Miles de indígenas en el centro-occidental estado brasileño de Mato Grosso del Sur viven en campamentos precarios, donde impera la desnutrición, mientras sus líderes son asesinados. Es una llaga reconocida por todos, pero cuya solución provoca conflictos al parecer insuperables.
"No estamos contra los indígenas", pero no se puede ampliar sus tierras "violando el derecho de propiedad de los demás", arguye Dacio Queiroz, secretario de la Federación de la Agricultura, que representa los hacendados del estado, y coordinador de su Comisión de Asuntos Agrarios.
Los terratenientes, que temen perder su patrimonio por la demarcación de nuevas reservas indígenas, "tienen títulos de propiedad correctos" que no pueden ser anulados ante la "supuesta" presencia indígena anterior, argumentó Queiroz, heredero de tierras adquiridas en 1948 y reclamadas por guaraníes en Antonio Joao, meridional municipio matogrosense.
Para los indígenas, sin embargo, la única alternativa de sobrevivencia es recobrar sus tierras tradicionales, basados en derechos asegurados por la Constitución brasileña de 1988.
La explosión demográfica de las últimas décadas los empujó a la llamada "retomada", la ocupación de territorios en los que vivieron sus antepasados recientes, buscando así acelerar su demarcación por parte del gobierno. Las zonas en las que fueron confinados décadas atrás quedaron pequeñas ante el crecimiento de las comunidades.
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Por ejemplo Zacarias Rodrigues, de 50 años y con cuatro hijos y dos nietos, decidió encabezar la recuperación la zona histórica de su pueblo terena, después que el benjamín de sus 12 hermanos se "quedó sin tierra" para sembrar, anticipando el destino de las nuevas generaciones.
Fueron tres años de preparación, de campaña por adhesiones, hasta que en la madrugada del 28 de noviembre de 2005 un grupo de 21 familias ocuparon una hacienda e instalaron el campamento al que llamaron Madre Tierra.
"Fue difícil convencer a las personas en reuniones, seminarios, hablando de casa en casa", recordó Maria Belizario, de 43 años y con tres hijos y tres nietos, otra líder del movimiento y quien propuso el nombre del campamento. "La tierra es madre, es todo para nosotros y en la aldea donde vivíamos ya no había lugar para nuestros hijos", justificó.
Su grupo rompió con la tradición diplomática de los terenas, conocidos por el diálogo y la adaptación al cerco de la sociedad "no indígena". Esta comunidad étnica se dividió ante la acción unilateral de la "retomada", modalidad practicada desde hace décadas por los guaraníes, más numerosos y oprimidos en la parte sur del estado.
Se registraron momentos de tensión. En la segunda noche, disparos de empleados de la hacienda aterrorizaron a las mujeres que hacían guardia mientras sus maridos descansaban del esfuerzo diurno de construir las cabañas, dijo Darci Santos, de 43 años, cinco hijos y dos nietos, relato corroborado por Albertina Fonseca, de igual edad, pero con 11 hijos y ocho nietos.
El campamento alcanzó a tener 120 familias, pero ahora quedan 68. Muchos desistieron ante "la falta de luz, agua y escuela", se lamentó Rodrigues.
Los que quedaron dependen del agua traída por un camión-cisterna y de alimentos distribuidos por el gobierno, para complementar sus cultivos limitados porque la tierra sigue en litigio.
La iniciativa amplió en 1.297 hectáreas el área de 2.660 en la que viven 6.000 terenas en el municipio de Miranda, en el oeste de Mato Grosso del Sur. Pero ellos quieren más y reclaman toda la zona de Cachoeirinha, identificada por antropólogos como tradicionalmente indígena y que abarca 36.288 hectáreas.
Algunos grandes hacendados desistieron de cuestionar judicialmente la ocupación indígena, aunque exigen indemnizaciones del Estado.
INSISTENCIA GUARANÍ
Los guaraníes de Antonio João, en la frontera con Paraguay, recuerdan experiencias más duras aun. Entre sus mártires se cuentan Dorvalino Rocha, muerto a tiros en 2005, y Marçal de Souza, asesinado en 1983, después de que se hiciera conocido como líder indígena y especialmente por el fuerte discurso pronunciado ante el hoy fallecido papa Juan Pablo II cuando éste visitó Brasil en 1980.
Hacinados en 11 hectáreas cedidas por la alcaldía o en campamentos a lo largo de carreteras, los guaraníes del grupo kaiowá protagonizaron cuatro "retomadas" a partir de 1998 para presionar el gobierno a reconocer sus tierras ancestrales, pero se retiraron ante órdenes judiciales de "reintegro de posesión" en favor de los hacendados.
A partir de 1999, luego de lograr acuerdos con los terratenientes, pudieron asentarse en 26 hectáreas y en 2006 acampar en otra área de 101 hectáreas. Pero como todo es provisional, siguen en casuchas, de madera y sapé (gramínea), y sin sembrar como desearían, dependiendo de alimentos donados por el gobierno.
Sin embargo, la presión resultó. La Fundación Nacional del Indígena (Funai, órgano oficial) promovió dos estudios antropológicos que identificaron un área de 9.317 hectáreas, declarada tierra guaraní por el Ministerio de Justicia y homologada por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva el 23 de marzo de 2005.
Así se concluyó la formalización administrativa de la tierra indígena Ñanderú Marangatú (dios o gran padre sagrado, en guaraní), pero no la batalla judicial. Cuatro meses después el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Nelson Jobim, anuló preliminarmente el decreto presidencial, atendiendo a pedido de los hacendados.
Hasta ahora, 2,5 años después, los indígenas esperan un fallo definitivo del Supremo Tribunal Federal.
Pero "es seguro en un 90 por ciento que la Corte reconocerá nuestro derecho", señaló, optimista, Hamilton Lopes, un veterano profesor, experto en leyes y trámites de las cuestiones indígenas, con experiencia en "retomadas" de otras aldeas guaraníes y participación en foros internacionales.
Por su parte, Loretito Vilhalva, "capitán" (administrador) de la aldea, confía en las pruebas antropológicas y en la credibilidad perdida por los hacendados, a quienes se les incautó en noviembre armas que mantenían de modo ilegal en sus propiedades.
La acción de las autoridades contra los hacendados se concretó luego de que fueron denunciados debido a la violencia practicada por sus guardias, que "dispararon muchas veces sobre el campamento indígena", precisó
El conflicto, empero, se prolongará. Aunque la disputa judicial sea dirimida, como ha ocurrido de otras zonas del país, ello no asegura la retirada de los terratenientes ni la conformidad de los indígenas.
La demarcación de tierras indígenas no avanza porque obedece a un "proceso inconstitucional", conducido por la Funai que "incita a las invasiones de haciendas", según Leoncio Brito, presidente de la Comisión de Asuntos Agrarios de la Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería (CNA).
En opinión de este empresario agropecuario, el gobierno izquierdista de Lula, que a su entender estimula la natalidad al ofrecer canastas básicas de alimentos, debería comprar otras tierras más amplias donde "acomodar a los indígenas".
TIERRA SAGRADA
Pero aquí no se trata de entregar parcelas a campesinos sin tierra, en zonas adquiridas o expropiadas por el Estado. Los indígenas quieren, y la Constitución les asegura, la posesión de "tierras tradicionalmente ocupadas" por los hacendados, necesarias para su "reproducción física y cultural, según sus usos, costumbres y tradiciones".
Son tierras sagradas para los aborígenes y, en general, ubicadas en los alrededores de las aldeas en que viven actualmente.
En esas áreas, identificadas por antropólogos, pierde validez la propiedad particular, quedando vedada la posibilidad de expropiación con indemnización, porque ya pertenecen al Estado. Sólo se pueden abonar las mejoras y bienes agregados, explica Rogerio Batalha, abogado del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), una organización dependiente de la Iglesia Católica.
En Mato Grosso del Sur, en cambio, esas tierras son generalmente propiedades legalmente constituidas, incluso por estímulo y actos de las autoridades en su momento, con títulos jurídicamente sin posibilidad de discusión, también protegidos por derechos constitucionales, a los que no renuncian los hacendados instalados en lugares señalados como indígenas.
Los hacendados están dispuesto de modo consensual a aceptar mediante una indemnización total, incluso por tierras que no las han hecho producir, "un acuerdo para evitar conflictos" y poner fin a la permanente tensión, señaló el empresario Queiroz.
Los países ricos y sus organizaciones que dicen apoyar los indígenas "bien podrían enviar los recursos para comprar esas haciendas", desafió.
Hay tres alternativas para superar el callejón sin salida jurídico, según Batalha. La primera es una enmienda constitucional que permita la indemnización por las tierras, pero ello es que casi imposible que se apruebe en el Congreso legislativo pues requiere una mayoría mínima de 60 por ciento y un trámite previo complejo.
Además de polémica, resultaría muy riesgoso aplicar la enmienda a realidades distintas, como la Amazonia, donde existen muchos latifundios ilegales.
Otra manera es requerir indemnizaciones a través del derecho civil, responsabilizando al gobierno por los errores en promover y aceptar la ocupación de áreas indígenas por parte de hacendados y así legalizar las propiedades. "Es un camino que nadie quiere, pues puede demorar más de un siglo", admitió el abogado.
Por eso la "única alternativa jurídicamente viable" es una reforma a la Constitución del estado de Mato Grosso del Sur, sentenció. El gobierno estadual rechaza, naturalmente, asumir el pago de las indemnizaciones, pero podría recibir recursos nacionales para ese fin, sin violar la ley fundamental de Brasil, sostuvo.
Tatiana Ujacow, abogada que apoya organizaciones indígenas y autora del libro titulado "Derecho al pan nuevo", sobre dignidad humana y guaraníes, cree que sólo la enmienda a la Constitución nacional asegura una solución definitiva, porque otras medidas pueden ser cuestionadas, precisamente, por inconstitucionalidad.
Mientras, la Funai trata de cumplir su función, aunque tardíamente, de demarcar nuevas tierras indígenas en Mato Grosso del Sur.
El plan prevé, en este y el próximo año, estudios antropológicos en las cinco cuencas hidrográficas en las que hay evidencias de más de 30 áreas tradicionales de los guaraníes, según Rubem Almeida, uno de los seis antropólogos involucrados en el proyecto.
