La aguda sequía que afecta a Chile dejó en estado de emergencia agrícola a 50 comunas de la zona central y a amplios sectores de la economía preocupados por un eventual racionamiento eléctrico en marzo.
El fenómeno climático La Niña tiene a más de la mitad del país pendiendo de un hilo. La persistencia de aguas frías en el océano Pacífico y altas presiones atmosféricas impiden el ingreso de sistemas frontales lluviosos en las zonas central y austral.
El año pasado fue esencialmente frío, pero con poca lluvia, y en consecuencia el nivel de agua en los embalses es históricamente bajo.
A esto se suma el cese de operaciones de una de las más grandes centrales hidroeléctricas, propiedad de la compañía Colbún, por causa de un incendio a fines del año pasado. La central de Nehuenco podría volver a aportar sus 370 megavatios al Sistema Interconectado Central sólo a mediados de año.
El gobierno de Michelle Bachelet ha invertido alrededor de 12 millones de dólares en las 50 comunas agrícolas declaradas en emergencia. Se han entregado fardos de forraje para los pequeños ganaderos, y agua para el consumo humano en estanques o transportada en camiones cisterna.
Además, se fomentó el empleo de técnicas de mejoramiento del riego a través de concursos públicos, saneamiento del ganado mal alimentado y entrega de bonos de emergencia a familias campesinas.
Una de las comunas más afectadas es Colina, 27 kilómetros al norte de Santiago. Allí la producción de hortalizas se ha visto mermada por el encarecimiento de los insumos para el sistema de riego.
"Los agricultores deben regar las siembras con agua de pozos, por lo que el costo de la electricidad que emplean las bombas de extracción de agua ha hecho más dificultosa la producción", dijo a IPS el alcalde Mario Olavarría.
"Es necesario que el gobierno nacional otorgue un subsidio especial para costear las enormes cuentas de luz que deben pagar estos agricultores a pequeña escala para regar una hectárea de tomates o de lechugas", agregó.
La alcaldía envía un camión tres veces a la semana para abastecer el consumo de agua de las personas que viven en la zona norte de Colina.
La situación no es muy diferente entre la IV y IX regiones, porque esta vez la sequía también llegó a la zona sur, donde las producciones de cereales, remolacha y fríjoles corren peligro.
El ministro de Energía, Marcelo Tokman, anunció una serie de medidas para evitar un eventual racionamiento energético en marzo. El gobierno afronta el dilema de tener que ahorrar energía y aspirar a un sostenido crecimiento económico. Un racionamiento tendría graves consecuencias para la industria y las inversiones en el país.
En 1999, el gobierno del demócrata cristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle, de la coalición centroizquierdista Concertación de Partidos por la Democracia al igual que la socialista Bachelet, decretó un racionamiento en ocho regiones del país, cuando también la importante central Nehuenco quedó fuera de servicio.
Ahora Bachelet dispuso una baja en el voltaje de 220 a 210 voltios, postergó el inicio del uso horario de invierno del 8 de marzo previsto al 29 de ese mes y flexibilizó el uso de agua en los embalses de El Laja y Maule, para contar con un margen mayor de seguridad. Las medidas gubernamentales tuvieron diversas acogidas en los sectores productivos. Mientras la Sociedad Nacional de Agricultura se mostró reacia, la Cámara Nacional de Comercio emitió un comunicado de prensa en el que dijo que "aprueba el instructivo y apoya las medidas adoptadas".
Héctor Castillo, presidente de la Federación de Asociaciones Industriales, dijo a IPS que "encontramos que las medidas del gobierno son pobres y no solucionan el problema ni siquiera a mediano plazo".
Según Castillo, la incertidumbre respecto del abastecimiento energético ha calado hondo en el sector que representa.
"Con todo esto aumenta la inseguridad productiva y se dilatan las inversiones. ¿Quién va a invertir si no sabe si va a tener electricidad o combustible para producir, ahora que no tenemos gas", agregó.
El problema con los envíos de gas desde Argentina fue un tema de conflicto para el gobierno durante 2007 y lo seguirá siendo este año, sumado a los altos precios del petróleo.
"Para ahorrar energía, las empresas tienen que hacer un cambio de equipamientos que requiere grandes inversiones. Con parte de los excedentes de la exportación de cobre, el gobierno podría otorgar incentivos fiscales", señaló Castillo.
La crítica situación energética vuelve a poner en el tapete el conflicto por la apertura de nuevas centrales hidroeléctricas en el sur, entre otros proyectos criticados por los ambientalistas.
La posición del gobierno es clara: "no podemos seguir oponiéndonos simultáneamente a las centrales nucleares, a las hidroeléctricas, a las térmicas, a las eólicas y a las solares, porque energía debemos tener de alguna parte y, en ese sentido, algo vamos a tener que hacer", indicó el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma.
Por ahora, el gobierno ha querido predicar con el ejemplo. Redujo el consumo eléctrico en su casa, el emblemático Palacio de La Moneda, y en otros edificios públicos.
