«¡Ay, que no maten más chóferes, Jesús, que no los maten!», clamaba en llanto una mujer al paso de la procesión que recorría varias calles del centro de la capital de Guatemala.
En sólo tres días, las maras (pandillas juveniles) habían asesinado a siete conductores de autobuses urbanos luego de presionarlos para que les pagaran una "mordida" (soborno). Cinco murieron el martes y dos el jueves.
El presidente Álvaro Colom afirma que se trata de la obra de organizaciones criminales con el objetivo de desestabilizar al gobierno.
"Pedimos seguridad y garantías para poder trabajar tranquilamente", dijo a IPS el líder del sindicato de conductores, Victoriano Zacarías, quien se manifestó sorprendido por la modalidad de los ataques.
Los operativos se realizaron "simultáneamente, en rutas de gran afluencia de pasajeros, como si se tratase de un plan trazado para perjudicar al sector", señaló.
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Zacarías precisó que desde el comienzo de este año han sido asesinados al menos 12 conductores de autobuses tras negarse a entregar la cuota exigida.
También son víctimas de las extorsiones de los pandilleros chóferes de taxis, pequeños comerciantes y simples trabajadores que, en muchas ocasiones, se ven obligados a huir de sus casas.
El socialdemócrata Colom, que asumió el 14 de enero la presidencia de uno de los países con más altos índices de violencia de América Latina, afirmó que los ataques a los conductores han sido "planificados por el crimen organizado para conspirar contra el gobierno por las acciones que ha tomado para incrementar la seguridad".
Helen Mack Chang, presidenta de la organización no gubernamental de derechos humanos Fundación Myrna Mack, aseguró que los asesinatos "obedecen a algo planificado" y consideró que hace falta "voluntad política" para resolver el problema.
El jueves, el mismo día en que se realizó la protesta en el centro de Guatemala, los conductores y ayudantes de 300 autobuses urbanos se declararon en huelga para reclamar seguridad y la persecución y procesamiento de los culpables. Zacarías recordó que el gremio de los conductores de autobuses es clave, pues la suspensión de sus labores afecta a la población y la actividad económica.
El sindicalista reclamó la adopción de un mecanismo de prepago de pasajes que evite la acumulación de dinero en los autobuses, la cual resulta "un atractivo para los delincuentes".
También exigió la presencia de policías dentro de los autobuses, y lamentó que "el gobierno sólo reciba a y pacte con los dueños de los transportes".
Desde 1992, señaló Zacarías, el sindicato ha aportado sugerencias a los propietarios de los autobuses para resolver el problema de las extorsiones. Pero "ellos prefieren la anarquía y el desorden porque lo que les interesa es tener jugosas ganancias", afirmó.
Para Mack, uno de los factores que incide en la inseguridad de los conductores y de la población en general es la falta de coordinación entre el Ministerio Público (fiscalía) y la Policía Nacional Civil. La solución no radica en aumentar la cantidad de agentes sino en mejorar la calidad del servicio que prestan, destacó.
Los chóferes de autobús sostienen que existe complicidad entre agentes de policía y delincuentes.
Un conductor, que prefirió guardar el anonimato, se lamentó porque "uno sale a trabajar y no sabe si volverá vivo a su casa". Agregó que lamenta tener que abrirle la puerta a los delincuentes sabiendo que van a robarle a él y los pasajeros, pero teme por su vida.
En Guatemala existe en general una gran desconfianza en el sistema de justicia y en los cuerpos de seguridad del Estado, en los cuales ha logrado penetrar el crimen organizado.
En los primeros días del gobierno de Colom, quien asumió su cargo en enero, el ministro de Gobernación (interior), Vinicio Gómez, anunció el despido de 269 policías. Fue la cuarta "depuración" de los últimos seis meses, con lo que suman más de 2.500 los agentes exonerados del servicio.
Una fuente de un organismo internacional que trabaja en una de las llamadas "zonas rojas" (más violentas) de la ciudad, en contacto diario con la policía, comentó a IPS que la solución pasa por una reestructuración total que afecte no sólo a la base sino también a los mandos medios y altos.
Los asesinatos de los chóferes se enmarcan dentro de la espiral de violencia que asola a este país 13 millones de habitantes, en el que 51 por ciento de la población vive bajo la línea de pobreza, sobre todo en áreas rurales y comunidades indígenas.
Un informe de la organización de derechos humanos Grupo de Apoyo Mutuo señaló que en 2007 se registraron 3.319 asesinatos, de los que 392 tuvieron como víctimas a mujeres. La mayoría fueron a balazos.
Colom argumentó este viernes en una entrevista radial que su gobierno se ha incautado de más fusiles AK-47 que en todo 2007, a un promedio de 1,5 diarios. Admitió que "la situación está complicada", pero prometió que en cuatro meses la población percibirá más seguridad en el país.
En Guatemala, la violencia y la persistencia de grupos paramilitares son rémoras de la guerra civil, que entre 1960 y 1996 se cobró 200.000 vidas, en su mayoría de indígenas.
"El presidente Álvaro Colom debe cumplir su compromiso y asegurar la reforma profunda del sistema de seguridad, enfrentando el lado oculto de la ley", afirmó este viernes en una declaración la organización no gubernamental Seguridad en Democracia.
Según las estadísticas, 98 por ciento de los asesinatos cometidos en este país quedan impunes.
La Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), financiada en su totalidad por donaciones internacionales, trabaja en Guatemala contra la violencia y las mafias infiltradas, incluso en la justicia.
La Cicig es fruto de un acuerdo firmado en diciembre de 2006 entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el gobierno del entonces presidente guatemalteco Oscar Berger, ratificado en agosto pasado por el Congreso legislativo y puesto en vigor el 4 de septiembre.
Integrada hasta el momento por unos 40 funcionarios, la Cicig contará a mediados de año con unos 160 miembros, guatemaltecos y extranjeros, en su mayoría expertos en justicia penal y manejo de casos de crimen organizado, según informó en enero su comisionado, el jurista español Carlos Castresana.
