Cincuenta y seis por ciento de los estudiantes encuestados en 807 escuelas estatales y privadas, que abarcan los distintos estratos sociales de la capital colombiana y de seis poblaciones vecinas, afirmaron que fueron robados por sus compañeros dentro del centro educativo.
Asimismo, el estudio revela que hubo 2.583 casos de intimidación con armas de fuego, mientras que 32 por ciento de los consultados dijeron haber sido víctimas de maltrato físico por parte de otros alumnos, mediante "golpes, cachetadas, empujones y pellizcos".
También indica que nueve por ciento de ellos recibieron amenazas de golpiza y tres de cada 10 estudiantes admitieron haber cometido actos de vandalismo en el establecimiento educativo.
Los encuestados, cuyas edades van de los 8 a los 22 años, respondieron un cuestionario del estatal Departamento Nacional de Estadística y la privada Universidad de Los Andes, que realizó la investigación entre marzo y abril de 2006 a solicitud de la alcaldía de Bogotá.
"Es una situación muy grave, que detecta episodios de violencia sexual, vandalismo y violencia verbal que la sociedad admite y en muchos casos admira", dijo a IPS la concejala del cabildo distrital, Gilma Jiménez.
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"Los resultados de la encuesta son casi obvios, cuando la violencia se ha convertido en fórmula de solución para todo", señaló a IPS el periodista Javier Darío Restrepo, especialista en temas de ética profesional, quien ha ejercido como Ombudsman de los diarios El Tiempo y El Colombiano.
"Desde bebés asimilan la violencia en dibujos animados y crecen con una lógica de pensamiento y una actitud ante la vida concordante con esa violencia", agregó.
"No fomentamos la tolerancia y hoy, en Colombia, es casi imposible hablar de política sin ir a los extremos. El clima está muy polarizado. La falta de tolerancia es evidente en las actividades de gobernantes y políticos, que se muestran superiores, arrogantes, sin ningún nivel de reflexión, como lo que registran los medios y lo que el país ve", puntualizó Restrepo.
Un ejemplo de esa intolerancia son los cuestionamientos de la presidenta del Senado, Nancy Patricia Gutiérrez, a la senadora Piedad Córdoba, del opositor Partido Liberal, por su intervención en la liberación de rehenes que estaban en poder de las insurgentes izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El mal genio del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, se hizo notar en reiteradas ocasiones, cuando los periodistas, en especial extranjeros, lo interrogan por sus posibles vínculos con grupos paramilitares de extrema derecha. Del gobierno de Uribe, el ex director del Departamento Administrativo de Seguridad Jorge Noguera está detenido, y con él 22 legisladores permanecen en igual circunstancia por orden de la Corte Suprema de Justicia.
Doce de los políticos que han sido vinculados al proceso tienen llamado a indagatoria, y un total de 51 legisladores, entre senadores y diputados, están en diversas etapas de la investigación.
"Los estudios sobre violencia escolar son importantes por cuanto permiten ajustar nuestro trabajo, pero los establecimientos educativos son la expresión de la sociedad que tenemos", indicó a IPS Alonso Camacho, rector del colegio José Castro del barrio San Cristóbal, una zona marginal de Bogotá, al que concurren 2.750 alumnos.
La pobreza, el desempleo, los desplazamientos forzosos y la crisis general del país son motivo de actos de violencia intrafamiliar que a su vez se reflejan en el comportamiento de los estudiantes, agregó.
"Por ley debemos fijar criterios y programas de convivencia, estar atentos a evitar expresiones de violencia por parte de los docentes, y fomentar valores que incidan en las relaciones familiares. Para ello contamos, incluso, con apoyo de organizaciones privadas. Pero la problemática social traspasa las paredes del colegio ", señaló Camacho.
"Adelantamos planes de desarrollo estudiantil, pero no logramos impacto inmediato ni podemos hacer de los muchachos unos santos en medio de contextos difíciles", afirmó.
"Los noticieros abren siempre con noticias de violencia, los periodistas pasan mucho tiempo en los juzgados describiendo actos y conductas violencia y más de 50 por ciento de la información trata temas de violencia", indicó Restrepo.
Esto, continúo, se realiza "sin autocrítica informativa, sin análisis ni controversia por parte de los receptores de información, mientras las universidades tienden a formar personas con más técnica que ética".
Esta investigación sobre violencia estudiantil, divulgada la semana pasada, fue contratada por el entonces alcalde de Bogotá, Lucho Garzón (2004-2007), representante del opositor Polo Democrático Alternativo (PDA).
Los resultados no fueron divulgados hasta que la concejala Jiménez, del Partido Liberal y seguidora del ex alcalde Enrique Peñalosa, los hizo públicos la semana pasada.
Su denuncia fue calificada por algunos como una estrategia contra el PDA, luego de la derrota de Peñalosa en las elecciones para la alcaldía de 2007 ante el representante de ese partido, Samuel Moreno, quien asumió el cargo en enero.
"Creo que la investigación se ocultó como un elemento de oportunidad política", dijo Jiménez, enfatizando que el jefe de campaña de Moreno fue el secretario de Educación, Abel Rodríguez.
"Es imposible aislar a los estudiantes de una sociedad en donde se afianza la cultura de la corrupción, la plata fácil y el principio de paramilitarismo, que es defenderse de la violencia con más violencia", agregó.
"Los delitos más atroces son los que se cometen contra los niños, dado su estado de indefensión y vulnerabilidad", afirmó, y por eso no se justifica que se hayan mantenido los resultados de la investigación "en la gaveta".
Según Jiménez, "es necesario hacer un alto en el camino, mirar la realidad y buscar fórmulas para una cirugía mayor, con padres, maestros, alumnos y la sociedad en general, en la búsqueda de preservar la vida y la integridad de los menores".
En Colombia, "todo lo que tiene que ver con los niños se trata con pañitos de agua tibia y así no podemos continuar", finalizó.
