«Mi esposo había ido a cambiar una vaca al monte, y un pelotón del ejército se lo llevó. Estuvo desaparecido 25 años, hasta que hace dos exhumaron su cadáver», relató a IPS María Magdalena C., una indígena de la aldea Choatalum, en la región de Chimaltenango, centro de Guatemala.
María Magdalena, de 52 años y con tres hijos, asistió este lunes junto a una veintena de pobladores de Choatalum al primer juicio que se celebra en Guatemala por la desaparición de seis indígenas de la etnia maya kaqchiquel, entre 1982 y 1984.
La audiencia oral y pública se celebró contra el ex comisionado militar Felipe Cusanero, acusado de participar en las desapariciones en complicidad con el ejército, explicó a IPS Fabiola García, del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), que asesora legalmente a los querellantes.
"Las familias lamentan no poder encontrar a sus familiares desaparecidos. Estamos buscando que se haga justicia", dijo María Magdalena con los ojos aguados, sentada en la sala rebosante de público del Tribunal de Sentencia de Chimaltenango.
El proceso para enjuiciar a Cusanero, que prefirió no declarar, comenzó en 2003 cuando seis pobladores de Choatalum denunciaron el caso ante el Ministerio Público (fiscalía).
Según la denuncia, entre septiembre de 1982 y octubre de 1984, los seis kaqchiqueles fueron detenidos ilegalmente en la aldea por Cusanero, quien iba acompañado en ocasiones por miembros del ejército y patrulleros civiles, y hasta hoy se desconoce su paradero.
Los familiares solicitaron información en el destacamento militar de Choatalum, del municipio de San Martín Jilotepeque, pero Cusanero la denegó y los amenazó para que desistieran, según el CALDH.
"A mi hijo, de 24 años, se lo llevó Felipe Cusanero junto a 30 soldados a las once de la noche. Se lo llevaron al destacamento militar", declaró este lunes el querellante Hilarión López.
Los militares le respondieron "que el trabajo estaba hecho" cuando fue a preguntar por su hijo y le instaron a que no continuara indagando porque si no también él "se iba a quedar".
Durante la audiencia, el abogado defensor de Cusanero, Angel Smith, esgrimió que el juicio es improcedente porque el delito de desaparición existe en el ordenamiento jurídico guatemalteco apenas desde 1996.
"Esta defensa considera que en este proceso se vulnera el principio de irretroactividad de la ley (penal). Nadie puede ser penado por hechos que no eran considerados delito en el momento de ser cometidos", argumentó el abogado.
La fiscalía y abogados querellantes coincidieron en que la naturaleza jurídica de la desaparición forzada es de carácter permanente mientras no cesen sus efectos, es decir, mientras no se conozca el paradero de las víctimas.
"Un día antes de que desapareciera mi esposo, se llevaron a 22 personas, y sólo se han exhumado 12 (cuerpos), no sabemos de las demás. Las familias lamentan no poder encontrar a los suyos porque nadie nos dice", contó María Magdalena durante un receso.
Cusanero, en libertad condicional, está procesado por las desapariciones de Lorenzo Vila, el 5 de noviembre de 1982, y de Alejo Culajay, el 23 de noviembre de 1983, de Filomena López Chajchaquin, el 15 de enero de 1984, de Encarnación López, el 19 de marzo de 1984, Santiago Sutuj, el 24 de agosto de 1984, y de Mariano Augusto Tay Cajtí, el 28 de octubre de 1984.
El proceso, en el que también es querellante la Asociación de Familiares Detenidos- Desaparecidos de Guatemala, ha estado jalonado de acciones de la defensa de Cusanero hasta que llegó a la Corte de Constitucionalidad, que le dio vía libre.
"Este juicio abre de verdad la esperanza a mucha gente. Está ligado al derecho de justicia de todas las víctimas (de la guerra civil) y es un hecho que va a marcar un antes y un después ", dijo García a IPS.
En 1996, con los Acuerdos de Paz Firme y Duradera concluyeron 36 años de guerra entre la insurgente Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y el Estado, que dejó unas 200.000 víctimas, en su mayoría indígenas, con el ejército como responsable de más de 90 por ciento de los crímenes, según la independiente Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), que cifra en al menos 45.000 los desaparecidos.
Choatalum, aldea agrícola cuya población desciende en su mayoría de la etnia maya kaqchiquel, se encuentra en una de las regiones más golpeadas durante la guerra en cuanto a violaciones de derechos humanos, según el informe de la CEH.
El director del CALDH, Mario Minerva, declaró este lunes a los periodistas que espera "una sentencia", pues se trata de "un delito de carácter imprescriptible y permanente".
Según el artículo 8 del decreto 145-96 de La Ley de Reconciliación Nacional, "la extinción de la responsabilidad penal no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada, así como a aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de la responsabilidad penal de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala".
El fiscal de Chimaltenango, Albert Clinton, se reservó el castigo que pedirá para Cusanero, que podría enfrentar entre 25 y 40 años de cárcel o la pena de muerte.
Clinton explicó que este juicio puede extenderse durante cinco o seis audiencias más, pues deben declarar peritos y al menos seis testigos.
Según García, del CALDH, los familiares de las víctimas que se presentan como testigos o querellantes, sobre todo las mujeres, "están amedrentadas porque él está en libertad, vive en la aldea y tiene poder".
Los parientes de los seis desaparecidos creen que los restos de sus seres queridos pueden estar dentro del destacamento castrense de Chimaltenango.
Hilarión López ha acudido a tres exhumaciones y dijo este lunes saber que Cusanero retiró los restos del cuartel para dejarlos en otro lugar.
Durante la audiencia, se presentaron los resultados de un peritaje realizado por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, que estudió los restos de 22 personas en Choatalum.
