Brasil vive un «proceso de degradación de la política», con distorsiones en la representación y en el Estado que hacen necesaria una reforma de sus instituciones, como condición para «destrabar un nuevo ciclo» de desarrollo, sostuvo este jueves el ministro de Justicia, Tarso Genro.
Su esperanza es que las elecciones municipales de octubre generen condiciones más favorables a tal reforma, anunciada como prioridad por el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) desde el inicio de la administración de Luiz Inácio Lula da Silva, en 2003, y también por muchos otros líderes políticos, pero congelada en los hechos.
Las nuevas alianzas promovidas por la disputa de los 5.560 municipios brasileños podrían abrir paso a un acuerdo con opositores y formar "un bloque civilizatorio democrático" capaz de aprobar cambios institucionales, manifestó Genro en rueda de prensa con corresponsales extranjeros.
En ese contexto, constituye una novedad la alianza entre el PT y el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) para elegir al nuevo alcalde de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, ya que une a las dos principales fuerzas que disputan el poder político nacional desde 1994.
Si bien esa alianza local "no se debe extender al ámbito nacional", pues es producto del acercamiento entre dos líderes locales, es un hecho que puede contribuir a la reforma política, admitió Genro a IPS.
La reforma debería mejorar el debate sobre los grandes problemas del país, buscando definir proyectos nacionales y superar ciertas barreras que impiden cambios en algunas áreas, como el sistema judicial que trata de forma desigual a las distintas clases sociales, limitando el acceso de los pobres a la justicia, explicó.
Un mandato presidencial de cinco años, sin reelección, es la alternativa que Genro defiende en lugar del actual mandato de cuatro años, que permite al presidente aspirar a ser reelecto para un período más.
El calendario actual hace que Brasil celebre comicios cada dos años, con los municipales, como los de este año, en mitad de los períodos presidenciales y de los gobiernos estaduales. Quedan sólo los años impares para promover políticas públicas, restringidas en los años electorales, se quejó Genro.
Este año, por ejemplo, la oposición trata de impugnar, acusándolo de "electorero", el programa Territorios de la Ciudadanía, lanzado por el gobierno el mes pasado, y que destina inversiones para el desarrollo de comunidades rurales en los 958 municipios más pobres de Brasil.
El actual sistema electoral y político generó otras distorsiones graves, como la total incoherencia de los partidos que agrupan a corrientes discrepantes y hacen alianzas "basadas en intereses locales" y en conveniencias momentáneas de carreras personales, añadió.
Genro presidió el PT durante algunos meses de 2005, con la misión de sacarlo de una profunda crisis. Dirigentes máximos del partido habían sido acusados de sobornar a parlamentarios para asegurar su adhesión al oficialismo, en el escándalo de las mensualidades o "mensalão", es decir sobornos pagados con regularidad mensual.
El ministro —uno de los pocos dirigentes políticos brasileños que actúa también en el campo teórico y cuyos últimos libros tratan de la "Crisis de la democracia" y de la "Izquierda en proceso"— propuso entonces alteraciones profundas en los mecanismos de dirección y control para una "refundación" del PT.
Su propuesta fue derrotada por las corrientes mayoritarias del partido, pero Genro se mantiene como uno de los dirigentes cuyos conocimientos y versatilidad le permiten ocupar funciones variadas en el gobierno.
Fue ministro de Educación y de Relaciones Institucionales entre 2004 y 2006 y al comienzo de la gestión de Lula, en 2003, ya había coordinado el Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Social, creado para apuntar caminos y alternativas al gobierno.
El deterioro de la política brasileña es vista por Genro, en parte, como efecto de los medios de comunicación que llevan a confundir las "desviaciones de conducta" personales con la actividad política misma. La información de los noticieros políticos del país viene priorizando sistemáticamente, en los últimos años, los casos de corrupción efectiva o supuesta.
La oposición, acotó, vive de agitar sucesivos y "pequeños escándalos", que son importantes para promover una mayor transparencia en la gestión pública, pero que también reflejan la "falta de proyectos alternativos" entre los opositores.
La reforma política es también una de las preocupaciones centrales del ministro de Asuntos Estratégicos, Roberto Mangabeira Unger, para quien existen condiciones para llevarla a cabo, si bien, a causa de los escándalos de corrupción, buscará principalmente "separar" el capital de la actividad política.
La financiación pública de las campañas electorales, la reducción de los cargos públicos cuyos titulares son nombrados directamente por los ocupantes del poder y nuevas formas más transparentes de elaborar el presupuesto estatal serían los tres puntos en los que hay cierto consenso, según Unger.
Al Ministerio de Justicia, que perdió su función tradicional de coordinación política en Brasil, le toca una gran variedad de áreas de actuación, que comprenden desde cuestiones policiales hasta indígenas.
Genro enfrenta hoy problemas como indemnizaciones a los perseguidos políticos durante la dictadura militar (1964-1985), la resistencia de hacendados que se niegan a dejar tierras indígenas que ocuparon en el estado de Roraima, en el extremo norte, y la violencia en áreas metropolitanas, como Río de Janeiro.
Su facilidad para tratar los más diversos temas, incluso los económicos, es un arma para la disputa de la candidatura presidencial del PT en 2010.
