El intento de magistrados argentinos de indagar esta semana al capitán de corbeta retirado Ricardo Miguel Cavallo, acusado de crímenes contra la humanidad, aunque sólo por el saqueo de bienes de sus víctimas, puso de manifiesto los escollos de la justicia internacional.
"Es insólito que no lo estemos juzgando por secuestros, torturas y asesinatos", dijo a IPS Carlos Lordkipanidse, sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el campo de concentración por donde pasaron unos 5.000 prisioneros durante la última dictadura militar (1976-1983) y en el que Cavallo actuó como represor.
Cavallo, cuyo alias era "Sérpico", fue ubicado en agosto de 2000 en México, donde vivía como próspero empresario bajo un nombre falso.
Fue requerido por la Audiencia Nacional de España, en el marco de la investigación que el juez Baltazar Garzón llevaba adelante sobre delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar argentina, cuando según organizaciones de derechos humanos unas 30.000 personas fueron desaparecidas.
Como en Argentina estaban en vigencia leyes equiparables a la amnistía, Cavallo fue trasladado a España en 2003, donde se lo acusó de 10 secuestros, 217 desapariciones, 150 lesiones y unos 450 actos de terrorismo. La fiscalía pidió 17.010 años de prisión. Pero el juicio no se llegó a concretar.
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La justicia argentina se ha centrado en los delitos comunes imputados al oficial retirado de la Armada, como el robo de bienes y propiedades de sus víctimas, para evitar que la defensa argumente que existe un "doble juzgamiento", si se lo indaga por los casos de secuestros, torturas y asesinatos, cargos que estaba enfrentando en España.
El proceso estaba cerca de concluir cuando la justicia argentina, en paralelo, confirmó la inconstitucionalidad de las leyes que mantenían a miles de ex agentes de la dictadura al margen de los tribunales, aunque no por delitos comunes y apropiación ilegal de menores. La justicia española entonces archivó la causa para dar prioridad a la ley del país en el que se cometieron los delitos.
Esta medida fue apelada por la fiscalía y los querellantes, que consideraban que el militar estaba ya a punto de ser condenado en España. Pero mientras aguardaba un fallo definitivo se inició una nueva causa contra Cavallo. La justicia argentina emitió un pedido de extradición del represor en enero de 2007.
El trámite se prolongó demasiado y el juez español que entendía en el proceso de extradición debía ponerlo en libertad. Fue entonces cuando el juez argentino Sergio Torres, quien investiga los crímenes cometidos en la ESMA, reclamó de modo urgente a Interpol la detención de Cavallo. España aceptó el pedido de extradición y el militar, quien quiere ser juzgado en Argentina, llegó a Buenos Aires el lunes.
Ese mismo día, al presentarse por primera vez ante la justicia de su país, Cavallo fue indagado por la apropiación de bienes inmuebles y otras pertenencias de sus víctimas. Se negó a declarar, lo que constituyó una nueva decepción para los sobrevivientes y familiares de las víctimas.
"En España todavía no está todo dicho, hay que ver cómo se responde a la apelación, por eso es que, mientras tanto, y para evitar que la defensa de Cavallo argumente que hay un doble juzgamiento, el juez argentino empezó por delitos que no se le imputaron en Madrid", explicó a IPS el abogado Rodolfo Yansón, quien representa a algunos de los querellantes argentinos y es miembro de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
"De todos modos, la semana que viene, el juez lo va a indagar también por secuestros y desapariciones por los que no fue acusado en España", adelantó.
El abogado admitió que el proceso afronta dificultades, pero no por falta de voluntad. "Estamos convencidos de que sin la jurisdicción universal no hubiéramos podido avanzar en los juicios. Si se presentan escollos los resolveremos, pero este proceso es fruto de la justicia internacional", afirmó.
La extradición de Cavallo a España desde México había sido destacada por entidades de derechos humanos como el primer caso de un ex represor argentino detenido en un país donde no se lo acusaba de ningún delito para entregarlo a otro en el que tampoco había violado la ley, pero que reivindicaba el derecho de juzgarlo por crímenes de lesa humanidad.
Otros presuntos represores argentinos fueron condenados en terceros países en ausencia, porque en su país las leyes los protegían. Un caso fue el del ex marino de la ESMA Adolfo Scilingo, condenado en España, pero que no había sido extraditado sino que él mismo se había ofrecido a declarar ante la justicia de ese país.
Cavallo está en la mira judicial desde hace ocho años, cuando el periodista argentino José Vales lo identificó con ayuda de sobrevivientes.
"Yo estuve dos años y medio en la ESMA y vi a Cavallo allí siempre, desde el primero al último día", dijo Lordkipanidse a IPS. "Inclusive declaré en España y en Argentina que escuché los gritos de Telma Jara y de Ana Testa cuando él mismo las torturaba", agregó. Las dos mujeres sobrevivieron al cautiverio.
"En un momento, cuando estaba torturando a Telma, salió con la camisa desabrochada para pedir a gritos una Coca-Cola", recordó. A Testa le desfiguró la cara en la tortura. "La traía para que la viéramos con todo el rostro hinchado y nos decía: '¿ven que nosotros no matamos a nadie?'".
A Cavallo se lo acusa del asesinato del escritor y periodista Rodolfo Walsh, de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, y de Raimundo Villaflor y su familia (esposa, hermana y cuñado).
El juez Torres también investiga al militar por los delitos de imposición de tormentos seguidos de muerte, privación ilegal de la libertad agravada, robo agravado, extorsión, falsedad ideológica de instrumento público y asociación ilícita.
El director del capítulo argentino de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, Rafael Barca, consideró alentador que se haya procedido a la extradición, pese a las dificultades procesales. "Mientras no veamos que se burla a la justicia, no tenemos nada que decir", declaró a IPS.
