La autoría intelectual del asesinato de tres parlamentarios salvadoreños y su chofer en Guatemala sigue sin conocerse, pese a que ya pasó un año. Los investigadores insisten en que los autores materiales del crimen, asociado al narcotráfico, «confundieron» a sus víctimas, pero las dudas crecen.
La versión del «error» no es creíble para la familia de uno de los asesinados, Eduardo D’Aubuisson, de 32 años, aunque se niega rotundamente que ese legislador estuviera involucrado en el tráficos de drogas.
El hijo del ya fallecido mayor Roberto D’Aubuisson, fundador en 1981 de la hoy gobernante y derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), fue asesinado el 19 de febrero de 2007 junto a Eduardo William Pichinte, de 49 años, y José Ramón González, de 57, todos miembros del oficialismo salvadoreño en el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
El caso hasta el momento ha dejado más preguntas que respuestas, ya que las autoridades salvadoreñas, según especialistas, han tratado de obviar los posibles nexos del homicidio con actividades ilícitas en este país y sólo se concentran en los policías que fueron los autores materiales y lanzan todos sus dardos contra mafias guatemaltecas. La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador reiteró la semana pasada que el asesinato de los tres parlamentarios y de su custodio, el policía salvadoreño Gerardo Ramírez, fue producto de un error de los asesinos al «confundir» el vehículo en que viajaban hacia la capital guatemalteca, para asistir a una reunión del Parlacen.
La investigadora social Jeannette Aguilar, directora del jesuita Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), estimó que, debido a lo complejo del múltiple crimen y la participación de varios funcionarios guatemaltecos en el hecho, no se debería llegar a «este tipo de conclusiones», superficiales, sólo a partir de la autoría material.
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«No se ha logrado desenredar la responsabilidad que en diferentes niveles pudo haber existido en la comisión de este crimen», dijo Aguilar a IPS, y consideró que las apreciaciones de la FGR son «bastante ligeras» al insistir que se trató de una simple confusión, cuando el caso denota que ha habido «otros móviles».
La experta llamó a la Fiscalía salvadoreña a esperar «los resultados de las investigaciones» de su contraparte guatemalteca y respetar su «autonomía e independencia».
Estas conclusiones «contrastan» con la información manejada por la prensa guatemalteca sobre otras hipótesis, como la que algunos de los diputados asesinados «estaban vinculados al narcotráfico», manifestó la directora del Iudop.
La investigadora, luego del crimen, había advertido que estos hechos evidencian que «la impunidad y la corrupción» han desbordado a los estados en Centroamérica, por la falta de aplicabilidad de los mecanismos constitucionales, y manifestó que el «crimen organizado bajo protección del Estado había hecho proliferar el tráfico de drogas, personas y armas» en la región. Los diputados salvadoreños fueron interceptados por al menos seis policías pertenecientes a la unidad de lucha contra el crimen organizado de Guatemala, cuando ingresaban a la capital de ese país, después de dejar por propia voluntad, inexplicablemente, una caravana de varios vehículos que transportaban a otros varios parlamentarios y a sus custodios.
Los policías, que eran parte de una banda de delincuentes, llevaron a sus víctimas a la aldea El Jocotillo, sobre la carretera a El Salvador, los torturaron y luego los calcinaron vivos, después de desmantelar totalmente el vehículo de los funcionarios, aparentemente en busca de droga o del dinero por la venta de ésta.
Dos días después del asesinato, los cuatro policías fueron capturados y acusados de ser los responsables materiales de la masacre. Tres días más tarde fueron también ellos muertos en el interior de una cárcel de «máxima seguridad» en las afueras de Guatemala, supuestamente por un comando que ingresó al recinto, aunque luego las autoridades cambiaron la versión y dijeron que habían sido otros reclusos.
Semanas después, una unidad del estadounidense Buró Federal de Investigaciones (FBI) llegó a Guatemala para colaborar con las pesquisas pero meses más tarde se conoció, extraoficialmente, que se retiró tras enfrentar obstáculos en las institucionales locales para proseguir con las indagaciones.
Las autoridades guatemaltecas han negado de plano esos señalamientos.
En los meses siguientes, varios funcionarios de alto rango y jefes policiales fueron removidos y no menos de 12 personas entre civiles y policías han sido capturados y procesados en relación a los asesinatos, entre ellos Carlos Gutiérrez, alias ‘Montaña 3’, capturado a inicios de este año y quien es imputado de ser uno de los autores intelectuales.
Otro de los involucrados, según la fiscalía guatemalteca, es Manuel Castillo, actualmente prófugo, alcalde electo de Jutiapa, un poblado fronterizo con El Salvador.
Si bien ambos podrían estar implicados en el crimen, no son el último eslabón en la autoría intelectual, han asegurado analistas. En los días posteriores al crimen, tanto el entonces presidente guatemalteco Óscar Berger y sus funcionarios de Seguridad Pública, aseguraron que el crimen estaba relacionado con bandas de narcotraficantes, conformadas por locales y guatemaltecos.
El arzobispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, dijo a IPS que desde el principio la Iglesia Católica «pidió toda la verdad» sobre los hechos y recuerda que el inicio de las investigaciones «hubo muchas pistas falsas y distracciones» y se ignoraron «datos incómodos», como las bitácoras telefónicas que posiblemente vinculaban a salvadoreños en el múltiple homicidio.
«No se ha trabajado con seriedad ni con objetividad y eso no es bueno para el futuro del país ni para la democracia», sentenció el religioso.
A inicios de este año, el arzobispo manifestó a la prensa que desconfiaba de los resultados de las investigaciones y se preguntó, cuántos confían en las policías de ambos países y en la Fiscalía (salvadoreña). Rosa Chávez recalcó que la desconfianza radica en que el crimen organizado ha penetrado las instituciones públicas.
«No hay credibilidad ni hay confianza en las instituciones», dijo el religioso, tras revelar que tanto los obispos salvadoreños como guatemaltecos, llegaron a esa conclusión, después de una reunión de religiosos centroamericanos.
