«El Estado no actúa ante la violencia que sufren las mujeres ni mucho menos esclarece los asesinatos», afirmaron representantes de una red de organizaciones de mujeres que denunció a El Salvador ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Portavoces de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres de El Salvador dijeron a IPS que "en este país nunca se individualizan ni se exponen las razones de los feminicidios".
Camila Rosa, de la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida (Las Dignas), explicó que solicitaron la audiencia porque "ya nos cansamos de que nadie nos escuche".
Añadió que desde 2005 todos los 25 de noviembre, cuando se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, han llevado una petición formal a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue los llamados feminicidios y hasta la fecha no han recibido respuesta.
La Red está integrada por la Las Dignas, la Organización de Mujeres por la Paz (Ormusa) y La Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes (Las Mélidas).
En la reunión, que se desarrolló a mediados de este mes en la sede de la Comisión en Washington y cuyos términos fueron dados a conocer esta semana en San Salvador, también participó una representación del gobierno salvadoreño que, según las feministas, pidió se "desestimara" la denuncia porque "desconocían" las consideraciones presentadas por las mujeres.
Ledy Moreno, de Ormusa, indicó a IPS que los representantes del gobierno trataron de "justificar" los asesinatos de mujeres como "parte de la ola de violencia" que azota a esta nación centroamericana y pidieron a la Comisión no "incluir en el comunicado de la audiencia la preocupación de las feministas por los crímenes contra las mujeres.
Esa fue una "respuesta negligente, irresponsable y evasiva" del Estado, acotó Moreno.
El Salvador, con 5,9 millones de habitantes, es considerado uno de los países más violentos de América Latina, que en 2006 alcanzó una tasa de 56,2 homicidios por cada 100.000 personas, según el Instituto de Medicina Legal (IML), una dependencia de la Corte Suprema de Justicia.
Durante ese mismo año, 3.906 personas fueron asesinadas, 437 de las cuales eran mujeres, reportando un incremento de 12 por ciento respecto de 2005, cuando se registraron 390 feminicidios.
Según la estatal Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), entre 1999 y septiembre de 2007 se contabilizaron 2.402 asesinatos contra mujeres y hasta el momento "ni uno ha sido esclarecido".
Rosa denunció que los cuerpo de "las mujeres asesinadas aparecen con señales de tortura, desmembrabas, mutiladas y violadas previamente", lo cual evidencia "el odio y el desprecio hacia la vida de las mujeres", por lo que se le debe dar un tratamiento particular al tema.
El Estado debe hacer efectivo nuestro "derecho a una vida sin violencia", reclamó la feminista.
En 1996, el gobierno de entonces de Armando Calderón (1994-1999) creó el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu), en el marco de la ratificación de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) y de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
El Isdemu es el organismo oficial rector de la política de la mujer y por misión tiene "promover el desarrollo integral de las mujeres (…) propiciando condiciones de igualdad entre los géneros", aunque organizaciones feministas se quejan de falta de capacidad para implementar la política y de no contar con los recursos necesarios, lo que hace poco efectiva su labor.
Raquel Caballero, procuradora adjunta para la Mujer y la Familia (PDDH), manifestó que la situación de los feminicidios es "muy grave" y refleja los niveles "impunidad" que predominan porque "el Estado no castiga a los responsables".
Y eso "convierte al Estado en cómplice", sostuvo la funcionaria.
Caballero indicó que El Salvador también "está incumpliendo los compromisos internacionales" que ha adquirido, entre ellos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención Belem do Para, adoptada en esa ciudad brasileña en 1994.
Un estudio patrocinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), estableció que 85,7 por ciento de los asesinatos perpetrados en 2005 no llegan a los juzgados, y de los llevados a los tribunales apenas 3,8 por ciento fueron sancionados.
De estos, según Moreno, sólo uno por ciento de los feminicidios.
El feminicidio está fundamentado en aspectos culturales y estructurales de inequidad y dominio de una persona sobre otra, en razón de roles de género socialmente asignados. Se expresa como la forma más extrema de violencia contra las mujeres, que pueden incluir conductas misóginas, violencia física, psicológica y sexual en distintos ámbitos de la vida, según explica un comunicado de la Red.
Jorge Bolaños, coordinador de la Unidad Antihomicidios de la FGR, creada en septiembre, manifestó que se organizó este departamento "para dar respuesta tanto a los homicidios como a los feminicidios", sin "diferencia de sexo, edad o clase social", por ahora activo para el llamado Gran San Salvador, constituido por 14 municipios, donde en 2006 se registró 35 por ciento de los homicidios. El fiscal reveló que desde la creación de la Unidad "han investigado y realizado capturas relacionadas a no menos de 25 casos de asesinatos contra mujeres", varias de ellas por haber "traicionado" a sus compañeros pandilleros.
Argumento que las feministas rechazan porque "a menudo las autoridades les basta asegurar que las mujeres fueron asesinadas por pertenecer a pandillas", aunque nunca se esclarecen los móviles del crimen.
En muchas ocasiones esa perspectiva esconde un "patrón sociocultural basado en el patriarcado", insistieron.
