el subsidio.
"No es verdad que no estemos registrados. De hecho, la Oncca (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) sabe cuantos somos porque estamos inscriptos. El problema es que esas compensaciones son mezquinas y burocráticas, por eso nadie se anota", sostuvo Corti.
Según su explicación, se exigen papeles que no siempre se tienen y el trámite demora hasta dos años, pero negó que sea porque están al margen de la ley.
Corti también rechazó que los productores quieran derrocar el gobierno o cambiar sustancialmente el modelo económico.
El productor explicó que las asociaciones agropecuarias no están contra la estrategia económica del gobierno, sino contra "el modelo de concentración de la producción y la renta agraria", y se refirió a la proliferación de consorcios de siembra integrados por personal contratado e inversores ajenos al ámbito rural.
"Si no hay una política clara de apoyo a la agricultura familiar y las retenciones no diferencian entre distintas escalas, se favorece la concentración del negocio en pocas manos y se expulsa a los productores del campo", precisó.
Fernández Speroni, de la Sociedad Rural, coincidió en que su sector no está contra del modelo económico, pero advirtió que con las retenciones en un nivel de 35 por ciento como estaban hasta marzo— muchos productores estaban "en el límite" de la rentabilidad. Por eso, el aumento de la alícuota "rebalsó el vaso", dijo.
La FAA también cuestiona el manejo concentrado de la exportación. "Hay apenas seis empresas, la mayoría extranjeras, que domina el mercado exportador. El Estado debería tener más poder de intervención allí", cuestionó Corti, y dio un ejemplo del poder que tienen esas firmas.
En marzo, en vísperas del aumento de las retenciones, la FAA realizó un bloqueo en el puerto de Rosario a fin de protestar por el precio que recibían los productores de trigo. "Los exportadores compraban cuando el Estado cerraba la exportación y el precio estaba planchado, y vendían cuando se abría el comercio y el precio subía".
"Sólo en enero, las empresas exportadoras transnacionales Como Cargill, Bunge o Dreyfus que son las que acopian el cereal y son dueñas de puertos, ganaron 350 millones de dólares con el trigo por la diferencia entre el precio de compra y el de venta", denunció.
+ Federación Agraria Argentina (http://www.faa.com.ar) + Sociedad Rural Argentina (http://www.ruralarg.org.ar)
