La oposición de Malasia confía en ganar terreno en las elecciones anticipadas que se celebrarán a raíz de la disolución de parlamento, dispuesta este miércoles por el primer ministro Abdullah Badawi.
La decisión respondió a las tensiones sociales, la elevada criminalidad y el alza de precios que se ciernen sobre este país de Asia sudoriental. Doscientos de los 219 escaños parlamentarios estaban en poder del oficialismo hasta la disolución de la cámara.
La coalición gobernante Barisan Nasional (Frente Nacional), integrada por 14 partidos, no corre peligro de perder el poder, pero la oposición podría avanzar por el incipiente descontento del electorado.
La popularidad del primer ministro superó 90 por ciento de las adhesiones en 2004, pocos meses después de obtener su primer mandato con una plataforma populista que incluía el combate contra la corrupción y transparencia.
Pero en los últimos meses la situación cambió de forma drástica.
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Su popularidad disminuyó a 60 por ciento de los encuestados por los sondeos, una proporción considerada baja por los analistas malasios.
"Muchas voces de la sociedad civil cuestionan a Badawi", explicó el politólogo James Wong. "A la oposición tradicional se le sumaron estudiantes, periodistas independientes y organizaciones no gubernamentales."
Una decena de conocidos miembros de organizaciones dedicadas a la defensa del agua, la salud y los derechos humanos se han lanzado como candidatos opositores, algunos en carácter de independientes y otros sumados a los partidos establecidos.
Tal vez en esta ocasión no obtengan un escaño, pero sí lograron introducir en la campaña ciertos asuntos a menudo ignorados por la prensa.
Numerosos activistas se presentan dentro del Partido de Acción Democrática, el principal de la oposición, entre ellos Charles Santiago, coordinador de la Coalición contra las Privatizaciones.
"Hay muchos asuntos primordiales que deben plantearse y ofrecerse como alternativas a los votantes", sostuvo Santiago, un economista de profesión.
"Dadas el control gubernamental del flujo de información, debemos unirnos a un partido político para expresar las preocupaciones de la gente", explicó.
Santiago también es director de Control de Sustentabilidad de la Globalización, que luchó a brazo partido para evitar la privatización de los servicios de agua y evitar que los grandes conglomerados empresariales suban el precio de recursos naturales.
"Aportaré esa experiencia y perspectiva a los políticos de oposición", apuntó. "Queremos ofrecer a la población más opciones y candidatos para elegir."
Otra activista, respaldada por organizaciones de defensa de derechos civiles reunidas en la Iniciativa de la Sociedad Civil de Reforma Parlamentaria, es Zaitun Kassim, quien se presentó por primera vez a las elecciones generales en 1999.
"No podemos dejar la política, que es demasiado importante, sólo a los políticos", sostuvo Kassim. "Defendemos asuntos que los principales partidos no abordan, como las detenciones sin juicio, un gran problema de la democracia."
Otras cuestiones que abordarán los candidatos activistas se refieren a las libertades de expresión y de reunión, importantes en una sociedad basada sobre el estado de derecho.
Destacadas activistas de derechos humanos consideran "fundamental" la participación de organizaciones no gubernamentales en los comicios generales porque añaden una nueva dimensión a la política participativa.
"Las elecciones ofrecen una oportunidad a las organizaciones no gubernamentales para destacar la agenda de la sociedad civil y alzar su voz", sostuvo Yap Swee Seng, director ejecutivo de la institución de derechos humanos Suaram.
"Es importante que la población tenga alternativas y no una única opción, la versión oficial divulgada a diestra y siniestra por los grandes medios de comunicación", indicó.
"El objetivo último es asegurar una oposición multipartidaria fuerte que pueda salvaguardar mejor la Constitución y los intereses de la población", apuntó, y añadió que el gobierno desperdició la gran mayoría que tuvo.
La Coalición Frente Nacional a menudo se aprovechó de su mayoría parlamentaria para aprobar enmiendas constitucionales.
El Partido de Acción Democrática, el principal de la oposición, tiene apenas 12 escaños, y el Partido Islámico de Malasia, seis, seguido por el Partido por la Justicia del Pueblo, de Anwar Ibrahim, con uno solo.
Pero esta vez, la oposición espera obtener un mejor resultado porque los ciudadanos son conscientes del fracaso de Badawi en cumplir con sus promesas electorales de 2004.
Además, las minorías indias y chinas, que concentran alrededor de 38 por ciento de votantes, están descontentas con el gobierno de Badawi por no defender la laicidad de ley fundamental ni garantizar su bienestar.
Una ola de optimismo invadió en 2004 al gobierno de Badawi, quien un año antes había sustituido al veterano Mahathir Mohamad (1981-2003), que gobernó con mano dura por 22 años.
Pero desde entonces, el primer ministro fue muy criticado por su debilidad, indecisión e incapacidad en la lucha contra la corrupción y en la restauración de la confianza de los inversores.
La oposición y líderes de la sociedad civil también están decepcionados de que Ibrahim no pueda participar en los comicios legislativos por una prohibición que le prohíbe ser candidato hasta después del 14 de abril, tras una condena por corrupción.
"El mandato del gobierno terminará en mayo de 2009, pero están apurados por celebrar los comicios para asegurarse de que Ibrahim no pueda participar", explicó el dirigente opositor Tian Chua. "Es injusto."
Ibrahim, quien sigue declarándose inocente, fue despojado del cargo de viceprimer ministro y encarcelado en 1998. Un tribunal lo liberó en 2004, tras cumplir seis años de prisión.
Badawi reconoció que el tradicional e incondicional apoyo de la comunidad india, que lo acusa de tener una política promalaya y de marginar a su comunidad, pueda volcarse a la oposición.
"Estamos haciendo reformas a fin de subsanar nuestros errores. Ayudamos a todas las razas", declaró el viceprimer ministro Najib Razak.
"Los indios harían bien en respaldar al gobierno, y no votar a la oposición", apuntó, al tiempo que prometió una serie de medidas para facilitar trabajo, becas y plazas en la universidad a los integrantes de esa comunidad.
Cinco dirigentes indios, que organizaron una manifestación contra el gobierno el 25 de noviembre, fueron detenidos bajo una ley draconiana de seguridad interna por la cual pueden permanecer en prisión indefinidamente sin juicio.
