Costa Rica tiene siete meses más de plazo para ingresar al Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, cinco países centroamericanos y Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés DR-Cafta.
El tratado ya está en vigor para los demás miembros, incluidos El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Pero en Costa Rica ha debido sortear una dura campaña civil en su contra, que culminó el 7 de octubre de 2007, con un referéndum que dio al "Sí" una ajustada victoria.
La fecha límite para su ratificación era este viernes 29 de febrero, pero Costa Rica tuvo que pedir un mes atrás una prórroga a los demás países miembros, ya que no ha concluido el trámite legislativo para aprobar una serie de leyes complementarias, que forman parte de la llamada "agenda de implementación" del DR-Cafta en este país.
El retraso es considerable. La Asamblea Legislativa unicameral aprobó el jueves en segundo y último debate el tercer proyecto de ley de los 12 necesarios. Se trata de la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales.
Otras seis iniciativas están aprobadas en primer debate, y ahora deben esperar el filtro de la Sala Constitucional, o IV, de la Corte Suprema de Justicia, puesto que la oposición decidió someter a consulta del máximo tribunal todos los proyectos de la agenda de implementación.
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El paquete incluye el fin del monopolio estatal sobre las telecomunicaciones y un marco legal de mayores garantías jurídicas para las filiales de compañías transnacionales en este país, entre otras reformas.
Tras la prórroga obtenida, la tramitación de las leyes deberá llevarse a cabo ahora antes del 1 de octubre.
En las conversaciones con el resto de estados firmantes, Costa Rica se comprometió a realizar una enmienda para eliminar el plazo previsto de 90 días de suspenso para la entrada en vigor del tratado luego de concluidos todos los trámites de aprobación y ratificación.
En virtud de ese cambio, el tratado entrará en vigor en cuanto se notifique su ratificación y la promulgación de las leyes complementarias.
La jefa del bloque de la principal fuerza opositora, Partido de Acción Ciudadana (PAC), Elizabeth Fonseca, consideró "excesiva" la prórroga de siete meses. "Desde el principio pensamos que tres meses serían más que suficiente para que la Asamblea Legislativa termine con su trabajo, pero creo que en la actualidad esos siete meses deben tener justificaciones aún no comprendidas por nosotros".
"En los últimos días se ha hablado de que tal vez serán necesarios nuevos proyectos de ley porque (el DR-Cafta) podría no ser certificado por los Estados Unidos", dijo Fonseca a IPS.
El retraso obedece al fuerte debate sobre la pertinencia de que Costa Rica se adhiriera al tratado que se inició el proceso en 2003, y que obligó al gobierno de Óscar Arias a someter su aprobación a consulta popular.
Tras la victoria de los partidarios del DR-Cafta, los movimientos sociales contrarios y el PAC anunciaron su intención de obstaculizar la agenda de implementación.
La estrategia del PAC ha sido la de impedir el quórum legislativo, no asistiendo a las sesiones. Para poder sesionar se requiere la asistencia de 38 diputados, la cantidad exacta de los que están a favor del tratado. Así que cualquier baja entre ellos impide celebrar la sesión.
Pero en las últimas sesiones, el PAC volvió a la Asamblea. Fonseca anunció esta semana que habilitarían el quórum, por lo que el avance será ágil.
"Hemos sido coherentes en todos nuestros planteamientos. Desde el principio dijimos que no iríamos a las sesiones del proyecto de ley de telecomunicaciones para no validar con nuestra presencia" una iniciativa que entienden inconstitucional, dijo Fonseca. Como ahora éste ya está ante la Sala IV, la razón de fondo para no acudir no existe.
Precisamente la presentación masiva de mociones de inconstitucionalidad ante la Sala IV llevó a que los magistrados llamaran la atención a los diputados opositores el 22 de este mes por obstaculizar el proceso legislativo.
"La Sala IV está metiéndose en temas políticos, actuando como un Senado. Es potestad de los diputados presentar las enmiendas que quieran. Si no, ¿para qué existe el parlamento?", reaccionó Fonseca.
