El Tribunal Constitucional (TC) de Chile informó este viernes que acogió, en votación dividida, el requerimiento presentado por parlamentarios derechistas para prohibir la distribución gratuita de la píldora del día después en el sistema estatal de salud.
El mensaje dado por el TC a la población es que "las mujeres pobres no pueden acceder gratuitamente a un método anticonceptivo de emergencia en el sistema público de salud, pero las mujeres ricas pueden ir a un doctor, pedir una receta y comprarlo en una farmacia", dijo a IPS Natalia Flores, secretaria ejecutiva del no gubernamental Observatorio de Género y Equidad.
Al establecer la "inequidad en el acceso" a la píldora del día después, el fallo del TC "valida en términos constitucionales que en este país haya ciudadanas de primera y de segunda clase", remarcó Flores, quien integra el Movimiento por la Defensa de la Anticoncepción.
Ante las múltiples versiones que circulaban desde el miércoles sobre lo resuelto por el TC en su sesión del 28 de marzo, el organismo decidió informar su decisión este viernes, aunque el fallo aún está en proceso de redacción.
A través de un comunicado escrito, publicado en su página de Internet, el TC informa que acogió sólo uno de los requerimientos presentados por 36 parlamentarios de la oposición derechista.
En marzo de 2007, esos legisladores presentaron un recurso de inaplicabilidad contra el decreto supremo que autoriza la aplicación de las Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad, dictadas en septiembre de 2006 por el gobierno de Michelle Bachelet.
La disposición más conflictiva de esa normativa ordenaba a los consultorios públicos de salud prescribir y entregar de forma gratuita anticonceptivos tradicionales y de emergencia, conocidos como píldora del día después, a todas las mujeres que los solicitaran, incluidas las adolescentes a partir de los 14 años sin necesidad de autorización de sus padres.
Antes de ello, la píldora del día después sólo se vendía en farmacias y se entregaba en los servicios públicos de salud en caso de violación.
El comunicado difundido este viernes por el TC indica que por cinco votos contra cuatro el organismo declaró inconstitucional la disposición "que ordena al sistema público de salud aconsejar y distribuir los métodos de 'Anticoncepción Hormonal de Emergencia', conocidos genéricamente como 'píldora del día después'".
Otros dos requerimientos presentados por los parlamentarios fueron rechazados. Estos eran declarar inconstitucionales los denominados dispositivos intrauterinos (como la T de cobre) y las normas sobre confidencialidad en la orientación y consejería a menores de edad acerca del uso de métodos de regulación de la fertilidad.
Es decir, los funcionarios de los centros de salud públicos podrán seguir atendiendo en forma reservada a los adolescentes, porque "con ello no se vulnera el derecho constitucional preferente de los padres para educar a sus hijos", según el organismo.
"Los fundamentos del fallo y del voto de minoría se entregarán en la respectiva sentencia", dice el TC, sin fijar una fecha para ello.
El comunicado, firmado por el presidente interino del TC, José Luis Cea Egaña, aclara que el fallo "no se pronunciará acerca de la comercialización de producto farmacéutico alguno". Esto reafirma que las farmacias pueden seguir vendiendo la píldora del día después.
Los anticonceptivos de emergencia son píldoras que se toman en dosis especiales dentro de los primeros cinco días o 120 horas después de una relación sexual no protegida para prevenir un embarazo.
Estos compuestos pueden impedir o retrasar la liberación del óvulo y afectar el transporte de los espermatozoides, interfiriendo en la fecundación. La Organización Mundial de la Salud estableció que no eran abortivos, ni afectaban un embarazo ya iniciado.
Pero los parlamentarios que presentaron el recurso argumentaron que los dispositivos intrauterinos y la píldora del día después, fabricada con el principio activo Levonorgestrel 0,75 miligramos, eran abortivos y, por tanto, las normas dictadas por Bachelet violaban el derecho a la vida.
Las organizaciones que integran el Movimiento por la Anticoncepción están convencidas de que las protestas que realizaron durante la última semana morigeraron el contenido del fallo. El diputado del cogobernante Partido Por la Democracia (PPD), Enrique Accorsi, entrevistado por la radio Bío-Bío, también se inclina por esa idea.
Esto porque el miércoles la radioemisora Cooperativa informó, basándose en fuentes judiciales no identificadas, que el TC había acogido en votación dividida cuatro solicitudes contenidas en el recurso.
Esa versión, que fue replicada por todos los medios escritos y televisivos, indicaba que el TC prohibiría la distribución gratuita de la píldora del día después y del dispositivo intrauterino conocido como "T de cobre", que utilizan más de un millón de chilenas.
También se suprimiría la provisión del denominado "método de Yuspe", la combinación de píldoras anticonceptivas tradicionales con el mismo efecto que la de emergencia. Tampoco, según radio Cooperativa, se permitiría la confidencialidad en la atención a adolescentes.
"Creemos que ese era el fallo original y (que su limitación únicamente a la píldora del día después) se debió a la capacidad de la sociedad civil organizada de manifestarse en la calle, frente al TC. Pudimos sacar de la oscuridad y de la desinformación a la ciudadanía", dijo Flores.
Para el abogado patrocinador del recurso presentado por los parlamentarios, Jorge Reyes, "el TC les dio la razón con respecto al carácter abortivo de la píldora del día después".
El gobierno dijo que acatará el fallo, aunque el portavoz de gobierno, Francisco Vidal, y la ministra de Salud, María Soledad Barría, declararon su disconformidad con la resolución porque genera desigualdad. No obstante, esta última valoró que no se hayan aprobado los demás requerimientos, especialmente el que afectaba a la entrega de dispositivos intrauterinos.
Según datos contenidos en la nueva normativa, la población de usuarias de anticonceptivos en el Sistema Nacional de Servicios de Salud pasó de 600.374 mujeres en 1990 a 1.087.743 en 2004.
La diputada Karla Rubilar, del partido de derecha liberal Renovación Nacional, también calificó la sentencia como "discriminatoria", desmarcándose de los parlamentarios de su conglomerado que presentaron el recurso. Otros representantes de la alianza opositora de derecha también rechazaron el fallo.
El diputado Accorsi indicó que la próxima semana se reunirá con las organizaciones de mujeres y estudiantiles que defienden el derecho a la anticoncepción para idear diversas acciones a seguir.
Además de la realización de una gran manifestación pública, que fue confirmada a IPS por Flores, el legislador aseguró que recurrirán a organismos internacionales para impugnar la resolución del organismo, dado que en Chile es inapelable.
