El gobierno de Perú anunció para esta semana la creación del Ministerio de Medio Ambiente mediante un decreto, sin cumplir con el paso previo de un debate en la sociedad civil, el parlamento y las regiones. Además, será una entidad sin capacidad de decisión en asuntos clave.
"La participación ha sido la gran ausente. Si el gobierno no estaba dispuesto a escuchar, pudo haber sido más directo y decirlo", señaló a IPS el gerente de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente de la región Junín, Iván Lanegra.
El ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, fue el encargado de anunciar que el Consejo de Ministros había acordado promulgar la norma que creará el nuevo ministerio.
El documento que debatió el Ejecutivo fue elaborado por un grupo técnico en el tiempo récord de un mes y sin recoger las opiniones de las organizaciones sociales, los gobiernos regionales y el parlamento, a pesar de que se había establecido un plazo adicional con ese fin.
Por otra parte, no hubo difusión oficial del documento. Sólo de manera informal, algunos miembros del equipo técnico encabezado por el ecologista Antonio Brack difundieron la propuesta a través del correo electrónico.
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"¿Qué legitimidad puede tener este ministerio, cuando no se ha convocado a todos los que tendrían que opinar? El tema de la gestión ambiental no es sólo de los ambientalistas, es un asunto nacional que requiere de consensos", dijo a IPS Javier Azpur, secretario ejecutivo de la no gubernamental Propuesta Ciudadana, que coordina la Coalición de la Sociedad Civil para la Creación del Ministerio del Medio Ambiente.
El presidente Alan García había anunciado la intención de de crearlo el 20 de diciembre de 2007, como antesala a dos reuniones internacionales que se desarrollarán este año en el país. Perú será sede de la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Europa, América Latina y El Caribe y del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico.
La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz, reveló que el nuevo ministerio no ejercerá una labor fiscalizadora de la actividad minera, pese a que este sector es responsable de 40 por ciento de los conflictos sociales que giran en torno a temas ambientales.
Por lo tanto, el Organismo de Supervisión y Fiscalización Ambiental que propuso la comisión encabezada por Brack como parte del ministerio "no vería uno de los temas más importantes dentro de la agenda", señaló Lanegra.
El ministerio tampoco ejercería autoridad sobre el manejo del agua, aunque a causa del cambio climático ya se verifica escasez de este recurso, no existe un diagnóstico de la situación de las cuencas hidrográficas y uno de los principales motivos de los conflictos ambientales es el temor a la contaminación.
El gobierno prefirió que el Ministerio de Agricultura asumiera esta tarea, con la reciente creación de la Autoridad Nacional de las Aguas. También supervisará la explotación de los bosques.
El Servicio Nacional de Áreas Protegidas que planteó el ecologista Brack también podría quedar fuera de las competencias del nuevo ministerio.
Las críticas a la iniciativa oficial destacan que el equipo técnico propone que el ministerio se haga cargo sólo de la evaluación de impacto ambiental de los grandes proyectos de inversión minera y energética, sin precisar cuáles son los parámetros para determinar qué es un "gran proyecto".
"Podemos concluir entonces que se está creando un ministerio sin capacidad de decisión en los temas ambientales clave y que sólo se convertiría en una suerte de orientador general de las políticas sectoriales", afirmó Lanegra.
Brack no ha cuestionado los cambios que el Ejecutivo introdujo a su proyecto. Se limitó a señalar que su iniciativa buscaba reducir "los costos sociales y económicos" para el país.
La secretaria ejecutiva de la no gubernamental Red Muqui, Ana Leyva, está convencida de que el gobierno de García no ha hecho esfuerzos "para acercar a la sociedad este intento de cambiar la institucionalidad ambiental", a pesar de que la diversidad del país, en los planos cultural, social y geográfico lo exigía "con suma urgencia".
Tampoco se le ha dado importancia al papel de los 26 gobiernos regionales en este proceso.
Como un gesto para garantizar la participación de la sociedad, la comisión Brack planteó la creación de un Consejo de Concertación Ambiental, integrado por asociaciones empresarias, las regiones, las municipalidades y representantes sociales. Pero esta propuesta aún está siendo evaluada por el gabinete de ministros.
Está claro que el Ejecutivo tiene la intención de aprovechar las facultades que le otorgó el Congreso legislativo, en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, para crear el ministerio mediante un decreto.
Dentro de las atribuciones otorgadas por el Legislativo se hizo una mención general respecto de que el Ejecutivo debía "fortalecer la institucionalidad ambiental", pero no se le otorgó carta blanca para crear un ministerio.
Los expertos del área legal de la Red Muqui consideran que el gobierno incurriría en una acción ilegal e inconstitucional, ya que según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo sólo se puede crear un ministerio mediante una ley.
"Un proyecto tan trascendental para el país no puede aprobarse sin ser debatido por todas las fuerzas políticas", dijo a IPS la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Gloria Ramos.
La legisladora aseguró que pedirá al presidente del parlamento que solicite una reunión con el primer ministro, Jorge del Castillo, para tratar el tema. Los miembros de la Coalición de la Sociedad Civil para la Creación del Ministerio del Medio Ambiente también pidieron una entrevista con Del Castillo para este martes 1 de abril.
"En este contexto es muy dudoso que las reuniones que el Ejecutivo tenga con miembros de la sociedad civil puedan influir en el proceso. Sólo una fuerte intervención de la opinión pública y de los presidentes regionales podrían cambiar la situación y obligar a que se realice una consulta seria", afirmó Lanegra.
