Delegados de 33 países de América Latina y el Caribe debatieron este martes bajo los auspicios de la FAO el esbozo de una estrategia regional para minimizar los efectos de la carestía de los alimentos, que afecta sobre todo a la población con menos recursos económicos.
En un informe técnico aprobado este martes, los delegados destacaron "la importancia de una acción público-privada, en el marco de políticas públicas para alcanzar un desarrollo rural inclusivo y sostenible, a fin de superar el grave contraste de la persistencia del hambre en una región altamente productora de alimentos".
El documento reconoce "que la combinación de crecimiento económico con una distribución más equitativa de ingresos es condición necesaria para vencer el hambre" y señala que los incentivos a la agricultura familiar no son suficientes para la superación de la pobreza rural, al defender mayor inversión en infraestructura y servicios agrícolas.
El director regional de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), el brasileño José Francisco Graziano, defendió en la XXX Conferencia Regional para América Latina y el Caribe la adopción de políticas públicas diferenciadas para regiones y grupos sociales ante el riesgo del hambre.
"Carece de sentido comprar un terno (traje) hecho, hay que mandar a hacer un terno a medida. Cada grupo social tiene sus particularidades y especificidades", dijo Graziano al señalar que esas políticas comienzan a dar frutos alentadores en algunos países, como Bolivia y Perú, además de Brasil y Chile.
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"Nosotros tenemos que acercarnos a esas poblaciones y para eso tenemos que diseñar políticas a medida", dijo Graziano, quien propuso además la adopción de mecanismos de regulación para mantener la estabilidad de los precios.
Los especialistas atribuyen la inflación internacional de los alimentos a una creciente demanda de naciones muy pobladas, como China e India, a la decisión de Estados Unidos de aumentar la producción de etanol de maíz, además de factores climáticos responsables por una caída en la producción de algunos países, la carestía petrolera y la influencia de la especulación financiera.
Ante el riesgo de inseguridad alimentaria, algunos países de la región decidieron adoptar distintos tipos de control de precios, como Argentina, Bolivia y Venezuela, mientras otros, como Brasil, prefieren mantener políticas sociales de distribución gratuita de alimentos a la población de bajos recursos.
El director general de la FAO, Jacques Diouf, ha estimulado a los países miembros a adoptar nuevas estrategias, ya sea innovando en materia de política agrícola y seguridad alimentaria o aumentando la inversión en el campo.
"Para aprovechar las oportunidades necesitamos políticas consistentes y sostenibles e inversiones en capital humano, infraestructura rural y otros bienes públicos", dijo Diouf.
La FAO destacó la importancia de la cooperación regional para una educación alimentaria que ayude a elevar la proporción de proteínas y alimentos frescos en la dieta de las poblaciones sin recursos, en una acción promovida por gobiernos con participación del sector privado, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.
Los delegados manifestaron la necesidad de que los documentos de la FAO señalen clara e inequívocamente las enfermedades transfronterizas que no están presentes en la región, ante la aplicación injustificada de restricciones sanitarias que tienen consecuencias en el comercio internacional de alimentos.
Las recomendaciones de nivel técnico que abordan la cuestión de los combustibles agrícolas y su impacto en la producción de alimentos comenzarán a ser analizadas este miércoles por los ministros de los 33 países, tras la apertura del segmento de alto nivel de la conferencia, de la que participará el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
