El parlamento de China comenzará a discutir esta semana si acepta la propiedad privada de las tierras de cultivo, un tabú con medio siglo de antigüedad. Los que impulsan tal reforma cargarán en la carpeta de argumentos la última conquista de los campesinos de India.
El aumento del gasto social dirigido a los agricultores indios, anunciadas el fin de semana por el ministro de Finanzas indio P. Chidambaram, desató una ola de aplausos entre expertos y funcionarios chinos que pugnan por aceptar la propiedad privada de la tierra.
Las nuevas disposiciones presupuestales de India establecen beneficios para 40 millones de campesinos, entre ellos el incremento del gasto de salud y educación y la reducción de deudas.
Expertos chinos indicaron que se trata de un "ejemplo inspirador".
"El gobierno indio está determinado a que los agricultores gocen de parte de la riqueza creada por el rápido crecimiento económico", señaló el académico Zhu Sipei en un artículo publicado por el periódico Beijing News.
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"Lo mismo debió haber ocurrido con los campesinos de China, que jugaron el más importante papel en el camino de este país hacia la prosperidad, sacrificándose para alimentar y mejorar la vida en las ciudades", agregó.
La decisión del gobierno indio sale a la luz en momentos en que quienes defienden en China la propiedad privada de la tierra preparan una moción que será considerada en la sesión anual del Congreso Nacional del Pueblo (parlamento), que comenzará este miércoles.
Según el dogma vigente desde la Revolución China, que instauró el comunismo desde su triunfo en 1947, el Estado debe ser dueño de los principales medios de producción.
Pero cada vez más expertos y dirigentes comunistas consideran que una reforma que reconozca los derechos de la vasta población rural sobre la tierra es esencial para superar la gran brecha en la calidad de vida entre las boyantes ciudades y el campo empobrecido.
"El actual sistema de propiedad colectiva de la tierra en China tiene defectos tan serios que si quedan sin resolver se tornarán una amenaza real para la estabilidad social", según Yu Jianrong, experto de la Academia China de Ciencias Sociales.
"Gran cantidad de campesinos pobres están sin trabajo, sin tierra y sin seguridad social. Tarde o temprano, estas anomalías podrían conducir a un levantamiento", agregó.
La colectivización de la tierra instaurada hace medio siglo, no sin violencia, persiguió a latifundistas y privó a los campesinos de sus derechos sobre la tierra. Hoy, 750 millones de habitantes de las zonas rurales de China carecen de todo derecho sobre la tierra que cultivan.
Incluso luego de la instauración de reformas económicas en los años 80, los derechos sobre la tierra continúan en manos de funcionarios locales que ejercen un poder prácticamente ilimitado.
A los agricultores se les reconoce el derecho temporal al usufructo de la tierra, y carecen de recursos para enfrentarse con los funcionarios locales cuando resultan desalojados.
Mientras se les permite usar esos predios, incluso, se les prohíbe usar ese derecho como garantía de préstamos para invertir y ampliar su producción.
La tierra pertenece al "colectivo" y no a individuos, lo que permite a funcionarios locales beneficiarse de ella a expensas de los agricultores, dijo Chen Zhiwu, experto de la Universidad de Yale.
"La propiedad pública se convirtió en un caldo de cultivo para la corrupción y la degradación ambiental", dijo Chen en una conferencia propiedad privada de la tierra organizada por el periódico liberal Southern Weekend.
Mientras la brecha de ingresos entre la población rural y la urbana se amplió a lo largo del periodo de reformas de mercado, más de 200 millones de agricultores migraron a las ciudades para mejorar su ingreso.
Para el resto, continuó la batalla por la tierra, a menudo violenta.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social calcula que unos 40 millones de campesinos chinos perdieron sus predios en la última década a causa de la urbanización.
Funcionarios locales a menudo confiscan tierras de cultivo y las entregan a firmas inmobiliarias sin compensar a los campesinos despojados. Allí se instalan, con grandes ganancias, industrias y proyectos residenciales.
En numerosas ocasiones, agricultores desafían a las autoridades y recuperan las tierras por su propia cuenta.
Cuarenta mil campesinos de en unas 70 aldeas de la nororiental provincia de Heilongjiang lo hicieron en diciembre, luego de que sus cultivos fueran confiscados sin compensación para el desarrollo del proyecto surcoreano de inversiones.
Para sofocar los incidentes, el gobierno envió a cientos de oficiales y policías antidisturbios. El líder de la protesta, Yu Changwu, fue encarcelado en un "campamento de trabajo", condenado a dos años de reclusión por "poner en peligro la seguridad del Estado".
Algunos informes de prensa alegaron que en los primeros meses de 2006 tuvieron lugar 17.000 casos de "incidentes rurales masivos" (jerga utilizada por la prensa estatal para aludir a las protestas que involucran violencia), que involucraron a 400.000 cultivadores que reclamaban sus derechos sobre la tierra.
A los ojos de los políticos, la cuestión de la propiedad de la tierra continúa estrechamente vinculada con el mandato a largo plazo del Partido Comunista de garantizar la seguridad alimentaria del país más poblado del mundo.
Durante mucho tiempo China consideró que la autosuficiencia en la producción de granos era una prioridad de seguridad nacional.
Pero académicos que reiteradamente han exigido reformas al régimen de tierras en los últimos años alegan que el bienestar de 750 millones de campesinos de China no debería sacrificarse en aras de la agenda de seguridad alimentaria del país.
"En las últimas décadas, China debió almacenar alimentos y prepararse para guerras y hambrunas, al tiempo que trataba de lograr la autosuficiencia total. Pero esta idea es obsoleta en esta era del comercio internacional", sostuvo Chen Zhiwu.
"Es injusto que los campesinos soporten la carga de la seguridad alimentaria de China, y que por eso se los ate a tierra que no pueden convertir en capital", sostuvo.
Beijing todavía se opone a las grandes importaciones de granos. Para promover la autosuficiencia, el gobierno eliminó el impuesto que durante 2.000 años se cobró a los campesinos por la cosecha de cereal, y se comprometió a suministrarles más semillas y fertilizantes subsidiados.
Pero los esfuerzos del gobierno por mejorar la situación de la gran población rural de China son insuficientes.
China invierte apenas 10 por ciento del presupuesto estatal en la seguridad social, y ese porcentaje se destina casi enteramente a la población urbana.
"El aumento del gasto social rural en India libera el potencial de sus campesinos", señaló la columna de opinión publicada en Beijing News.
