Con la esperanza de conseguir evidencias cruciales para presentar al tribunal internacional para los crímenes cometidos por el Jemer Rojo, investigadores recorren áreas rurales de Camboya, intentando revivir historias de hace más de dos décadas.
En el proceso también buscan dar voz a aquellos camboyanos cuyas vidas fueron destrozadas cuando la organización guerrillera maoísta liderada por Pol Pot tomó el control del país en 1975, así como alentar su participación en el tribunal, que actualmente funciona en Phnom Penh.
A diferencia de otros tribunales similares, las normas internas de éste permiten a las víctimas participar en los procedimientos legales, presentando solicitudes, lo que les da derechos que se extienden mucho más allá de los concedidos a las víctimas en la Corte Penal Internacional.
Aunque muchos analistas legales y organizaciones de la sociedad civil en Camboya están a favor de la inclusión de partes civiles en los procedimientos judiciales, preocupa que esto pueda dificultar las actividades del tribunal, todavía en fase previa a los juicios y ya funcionando con un atraso significativo.
Una de las muchas organizaciones de la sociedad civil que trabajan para publicitar el tribunal y el derecho de participación de las víctimas es el Centro de Documentación de Camboya (DCCM), dedicado a estudiar y documentar lo ocurrido durante los tres años y medio de régimen del Jemer Rojo.
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El Centro focaliza sus esfuerzos en las "solicitudes Renakse", una serie de historias donde aparecen las firmas o las huellas digitales de alrededor de un millón de víctimas del Jemer Rojo, recolectadas por funcionarios del gobierno de la República Popular de Kampuchea (nombre asignado a Camboya al asumir el poder Pol Pot), respaldado por los vietnamitas, a comienzos de los años 80.
Como parte de un esfuerzo masivo por desacreditar al Jemer Rojo y persuadir a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de no reconocer al DCCM, las solicitudes nunca fueron enviadas y ahora permanecen dentro de los archivos del centro.
Terith Chy, líder del Proyecto de Participación de Víctimas del DCCM, señaló que las demandas son "lo más cercano a una comisión de la verdad sobre el Jemer Rojo que Camboya ha tenido".
El proyecto aspira a rastrear a la mayor cantidad posible de firmantes de estas peticiones, confirmar sus historias y alentarlos a participar en el tribunal.
"En enero estuvimos en (la meridional localidad camboyana de) Kampot para hallar personas que hubieran firmado la petición original. Algunas se habían mudado, algunas habían fallecido, pero encontramos a muchas" otras, relató Chy.
"Interrogamos a estas personas sobre sus historias y les preguntamos si eran verdaderas. La gente se apegó 100 por ciento a sus historias. Dijeron que si queríamos que la volvieran a escribir podían hacerlo. Los recuerdos todavía están allí, no se desvanecieron", agregó.
Numerosas organizaciones de la sociedad civil están involucradas en actividades de alcance relativas al tribunal, lo que incluye realizar talleres para informar cómo funciona, crear conciencia entre las víctimas sobre sus derechos y ayudar a quienes están interesados en presentar demandas.
Al hacer esto, aprovechan lo que varios observadores concuerdan es un enorme deseo de muchos camboyanos de participar en el juicio.
Estas actividades recibieron un impulso la semana pasada, cuando el tribunal reafirmó el valor de la participación de la sociedad civil en todas las fases de sus actividades.
Unos pocos ciudadanos, representados por abogados, participaron en la audiencia previa al juicio de uno de cinco acusados que actualmente esperan ser llevados al banquillo: Noun Chea, o "Hermano número dos", como se lo conocía en la jerarquía del Jemer Rojo.
"Las partes civiles tienen el derecho activo a participar, comenzando por la fase de investigación", declaró el jueves al Cambodia Daily el presidente de la Cámara Previa a los Juicios, Prak Kimsan, desestimando la apelación de Noun Chea.
"La Cámara observa que la inclusión de partes civiles en procedimientos supone el reconocimiento de la declarada búsqueda de la reconciliación nacional", agregó.
La participación de las partes civiles en el tribunal ha sido tema de un álgido debate en los últimos meses.
Entre los asuntos discutidos por la fiscalía, la defensa y las organizaciones de la sociedad civil, han figurado cómo equilibrar los derechos de los acusados y las víctimas y hasta qué punto el tribunal debería limitarse a las cuestiones de la culpa y la inocencia de los demandados, en oposición a la búsqueda del objetivo más amplio de la reconciliación nacional.
Los abogados defensores de los cinco líderes del Jemer Rojo que se encuentran acusados sostienen que la participación de ciudadanos comunes sesga al tribunal en contra de sus clientes.
Organizaciones de la sociedad civil y fiscales señalan que es probable que las víctimas sean las que sepan más sobre los crímenes que se juzgan, y que su participación será crucial para la salud nacional.
Pero incluso quienes apoyan la decisión de la semana pasada se muestran cautos.
"Estoy a favor de la participación de las víctimas, pero ésta debe ser controlada. De lo contrario, hará más daño que bien", dijo el director del DCCM, Youk Chhang, quien también es sobreviviente del Jemer Rojo.
"Debe estar claro, por ejemplo, qué proporción del tiempo del tribunal debe dedicarse a las víctimas. De otro modo, podría haber mil personas allí adentro queriendo participar y expresar su opinión", agregó.
Según el proceso actual, los interesados tienen derecho a presentar una demanda ante el tribunal en el que pueden ofrecerse voluntariamente para ser testigos, aportar información o, de modo más significativo, postularse para ser reconocidos como parte civil ante los procedimientos.
Para serlo, "se debe probar que el daño infligido es un resultado directo del delito que está bajo la jurisdicción del tribunal", dijo Gabriela González Rivas, vicedirectora de la Unidad de Víctimas, que administra el proceso.
"Si así se demuestra, esto conferirá (a la víctima) los mismos derechos que a cualquiera que participe en los procedimientos. Las víctimas tienen el derecho a elegir una representación legal y a participar activamente en todas las etapas de los procedimientos, lo que incluye formular preguntas a través de sus abogados y acceder a toda la documentación", añadió.
Hasta ahora fueron reconocidos cinco participantes civiles. Pero la Unidad de Víctimas, que funciona apenas desde enero, actualmente procesa más de 700 demandas, "la mayoría de las cuales expresan un interés en ser testigos o participantes civiles", dijo Rivas.
"Éstas vienen de círculos a los que se ha concientizado sobre su derecho a estar involucrados en el proceso a través de actividades de organizaciones no gubernamentales. Aspiramos a asegurar que toda demanda sea analizada y respondida", agregó.
Las normas exactas que regulan la participación de los ciudadanos no fueron cambiadas en la decisión de la última semana.
Rivas admite que las definiciones actuales están "bastante abiertas" y que la Unidad de Víctimas actualmente prepara documentación que aclare y ajuste la definición de parte civil, así como asuntos relativos a su confidencialidad y seguridad.
Tanto la fiscalía como la defensa ofrecieron sugerencias sobre cómo regular la participación de víctimas para impedir que el tribunal se vea inundado de demandas.
Además de tener poco personal, la Unidad de Víctimas opera con un presupuesto escaso, lo que es parte de la escasez financiera más amplia que enfrenta el tribunal.
Los funcionarios del tribunal viajan esta semana a Nueva York para participar en debates con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y donantes a fin de solicitar un financiamiento adicional de 114 millones de dólares. Esto busca cubrir los significativos aumentos en el personal judicial, que incluye a un equipo de abogados que represente a las víctimas.
Terith Chy, quien nació luego del régimen del Jemer Rojo, dijo que, independientemente de que el tribunal use o no el material, el Proyecto de Participación de Víctimas ya cubrió una necesidad esencial.
"Estas historias son importantes para construir una historia nacional exhaustiva sobre lo que ocurrió. Les decimos esto a todos los que entrevistamos, explicándoles que solamente al hablar con nosotros ya están jugando un rol vital en la reconciliación nacional", agregó.
