Los extranjeros que solicitan asilo político en Estados Unidos afrontan un trámite plagado de elementos ideológicos y fallas, muy burocrático, en el que pesa más la suerte que las evidencias, según abogados y activistas de derechos humanos.
Tal como funciona el sistema, lo más probable es que muchos que escapan de la tortura y de la persecución política o religiosa sean enviados de regreso a sus países de origen, advirtieron.
En enero de 2006, como consecuencia de informes sobre la incompetencia de los jueces a cargo de estos procesos, el entonces fiscal general de Estados Unidos, Alberto González, anunció una revisión total del sistema.
Seis meses después, González introdujo una serie de reformas dirigidas a mejorar el procedimiento, y, al mismo tiempo, dijo confiar en "el talento y profesionalismo" de los jueces y la equidad de sus decisiones.
Dos años después, la situación no ha mejorado.
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Philip Schrag, abogado experto en leyes migratorias y profesor de la Universidad de Georgetown, dijo a IPS que el funcionario "declaró que el objetivo de perfeccionar el sistema se había alcanzado, pero no dio detalles específicos".
"No creo que nada haya cambiado en la práctica", aseguró.
Con el clima adverso hacia los inmigrantes que existe en Estados Unidos, legisladores y otros funcionarios políticos perciben el asilo como un problema político peligroso. Además, la prensa le presta poca atención al asunto.
El año pasado, una asesora del Departamento (ministerio) de Justicia (fiscalía general) designada por el presidente George W. Bush, Monica Goodling, declaró ante un comité legislativo que para el nombramiento de varios funcionarios, incluidos miembros de tribunales de migración, se consideraba la afiliación política de los postulantes.
Pero incluso antes del testimonio de Goodling, varios funcionarios admitieron que durante años tomaron en cuenta los antecedentes políticos de los jueces que aspiraban a cubrir vacantes en tribunales de migraciones, hasta que profesionales con carrera del Departamento de Justicia objetaron esa práctica.
Las leyes que regulan el servicio civil en Estados Unidos prohíben tomar en cuenta consideraciones políticas para las designaciones.
En los dos años previos al testimonio de Goodling, González nombró a 49 de los actuales 226 jueces en los 54 juzgados de migraciones del país, mucho de ellos sin ninguna experiencia en la materia, aunque vinculados con el gobernante Partido Republicano.
Según Schrag, el destino de los solicitantes de asilo frecuentemente se decide no por evidencias, sino en función de factores como el género y los antecedentes profesionales de los jueces actuantes.
Un juez hoy al frente de un tribunal de Miami sólo otorgó el asilo en tres por ciento de las solicitudes. Mientras, otra jueza, con jurisdicción sobre el centro de detención Krome North, también de Miami, lo hizo en 59 por ciento de los casos.
Aunque los funcionarios del Servicio de Inmigración y Ciudadanía están facultados para conceder asilo, la mayoría de las peticiones se elevan a los jueces de migraciones para que ellos resuelvan.
Si un pedido es rechazado, la solicitud puede recurrirse ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, cuyos miembros también son designados por el Departamento de Justicia. Si el resultado es una nueva negativa, resta la posibilidad de formular el caso ante un tribunal federal de apelaciones.
Las probabilidades de lograr el asilo son mucho mayores allí, si los peticionantes cuentan con un abogado. Pero la mayoría de ellos carecen de uno.
Los jueces federales son muy críticos de sus pares de los tribunales de migraciones y de la Junta de Apelaciones y, en ocasiones, han reclamado al Departamento de Justicia más fondos para asegurar que los inmigrantes reciban un trato justo.
El proceso de toma de decisiones de la Junta de Apelaciones es un enorme motivo de preocupación para Schrag.
Cada vez con más frecuencia, dijo a IPS, "producen breves fallos, redactados por un solo juez, sentencias de un párrafo en lugar de unas páginas, por lo que en muchos casos realmente no abordan los argumentos de la parte perdedora".
Un estudio realizado por Schrag y publicado el año pasado, "The Refugee Roulette" ("La ruleta de los refugiados"), analiza 140.000 fallos de jueces de migraciones en un período de cuatro años.
El análisis incluye casos procedentes de las 15 naciones de donde proceden la mayoría de los solicitantes de asilo en los últimos años, como Albania, China, Colombia, Haití y Rusia.
Schrag encontró grandes diferencias en el manejo de las solicitudes, a pesar de la similitud de las circunstancias expuestas para justificarlas.
Por ejemplo, la probabilidad de que los colombianos obtuvieran asilo era de 88 por ciento si el caso recaía en un juez de en un tribunal de inmigración de Miami, pero sólo de cinco por ciento si otro magistrado de ese mismo juzgado era quien dictaba sentencia.
Asimismo, reveló que quien huyera de China por temor a ser perseguido y presentara su caso ante un tribunal de Orlando, en el meridional estado de Florida, tenía excelentes probabilidades de éxito: 76 por ciento, que se reducía a siete por ciento en un juzgado de Atlanta, en el también meridional estado de Georgia.
Las distintas instancias administrativas y judiciales que tratan casos de inmigración producen 77.000 decisiones sobre solicitudes de asilo al año. Casi todas se refieren a personas que temen ser arrestadas, torturadas o asesinadas si regresan a su país de origen.
Los casos considerados por los tribunales pasaron de 290.400 en 2002 a 348.216 en 2006, último año del que se disponen estadísticas confiables. Ese mismo año, se aceptaron 45 por ciento de las peticiones.
Según Schrag, "es muy perturbador que decisiones que pueden significar la vida o la muerte de una persona parezcan depender en gran medida de quién sea el juez que recibe el caso".
Karen Musalo, experta en legislación sobre refugiados de la Universidad de California, señaló a IPS que "el azar, antes que la cuidadosa aplicación de la ley basada sobre los hechos, ha determinado el destino de demasiadas personas. Arrojar luz sobre este problema, con suerte, llevará a la adopción de medidas para corregirlo".
