Una mujer indígena tiene posibilidades ciertas de llegar a ocupar una banca en el Congreso legislativo, por primera vez en la historia de Paraguay, según las encuestas de opinión de voto para las elecciones generales del domingo próximo.
Margarita Mbyvângi, cacique del pueblo aché, ocupa el segundo puesto en la lista de aspirantes a senadores por el movimiento izquierdista Tekojoja, integrante de la alianza opositora que respalda la candidatura presidencial del ex obispo católico Fernando Lugo, quien lidera a su vez las consultas.
Según los últimos sondeos, Tekojoja recoge 7,8 por ciento entre los consultados en distintas partes del país sobre su intención de voto para la Cámara de Senadores, un indicador que le aseguraría al menos dos de los 45 lugares de ese cuerpo legislativo.
Más de 2,8 millones de paraguayos están convocados a concurrir a las urnas este domingo para elegir presidente y vicepresidente del país, 45 senadores, 80 diputados, 18 representantes al Parlamento del Mercosur (Mercado Común del Sur), 17 gobernadores departamentales y 214 miembros de juntas departamentales.
Por la presidencia de Paraguay de cinco años, que se dirime en una sola vuelta comicial y sólo por mayor cantidad de sufragios, compiten Lugo, de la centroizquierdista Alianza Patriótica para el Cambio, Blanca Ovelar, del gobernante Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana), el ex militar golpista Lino Oviedo, el empresario conservador Pedro Fadul y otros postulantes de agrupaciones pequeñas.
[related_articles]
La posible futura senadora indígena es precedida en la lista por el campesino Sixto Pereira, uno de los fundadores del movimiento que impulsó inicialmente la candidatura de Lugo, y como suplente está Catalino Sosa, del pueblo mbya guaraní.
Mbyvângi es una líder de la comunidad de Kuêtuvy, ubicada a 157 kilómetros selva adentro de la capital del norteño departamento de Canindeyú, y presidenta de la Asociación Aché del Paraguay, integrada por siete aldeas donde viven unos 1.200 indígenas.
"El gobierno se olvidó de nosotros, estamos muriendo, están matando nuestros montes", dijo a IPS Mbyvângi, quien considera que su candidatura "es una oportunidad muy importante" porque permitirá ayudar, no sólo a su pueblo, sino a todas las comunidades indígenas del país.
"Es una responsabilidad muy grande, y también un desafío por primera vez entrar en la política", agregó.
Mbyvângi explica que conoce a fondo las necesidades de los nativos así como las privaciones y carencias del resto de los paraguayos sumergidos en la pobreza, que según cifras oficiales alcanza a 35 por ciento de los más de seis millones de habitantes del país.
Precisamente, los más afectados por esta situación de pobreza y marginalidad son los aborígenes, distribuidos en 17 etnias y que suman el equivalente a 1,6 por ciento de la población de Paraguay, según el último censo oficial de 2002.
La candidata indígena tiene formación en enfermería y dijo que una de sus tareas principales será la promoción de la salud en las comunidades, una franja poblacional altamente sensible a las enfermedades originadas en los núcleos no autóctonos.
El pueblo aché, que en español significa "persona", fue uno de los últimos grupos indígenas ubicados en Paraguay en establecer contacto con el resto de la sociedad paraguaya organizada al modo occidental.
Su territorio ancestral fue la selva tropical de la región Oriental y en la década del 70 sus integrantes fueron víctimas de una brutal persecución por parte de campesinos que usurparon sus tierras para la tala de bosques.
Gran parte de la población fue aniquilada y sus niñas y niños secuestrados y vendidos a familias propietarias de grandes establecimientos rurales para trabajar como personal doméstico.
La propia Mbyvângi vivió en carne propia este proceso. En 1972, cuando "tendría unos cinco años" y vivía con su pueblo en estado plenamente silvícola, fue secuestrada y vendida a una familia del departamento del Alto Paraná por 5.000 guaraníes, un poco más de un dólar al cambio actual.
Cuando tenía 20 años tomó contacto con su pueblo a través de un grupo religioso que hacía tareas de evangelización y decidió dejar su vida en la ciudad y regresar a su comunidad para reaprender sus tradiciones y cultura.
Hace seis años fue elegida cacique, previo paso por la Convención Nacional Constituyente de 1992, donde logró junto a otros grupos aborígenes importantes incorporaciones a favor de las etnias en la nueva Constitución paraguaya.
El proceso de reinserción a su comunidad fue complicado, recuerda Mbyvângi. "Volver al monte fue muy difícil, pero el tiempo me ayudó a valorar el proceso. Me enseñaron de vuelta mis costumbres y mi idioma. Eso me ayudó muchísimo; parece que volví a la vida otra vez", reflexiona.
Encabezó el año pasado una fuerte lucha para que el Estado otorgara a su comunidad una propiedad de 2.158 hectáreas en la localidad de Villa Ygatimí, 360 kilómetros al nordeste de Asunción, en la frontera con Brasil.
Unos 300 nativos acamparon por casi tres meses en precarias condiciones en una plaza pública de la capital paraguaya hasta que el Congreso finalmente sancionó la ley de traspaso del inmueble a su nombre.
El acceso a la tierra, la asistencia técnica para cultivos, salud y educación son los históricos reclamos de los indígenas, según el informe de Derechos Humanos 2007, en el cual se resalta que 45 por ciento de ellos no tienen asentamientos legales y definitivos, como lo establece la Constitución.
"A pesar de un marco jurídico claro y favorable para la restitución territorial a los pueblos indígenas y de la relativa sencillez de su solución en términos financieros y políticos, el Estado no ha avanzado en relación a esto en los últimos años", explicó a IPS el antropólogo Rodrigo Villagra.
Por el contrario, tiende a la simple negación del problema, agregó. "Hoy, por ejemplo, los indígenas chaqueños reivindican apenas tres por ciento de su territorios (unas 750.000 hectáreas) y los de la región Oriental menos de un cuarto de esta extensión, cuya adquisición a los articulares que las detentan no debería costar más de 50 millones de dólares", explicó.
El año pasado, un informe de la organización internacional Survival, que trabaja en la defensa de los pueblos originarios, ubicó a Paraguay entre los 10 países donde más violaciones a los derechos indígenas se perpetran. Esta deshonrosa lista se completa con Indonesia, Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Bostwana, Brasil, Perú y Malasia.
En caso de llegar a la Cámara de Senadores, Mbyvângi detalló que promoverá una reforma agraria integral para equilibrar la situación "en este país, donde hay una distribución escandalosa en la tenencia de la tierra" en beneficio de grande propietarios.
