Organizaciones de mujeres promotoras de la penalización expresa de la trata de personas en Argentina rechazan la ley, finalmente aprobada tras largos años de debate, porque obliga a las víctimas mayores de 18 años a probar que no otorgaron su consentimiento para ser explotadas.
"No es lo que queríamos, vamos a pedir el veto al Poder Ejecutivo", declaró a IPS la abogada feminista Marta Fontenla, de la Asociación de Trabajo y Estudios sobre la Mujer (ATEM), integrante además de la red No a la Trata que también su opuso a la sanción de esta iniciativa.
La norma, que declara a la trata de personas un delito federal, fue aprobada el miércoles por la noche en la Cámara de Diputados por 157 votos a favor, 35 en contra y seis abstenciones, a partir de un proyecto del oficialismo presentado por la representante oficialista Vilma Ibarra, con el respaldo del Ministerio del Interior. La iniciativa ya tenía sanción del Senado.
Ibarra defendió el proyecto por considerar que garantiza el derecho de las mujeres al ejercicio voluntario de la prostitución. No obstante, la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) también se opuso al proyecto, explicó a IPS Elena Reynaga, dirigente de esa entidad.
"Para terminar con la trata hay que terminar con la hipocresía, porque en Argentina hay varios delitos ligados a la trata que están tipificados, pero, por negligencia o intencionalidad del poder político o judicial, no se aplican. Por ejemplo, el proxenetismo está penado, pero se practica", dijo.
La red No a la Trata trabaja desde hace más de una década para visibilizar este problema que, en casi 90 por ciento de los casos se traduce en explotación sexual, y en menor medida en trabajo esclavo y otras formas de servidumbre.
Según la red, en Argentina hay unas 500 mujeres desaparecidas que se presume son presas de redes de explotación sexual. En algunos casos fueron secuestradas, pero la mayoría fueron captadas mediante engaño o promesas de trabajo bien remunerado que luego no es tal.
Frente a ese panorama, las entidades, con apoyo de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), reclamaba una ley federal contra este delito, de manera de agilizar las causas judiciales que muchas veces se trababan de acuerdo a los movimientos de las víctimas de una provincia a otra.
Ahora el Código Penal establece que se penalizará con tres a seis años de prisión a quienes participen de la "captación, transporte o traslado, y acogida o recepción" de personas "con fines de explotación sexual, laboral o para extracción de órganos". La pena aumenta a 15 años si las víctimas son menores de 13 años.
Hasta ahí las organizaciones de mujeres están de acuerdo. Pero la nueva norma reza que para que se constituya el delito en el caso de víctimas mayores de 18 años, el Estado o los damnificados deben probar que hubo reclutamiento mediante engaño, fraude, violencia, amenaza, intimidación, coerción o abuso de autoridad.
"Esta ley es un retroceso, porque crea la idea de que existe una trata ilegítima que se penaliza y otra legítima en la que las víctimas darían su consentimiento para ser prostituidas", señaló Fontenla. "Y nosotros creemos que nadie puede consentir su propia explotación", remarcó. La abogada remarcó que los casos más resonantes de trata, donde las mujeres son secuestradas, son los menos. En cambio hay gran cantidad de jóvenes reclutadas bajo engaño o que aceptan ser explotadas por necesidad. "Ahí también hay un delito, no hace falta probar que hubo violencia", argumentó.
La misma idea sostiene Sara Torres, coordinadora de la red. En diálogo con IPS consideró que la norma va en contra de los convenios internacionales que persiguen el delito de trata de personas cualquiera sea la edad de las víctimas y aunque ellas hayan dado su consentimiento.
Esos convenios, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos o la Convención contra la Tortura, fueron incorporados a la Constitución de Argentina tras la reforma de 1994, o sea que tienen fuerza de ley.
No obstante, la iniciativa aprobada el miércoles en el parlamento y que ahora debe ser promulgada o vetada por el Poder Ejecutivo, se basó en el Protocolo de Palermo, que distingue entre mayores y menores de edad e incorpora el llamado "vicio de consentimiento".
Por eso las entidades estudian pedir a la presidenta Cristina Fernández, que vete parcialmente la ley.
Los defensores de este proyecto sostuvieron que de esa forma se garantiza a las mujeres el derecho a ejercer la prostitución por propia voluntad. Y el representante de la OIM en Argentina, Eugenio Ambrossi, consideró como "una excelente noticia" que se haya logrado la sanción de la ley, más allá de las críticas.
