El federalismo como salida a la crisis boliviana se revela como una de las tendencias de la oposición, pero el gobierno izquierdista de Evo Morales lo ve como otra forma de desintegración territorial, similar al impulso autonomista de varias administraciones regionales.
En un clima político dominado por la incertidumbre y la ausencia de diálogo entre el gobierno y las regiones que buscan su autonomía, la posibilidad de establecer una unión de estados federales ha sido expresada por el senador del partido derechista Poder Democrático y Social (Podemos) y ex presidente del Comité Cívico Pro Intereses de Tarija, Roberto Ruiz.
El senador Antonio Peredo, del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), advirtió que la propuesta de Ruiz puede conducir al país de casi 10 millones de habitantes a un proceso de "balcanización", en referencia a la desmembración de un Estado en partes hostiles o enfrentadas que ha caracterizado la historia de la península de los Balcanes.
El senador de Podemos, Luis Vásquez, presidente de la Comisión de Constitución, desmintió las versiones que atribuyen a su partido la bandera federalista y dijo a IPS que tras un debate interno se resolvió apoyar los procesos autonómicos.
Las autoridades de los departamentos de Santa Cruz y Beni (este), Pando (norte) y Tarija (sur), impulsan la realización de referendos para que la ciudadanía apruebe estatutos de autonomía para esas regiones, iniciativa a la que se opone Morales.
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Ruiz considera que luego de los referendos de Pando y Santa Cruz, convocados para el 4 de mayo, cambiará el escenario político, con la consolidación de las autonomías. En Beni se votará el 1 de junio, mientras que Tarija aún no definió la fecha.
Asimismo, Ruiz confía en la posibilidad de formar una federación de regiones autónomas con siete de los nueve departamentos del país, con la excepción de La Paz y Oruro, donde predomina el deseo de conservar una república unitaria, tal como lo establece la Constitución.
Esta propuesta llega en momentos en que el gobierno hace llamados al diálogo con los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, liderados por prefectos (gobernadores) de oposición y bajo fuerte influencia de organizaciones ciudadanas y empresariales denominadas comités cívicos.
La Iglesia Católica ha expresado su deseo de facilitar el diálogo, pero las regiones opositoras han puesto condiciones para acceder a una aproximación al gobierno.
Las prefecturas reclaman la reposición de recursos generados por la producción petrolera, que el gobierno ha destinado al pago de una renta vitalicia de unos 26 dólares mensuales a todos los bolivianos mayores de 60 años.
El 7 de marzo, la Corte Nacional Electoral rechazó la posibilidad de realizar los referendos de Santa Cruz y Pando el 4 de mayo, porque la fecha coincide con una consulta similar convocada por el gobierno, para conocer la opinión ciudadana sobre el proyecto de un nuevo texto constitucional aprobado en diciembre por los legisladores y la extensión máxima de tierra que podrá estar en manos de un propietario.
La resolución del organismo advirtió que los prefectos de departamento no cuentan con autoridad para convocar a referendo, ni las cortes electorales departamentales con la de administrar consultas ciudadanas sin respaldo del Congreso legislativo nacional.
Las regiones, sin embargo, resolvieron seguir adelante con la organización de los comicios.
El diputado del MAS, Gustavo Torrico, dijo a IPS que la propuesta de federalización es una opción moderada, frente al grado de autonomía reclamada por el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, y el comité cívico de la región, al que considera "separatista".
"El estatuto autonómico cruceño expresa su propósito de controlar desde el espacio físico hasta el espacio electromagnético" y no contempla la posibilidad de pertenecer a un Estado unitario o federal, agregó.
El estatuto de Santa Cruz otorga al departamento la potestad de regir sobre sus recursos naturales, los hidrocarburos y las extensas y productivas tierras, crea un régimen impositivo, regula las migraciones internas y hasta anuncia un nuevo cuerpo policial, al margen del existente, dirigido desde la comandancia general en La Paz.
Vásquez considera las autonomías como muy cercanas al federalismo, pero observa una "gran distancia" entre el actual estado centralista y un régimen federal, como los vigentes en Argentina y Brasil.
El 2 de julio de 2006, un referendo determinó que la mayoría de ciudadanos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija desean constituir regiones autónomas, mientras que en el resto del país ganó la continuidad del Estado unitario.
Pero las organizaciones empresarias y las corrientes de derecha comenzaron a influir sobre los departamentos de Cochabamba y Chuquisaca, donde sus autoridades se inclinan a seguir el ejemplo de los otros cuatro departamentos.
El 9 de diciembre de 2007, la Asamblea Constituyente dominada por el oficialismo y con escasa presencia opositora, aprobó las modalidades de autonomía departamental, municipal, regional e indígena, pero los cuatro departamentos rechazaron esa decisión y se inclinaron por un régimen que les permita dominio total de sus territorios bajo el mando único de un gobernador.
A pesar del optimismo de Ruiz, Vásquez observa problemas concretos, como el elevado grado de desarrollo de las regiones que abogan por su autonomía, en contraste con los altos grados de pobreza en la región occidental, y sugiere una política de compensación y subvención presupuestaria para equilibrar la balanza.
Torrico considera que las demandas regionales representan el deseo de unas 15 familias de conservar los privilegios obtenidos con gobiernos anteriores, como la cesión gratuita de grandes extensiones de tierra, en lugar de cuidar el bienestar de grandes sectores de la población, postergada en sus aspiraciones de progreso y bienestar.
En el Poder Ejecutivo, enfatizó, existe la decisión de preservar la integridad territorial aún a costa de la propia vida.
