La justicia de Argentina es renuente, y organizaciones de derechos humanos se oponen, a otorgar la extradición a Estados Unidos de un ciudadano de ese país a quien se acusa de asesinar a su esposa, por temor a que se lo condene a la pena de muerte.
El caso plantea, además, complejas aristas políticas. El protagonista de la historia es el documentalista Kurt Sonnenfeld, quien fue una de las cuatro personas autorizadas a tomar imágenes de las ruinas de las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York tras el atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001.
«Estoy siendo perseguido por el temor que tienen ciertos funcionarios del gobierno estadounidense respecto de la información que poseo», dijo a IPS Sonnenfeld, quien vive en Argentina desde febrero de 2003.
Sonnenfeld argumenta que las 20 horas de vídeos que tiene en su poder, tomados entre las ruinas de la «zona cero», lo han convertido en víctima de una persecución política en la que se utilizan como pretexto los cargos por la muerte de su esposa, que según él se suicidó.
«Lo que viví en las Torres Gemelas me llevó a pensar que hubo un conocimiento previo de lo que sucedería y a cuestionar seriamente la versión oficial», afirmó.
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El gobierno de Estados Unidos responsabiliza a extremistas islámicos de la red Al Qaeda por aquel ataque, que fue perpetrado lanzando dos aviones repletos de pasajeros contra las dos principales torres del World Trade Center y que dejó más de 2.600 muertos.
Por entonces, Sonnenfeld trabajaba para la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). Durante cinco semanas tuvo libertad de movimientos y acceso ilimitado para tomar imágenes entre las ruinas.
En esa tarea estuvo acompañado por su colega Jim Chesnutt, también de la FEMA, quien filmó los restos, y dos fotógrafos, Michael Rieger y Andrea Booher.
Sonnenfeld afirma que ese trabajo lo llevó a la conclusión de que antes del ataque documentos y materiales de importancia fueron removidos de oficinas que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos tenía en una de las Torres Gemelas, y acusa al gobierno de su país de conocer de antemano lo que iba a suceder. No especificó cómo obtuvo esa información.
El documentalista había sido portavoz de la FEMA en diferentes oportunidades y efectuó filmaciones en instalaciones científicas y militares relacionadas con el desarrollo, transporte y almacenamiento de armas biológicas, químicas y nucleares.
Sonnenfeld afirma haber filmado en los laboratorios Los Álamos y Lawrence Livermore y en otros complejos dedicados a la energía nuclear o al manejo de sus residuos, como Three Mile Island, Calvert Cliffs o Savannah River, así como en depósitos de armas químicas como Deseret Chemical Depot y Pine Bluff Chemical Activity, entre otros sitios «extremadamente delicados», afirma.
Pocos meses después del atentado del 11 de septiembre, en vísperas de Año Nuevo, un disparo en la cabeza acabó con la vida de su esposa, Nancy, en su casa de Denver, en el central estado de Colorado.
Acusado y detenido en enero de 2002, poco antes de que el caso llegara a juicio la fiscalía retiró los cargos en su contra, ante la aparición de una carta de puño y letra de Nancy que parecía avalar el suicidio, por lo que recuperó su libertad.
Sonnenfeld denunció haber sufrido malos tratos e intentó demandar al Estado por ello. En 2003 se mudó a Argentina, donde se casó y tuvo dos hijas.
Pero en 2004 la justicia estadounidense reabrió el caso, ya que dos ex compañeros de celda afirmaron que Sonnenfeld les había confesado el crimen mientras estaban en prisión. Fue acusado de homicidio en primer grado, se libró una orden internacional de captura y se pidió a Argentina su extradición. Fue detenido por Interpol y preso durante varios meses.
Existió, según Sonnenfeld, una coincidencia entre este nuevo giro del caso y su decisión de enviar a un canal de televisión local algunas de las imágenes que obtuvo en las Torres Gemelas, si bien ya eran de conocimiento público y no comprometían al gobierno de su país.
Organizaciones de derechos humanos de Argentina comenzaron entonces una campaña contra su extradición, por razones diferentes a las esgrimidas por Sonnenfeld.
Según explicó a IPS el abogado Jorge Richards, del Servicio de Paz y Justicia, «no nos interesa si es culpable o inocente».
Las entidades señalan que los compromisos internacionales asumidos por Argentina impiden conceder la extradición de una persona que corre riesgo de ser condenada a la pena de muerte o a prisión perpetua, los castigos que se aplican en Colorado a casos de asesinato.
La justicia federal argentina aceptó esos criterios en primera y segunda instancia, pero la embajada de Estados Unidos apeló esos fallos y ahora el caso debe ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia.
Las autoridades estadounidenses han ofrecido a Argentina no aplicar a Sonnenfeld la pena capital para facilitar la extradición. Pero las entidades de derechos humanos, entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, desconfían de esa promesa, al igual que los jueces.
Según su interpretación, el gobierno estadounidense no puede comprometer su palabra en nombre de la justicia y sobre todo de un jurado que aún no se conformó. Además, las organizaciones humanitarias presentaron a la justicia antecedentes de incumplimiento de promesas similares en anteriores procesos de extradición.
«El delito que se le reprocha a Sonnenfeld», en Colorado «es reprimido con la pena de muerte o la pena de prisión perpetua sin derecho a salir bajo palabra, y las dos sanciones son contrarias a nuestra legislación en materia de derechos humanos», señala el argumento de las entidades no gubernamentales.
Además, si se lo extraditara y condenara, agregaron, no volvería a tener contacto con su esposa e hijas, a quienes Estados Unidos niega el visado. Tampoco podría recibir llamadas telefónicas, ya que la prisión de Colorado sólo permite recibir llamadas locales. Y al morir sería enterrado dentro del penal.
Las organizaciones Reprieve, de Gran Bretaña, y Nizkor, con sedes en Bélgica y España, también apoyan el reclamo de rechazo a la extradición.
«Intentan desacreditarme y silenciarme para siempre», aseguró Sonnenfeld, a causa de los vídeos con evidencias comprometedoras del supuesto papel del gobierno de Estados Unidos en los ataques de septiembre de 2001. También insistió en que puede demostrar su inocencia en la muerte de su esposa. En una nota publicada el 25 de mayo de 2007 por el diario estadounidense The Rocky Mountain News, con la firma de Sue Lindsay, la fiscal de Denver, Michelle Amico, señaló que «he escuchado esos disparates de Sonnenfeld, pero no tiene nada para respaldarlos».
«Estaría más que feliz dándole la oportunidad de que plantee su caso aquí, en un tribunal de Denver», agregó.
En ese mismo artículo, el colega de Sonnenfeld en la FEMA, Chesnutt, comentaba que «no vi ninguna evidencia que apoye lo que él dice haber visto».
Interrogado acerca de por qué no ha divulgado aún los contenidos comprometedores que serían la prueba de su defensa, Sonnenfeld afirma que constituyen su única protección.
Las teorías conspirativas sobre los atentados terroristas del 11 de septiembre abundan en diversos sitios y blogs de Internet. En uno de ellos, Signs of The Times (Signos de los Tiempos), un extenso artículo sobre su caso conjetura que «si Sonnenfeld tiene realmente pruebas de una conspiración gubernamental, lo supo apenas semanas después de los ataques».
«Es entonces razonable pensar que es (o era) empleado de una de las agencias de inteligencia involucradas en el ataque, pues parece improbable que uno de los pocos fotógrafos autorizados a ingresar a la ‘zona cero’ para documentar lo ocurrido fuera un simple Juan Pérez».
