Organizaciones ecologistas de Chile entregaron este viernes una carta a la presidenta Michelle Bachelet describiendo graves consecuencias ambientales, sociales y culturales causadas, a su juicio, por las grandes represas hidroeléctricas.
En una jornada en la que se celebra el Día Mundial de Acción contra las Represas, los ambientalistas dejaron en la sede de gobierno, el Palacio de La Moneda, la misiva de tres carillas donde reclaman a la mandataria que cumpla con su compromiso de evaluar todos los proyectos de inversión de acuerdo a un manejo integrado de las cuencas.
"Esperamos que la presidenta cumpla esa promesa. Tenemos fe que la va a cumplir. También estamos esperando (la anunciada) reforma a la legislación e institucionalidad ambiental", declaró Juan Pablo Orrego, coordinador general de la no gubernamental Ecosistemas.
Ésta es una de las 40 organizaciones locales, nacionales y extranjeras que integran el Consejo de Defensa de la Patagonia Chilena, creado en 2007 para hacer frente al proyecto de la empresa HidroAysén de construir cinco represas en la austral región de Aysén.
Los propietarios de HidroAysén son la firma chilena Colbún, que posee 49 por ciento de las acciones, y la trasnacional española Endesa, que invertirían unos 3.000 millones de dólares en el complejo para generar 2.750 megavatios de electricidad.
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Los aspectos más polémicos del proyecto son dos: inundaría casi 6.000 hectáreas de terrenos prístinos, y la energía sería llevada a Santiago a través de una línea transmisora de 2.000 kilómetros que atravesaría ocho regiones del país.
La empresa anunció que el estudio de impacto ambiental será presentado a las autoridades en junio de este año y, si se aprueba en 2009, la primera central estaría funcionando en 2013.
La campaña desplegada por el Consejo tiene diversas líneas de acción: desde publicidad en los medios de comunicación y la vía pública hasta desprestigiar aquellos productos chilenos de exportación, como madera, cobre y vino, que tengan relación con Endesa y Colbún o que puedan beneficiarse de la energía generada por las represas.
El gobierno ha señalado que enviará en junio al parlamento un proyecto de ley que crea un ministerio de medio ambiente y una superintendencia para el sector. En tanto, la gubernamental Comisión Nacional del Medio Ambiente ya elaboró una Estrategia Nacional de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas, pero ésta todavía no ha sido visada por la presidenta Bachelet.
A los ambientalistas les preocupa que HidroAysén presente el estudio de impacto ambiental antes de que se materialicen las reformas, sobre todo después de que el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, respaldó públicamente la construcción de las centrales.
"Soy partidario de la construcción de las centrales de Aysén, con el debido respeto a todo el tema ambiental, que creo se está haciendo con prolijidad", dijo el ministro en febrero.
Los activistas no dejaron pasar este hecho en la carta que dirigieron a Bachelet. "Solicitamos que usted exija una postura de imparcialidad de parte de los funcionarios de gobierno respecto de proyectos que aún no han sido evaluados", señala el penúltimo párrafo.
"Los ciudadanos consideramos que los apoyos y señales políticas, dadas por Secretarios de Estado y otros funcionarios públicos, a proyectos que ni siquiera han sido evaluados, son hechos graves, antidemocráticos, inaceptables y generan la percepción ciudadana de un gobierno cooptado desde adentro por las grandes empresas", añade.
Según Orrego, "el consenso que existe en el mundo entero hoy día es que las megacentrales hidroeléctricas de embalse son destructivas, invasivas, degradan comunidades, pueblos, ecosistemas y provocan la muerte biológica de los ríos".
El activista destacó la manifestación ciudadana de este viernes en las inmediaciones de La Moneda, que congregó a un centenar de personas con motivo del Día Mundial de Acción contra las Represas.
Esta iniciativa surgió del Primer Encuentro Internacional de Personas Afectadas por Represas, realizado en 1997 en la sureña ciudad brasileña de Curitiba.
Los activistas portaban lienzos con leyendas como "Energía sin destrucción" y gritaban "Bachelet entiende, la vida no se vende", entre otros lemas. Este sábado harán lo propio los habitantes de Aysén que se oponen a la intervención de los ríos Baker y Pascua. Pero no sólo las represas que pretende levantar HidroAysén preocupan a los ecologistas. También cuestionan proyectos a desarrollar en las sureñas regiones del Bío-Bío y de Los Lagos, algunos de los cuales afectarían a comunidades mapuches, la principal etnia del país.
"Se está constituyendo un movimiento anti represas en el país", aseguró la directora del no gubernamental Programa Chile Sustentable, Sara Larraín, quien explicó que las organizaciones ambientalistas validan la generación hidroeléctrica, pero "no a cualquier costo".
"Chile no puede improvisar una respuesta a la escasez energética. La escasez que estamos viviendo ahora es el resultado de un error de la política pública (de gobiernos anteriores) y de un sector empresarial que sólo tomó criterios de mercado para la planificación eléctrica. No queremos que se cometa el mismo error ahora", añadió la activista.
El país, que importa 72 por ciento de la energía que consume, enfrenta un complejo panorama por los recortes que sufren desde 2004 los envíos de gas natural importado desde Argentina, los altos precios internacionales del petróleo y el déficit de lluvias que soporta el país desde el año pasado por al fenómeno climático de La Niña.
Por ello, el gobierno se ha propuesto mejorar la eficiencia energética y diversificar las fuentes utilizadas, incorporando con mayor énfasis las energías renovables no convencionales (ERNC), como la eólica, la solar y la geotérmica.
Los ambientalistas celebran algunos avances en ambos sentidos, pero los consideran insuficientes. Por ejemplo, el 5 de este mes el parlamento aprobó un proyecto de ley de fomento a las ERNC.
La ley establece que a partir de 2010 cinco por ciento de la energía suministrada por las generadoras eléctricas que cuenten con una capacidad instalada superior a los 200 megavatios, deberá obligatoriamente proceder de ERNC.
Este porcentaje se irá incrementando en 0,5 por ciento anual hasta llegar a 10 por ciento del total de su generación de electricidad en 2024.
Mientras, el Consejo de Defensa de la Patagonia insiste en su reclamo. "Somos pacifistas, pero bien perseverantes. Hay un equipo enorme de abogados trabajando para esta campaña y estamos convencidos de que HidroAysén y otros proyectos similares no se van a construir en este país. La ciudadanía no lo va a permitir", indicó Orrego.
Para el 25 de este mes está prevista la llegada a Chile del abogado estadounidense Robert Kennedy, del gubernamental Natural Resources Defense Council que hace parte del Consejo, para apoyar públicamente campaña, dijo Orrego a IPS.
