Los subsidios de los países europeos a la agricultura contribuyen con la constante y rápida alza de los precios de los alimentos y con la destrucción de la producción a pequeña escala en el mundo en desarrollo, según expertos.
"Los cultivadores en países del Sur no pueden competir con los productos agrícolas subsidiados de Europa", afirmó el director de la organización no gubernamental alemana Foodwatch, Thilo Bode.
Esa asistencia que la Unión Europea (UE) da a los agricultores de países miembros, como Alemania, España, Francia, Gran Bretaña y otros, "abaratan la producción alimentaria del bloque de un modo tal que los pequeños cultivadores en, digamos, Senegal, ya no pueden existir", advirtió el activista ante IPS.
Bode dijo que la UE, Estados Unidos y otros países industrializados pagan a sus agricultores hasta 1.000 millones de dólares diarios en subsidios.
Además, "estos mismos países han obligado al mundo en desarrollo, a través de organismos multilaterales, a eliminar sus impuestos aduaneros y sus barreras comerciales para que esos alimentos subsidiados pudieran ingresar a precios más bajos que los producidos localmente".
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Las consecuencias económicas de esas políticas son el creciente desempleo y la pobreza entre los agricultores de África, Asia y América Latina, añadió.
Esto conduce a la escasez alimentaria, porque los productores rurales pierden los medios para cultivar más, declaró.
La UE canaliza más de 50.000 millones de dólares al año hacia sus productores, en el marco de la llamada Política Agrícola Común (PAC), monto que equivale a 45 por ciento del presupuesto de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo del bloque..
La PAC garantiza un precio mínimo a los agricultores, impone aranceles a las importaciones y cuotas para ciertos alimentos, y proporciona un pago directo de subsidios para tierra cultivada. Tras un acuerdo firmado en 2005, esta política habrá sido paulatinamente eliminada para 2013.
Pero otros países industrializados, especialmente Estados Unidos, también pagan sustanciales subsidios a sus agricultores, y protegen sus mercados locales con aranceles a las importaciones y cuotas.
Esta política especial del mundo rico ha estado en el centro de los debates en foros internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Pero ahora, al aumentar drásticamente los precios de alimentos básicos como el arroz, el trigo y el maíz, esos apoyos especiales de los países industrializados están cada vez más en el candelero.
Los precios del trigo aumentaron 130 por ciento desde marzo de 2007, mientras que los valores de la soja lo hicieron 87 por ciento en igual lapso.
Estadísticas del Banco Mundial indican que los precios de los alimentos en general crecieron 83 por ciento en los últimos tres años, lo cual propició protestas en países pobres como Camerún, Costa de Marfil, Egipto, Etiopía, Filipinas, Haití, Indonesia, Italia, Mauritania, Tailandia, Uzbekistán y Yemen.
Dentro de Europa se elevan las voces contra esos subsidios. La líder del Partido Verde de Alemania, Renate Künast, dijo durante un debate en el parlamento que esta política de la UE es sustancialmente responsable de la escasez mundial de alimentos.
Künast llamó a una nueva revolución agrícola. "La Comisión Europea debe frenar todos los subsidios a la brevedad posible, incluyendo los créditos a las exportaciones agrícolas", pidió.
Para la dirigente alemana, "si la UE deja de reducir artificialmente los precios de sus propios productos agrícolas no habrá hambre ni escasez alimentaria en el mundo, porque el Sur podrá producir sus propios alimentos".
Bode y Künast respaldaron los informes que exigen reformas radicales de la agricultura en Europa y América del Norte a fin de hacer frente a la creciente escasez alimentaria mundial.
En un informe de una agencia de la ONU difundido el 15 de este mes, 400 expertos llamaron a realizar una revolución en la agricultura para evitar estallidos sociales en todo el mundo a partir del aumento de precios de los alimentos.
El reporte, oficialmente conocido como Evaluación Internacional del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD), explora maneras de hallar un equilibrio entre la eficiencia económica de la agricultura, sus beneficios sociales y las consecuencias ambientales de las actividades económicas.
Un ejemplo típico de las dificultades de hallar ese equilibrio es la búsqueda de combustibles libres de carbono para los automóviles.
Los biocombustibles, que otrora representaron la esperanza de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través del transporte y, por ende, de ayudar a frenar el recalentamiento planetario, ahora son fuertemente criticados porque muchos estudios consideran que su impacto ambiental es negativo.
Sin embargo, la producción de biocarburantes atraviesa un auge guiado por el aumento mundial de los precios del petróleo y la creciente demanda de energía.
La IAASTD reconoce el problema al decir que la desviación de muchos cultivos para producir biocombustible "puede elevar los precios de los alimentos y reducir nuestra capacidad de aliviar el hambre en el mundo".
"Ahora estamos en una buena posición para estudiar estas consecuencias y trazar opciones políticas que cumplan con los desafíos, tal vez mejor caracterizados como la necesidad de alimentos y una seguridad en materia de sustento bajo condiciones ambientales cada vez más limitadas desde dentro y fuera de la agricultura y los sistemas económicos globalizados", dice el texto.
Salvatore Arico, experto en biodiversidad de la agencia de la ONU y coautor del informe, lo resumió más categóricamente. "La agricultura moderna tendrá que cambiar radicalmente si la comunidad internacional quiere hacer frente a las crecientes poblaciones y al cambio climático, mientras evita la fragmentación social y el irreversible deterioro ambiental", dijo a IPS.
Aunque admite que la agricultura moderna posibilitó aumentos significativos de alimentos, la IAASTD también señala que estos beneficios se han distribuido de modo desigual, "a un precio cada vez más intolerable, pagado por agricultores de pequeña escala, trabajadores, comunidades rurales y ambiente".
