Muchos de los casos de extorsión, soborno y ataques contra emigrantes guatemaltecos siguen en la impunidad, lo cual parece estar ligado a situaciones de abuso de poder de autoridades, advirtió este viernes el enviado de la ONU, Jorge Bustamante, al término de una misión de cinco días.
"Es un problema de conciencia pública", sentenció Bustamante, relator especial de derechos humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
"Hace falta una mayor preocupación de la sociedad civil sobre los problemas de malos tratos de las fuerzas policiales y de acceso a la justicia", declaró el experto mexicano de larga experiencia en temas migratorios, quien abogó por un planteo más integral de la problemática en una conferencia de prensa ofrecida tras reunirse con el presidente de Guatemala, Álvaro Colom.
Datos oficiales indican que este año 5.324 guatemaltecos han sido deportados por vía aérea de Estados Unidos, donde viven aproximadamente 1,4 millones de nacionales, en su mayoría indocumentados. A su retorno obligado se encuentran en total desamparo.
El grado de importancia de la emigración guatemalteca lo da, por ejemplo, el hecho de que las remesas que envían a sus familiares, de entre 200 y 300 dólares por persona, representan 10 por ciento del producto interior bruto (PIB) de este país.
El relator de ONU, que presentará este año un informe en Ginebra con las conclusiones de esta visita, se llevó la "impresión" de que el presidente Colom está "sinceramente comprometido con la construcción de un marco legal que conduzca a la mejora del respeto de los derechos humanos de los emigrantes", tanto de los de salida como de los deportados.
Según Bustamante, la actual Ley de Migración (1998) contiene "numerosas lagunas e imprecisiones que permiten un amplio margen de discrecionalidad de las autoridades migratorias y policiales en la tramitación de los procedimientos migratorios".
No se prevé, por ejemplo, un plazo máximo de estancia de los emigrantes durante la tramitación de los procedimientos de expulsión y deportación.
Apreció "falta de coordinación efectiva entre las instituciones estatales respecto de los temas migratorios", gestionados principalmente por los Ministerios de Exteriores y Gobernación.
"Las medidas de control migratorio tienen que ser respetuosas con los derechos humanos de los emigrantes", afirmó el representante de la ONU, quien se reunió en estos días con representantes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y escuchó en albergues para emigrantes las "quejas y críticas" de hombres y mujeres.
Los colectivos de emigrantes se quejaron ante el relator de la falta de un mecanismo efectivo para la presentación de denuncias ante la violación de sus derechos humanos.
Los afectados carecen de información sobre las instancias que gestionan las denuncias y, en la mayoría de los casos, no se atreven a hacerlo por miedo a represalias o por la lentitud e ineficacia del procedimiento judicial.
En Guatemala, donde 51 por ciento de sus 13 millones de habitantes viven en la pobreza, 98 por ciento de los crímenes permanecen en la impunidad.
El secretario de pastoral de la Movilidad Humana, el brasileño Mauro Verzeletti, consideró en declaraciones a los periodistas que "la legislación guatemalteca tiene que cambiar y adaptarse a la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, ratificada por Guatemala en 2003.
"Esperamos que el Congreso empiece a repensar, que se cambie la legislación y se cree una política migratoria integral para atender a los emigrantes, que brinda atención humanitaria y asesoría en derechos humanos.
Según Bustamante, el socialdemócrata Colom, que asumió el gobierno el 14 de enero, "habló de manera enfática de su voluntad" de sacar adelante iniciativas legislativas para mejorar el respeto a los derechos humanos de los emigrantes.
En octubre pasado, el Congreso legislativo de Guatemala aprobó la ley que establece el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, que empezará a trabajar en los próximos meses y cuya tarea será la coordinar políticas y programas para proteger y atender a los guatemaltecos en el extranjero.
Según el relator, las autoridades presentarán en abril "el informe inicial sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otra índole adoptadas por el gobierno para dar efecto a las disposiciones de la Convención Internacional".
Los emigrantes guatemaltecos pagan entre 35.000 y 40.000 quetzales (entre 4.500 y 5.200 dólares) a los "coyotes", como se les llama a los traficantes de personas, según informaciones del Centro de Atención al Migrante de la Cancillería guatemalteca.
En Estados Unidos suelen trabajar en la construcción, fincas de corte de naranja, fábricas empacadoras de productos lácteos y embutidos o de jardineros. Las mujeres inmigrantes son, sobre todo, empleadas domésticas y niñeras.
"La movilidad de las personas es un derecho humano que contrasta con el derecho soberano de todos los países de decidir quién entra y quién no", observó Bustamante, quien opinó que el fenómeno migratorio produce "efectos positivos y negativos, trae costos y beneficios tanto a los países de origen como a los de destino" porque estas personas son "productores de riqueza".
Entre las consecuencias de las deportaciones de guatemaltecos figura la disminución de las remesas de dinero, que son la segunda fuente de divisas después de las exportaciones en este país, la desintegración familiar y el trauma para la persona retornada que no logra reintegrarse.
"Las familias están siendo desintegradas. Este es un problema que nos agobia", declaró Verzeletti, quien mostró su preocupación porque "no existe voluntad política" por parte del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, quien "por un lado se aprovecha de la mano de obra de los emigrantes y por otro lado los expulsa".
Según este sacerdote brasileño, "la frontera norte se ha movido hacia el sur y México está implementando los mismos mecanismos que Estados Unidos para controlar la emigración procedente de Centroamérica".
En su informe titulado "Estados Unidos-México. Muros, Abusos y Muertos en las fronteras", presentado el jueves en Guatemala, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) recomienda a los gobiernos de estos dos países "reformar urgentemente las leyes migratorias y poner fin a las violaciones masivas de los derechos fundamentales de los emigrantes, incluso del derecho a la vida durante el cruce de fronteras".
Según el documento, "en México son muchas las detenciones ilegales de emigrantes por miembros de cuerpos sin facultad para hacerlas". Se trata de extorsiones que son "frecuentemente acompañadas de golpes, hostigamiento sexual o violaciones de mujeres emigrantes y secuestros".
La FIDH considera "muy preocupante la situación de impunidad casi total que existe frente a estas graves violaciones de los derechos de los emigrantes", ya que no encontró ningún caso de condena judicial por lo que sostiene que hay una voluntad de parte de numerosas autoridades policía, ejercito, auxiliares de justicia de esconder los abusos y no sancionar a los responsables.
En Estados Unidos, agrega el documento, los agentes utilizan el hostigamiento, la degradación, la humillación y la intimidación verbal junto con la demostración de su fuerza letal contra quienes atraviesan la frontera.
