La Constitución vigente en Chile es una herencia de la dictadura de 17 años del ya fallecido general Augusto Pinochet. Para el movimiento Ciudadanos por una Asamblea Constituyente ya es hora de redactar una nueva.
Ninguna de las cuatro administraciones de la Concertación de Partidos por la Democracia, la coalición centroizquierdista que gobierna el país desde la recuperación de la democracia en 1990, se hizo eco de los reclamos reformistas de la ley fundamental impuesta en 1980
A pesar de sus más de 50 enmiendas en época democrática, el texto, afirman sus críticos, mantiene una naturaleza autoritaria, ampara el sistema económico neoliberal y no garantiza los derechos fundamentales de los chilenos.
"El elemento básico de una democracia efectiva es que la Constitución y las leyes sean producto de la voluntad mayoritaria del pueblo. Eso en Chile no se ha producido", dijo a IPS el sociólogo Felipe Portales, autor del libro "Chile: una democracia tutelada".
Un grupo de académicos, juristas e intelectuales plantea la necesidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente que redacte una ley fundamental plenamente democrática, recuperando así la soberanía del pueblo chileno.
Tras un año de intensa campaña, el movimiento cuenta con el respaldo de agrupaciones de derechos humanos, federaciones de estudiantes y dirigentes, y se posiciona como un referente de la sociedad civil para exigir el cambio.
"Pretendemos acabar con la opresión de una minoría social, política y militar legitimada en la Constitución para que los ciudadanos sean sujetos, y no rebaños", dijo a IPS Gustavo Ruz, director de la agrupación.
La organización busca promover instancias de coordinación en diversos niveles, cuyas propuestas serán recogidas por una comisión nacional encargada de presentar un programa alternativo.
De cara a las elecciones municipales de octubre de este año, la organización llama a que los votantes, en el momento de marcar su preferencia por un candidato, escriban las letras A y C, iniciales de Asamblea Constituyente. Esto no implica la invalidación del sufragio emitido, según la Ley Electoral.
Esta acción, afirman sus promotores, demostraría la voluntad ciudadana de eliminar una Constitución ilegítima, tanto en origen como en contenido, y apoyar una legislación que garantice el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda y a un trabajo digno, entre otros postulados.
Los activistas toman como ejemplo al movimiento estudiantil colombiano, que condujo al país a demandar, de la misma manera que se planea en Chile, una nueva ley fundamental en las elecciones municipales de 1990, lo cual culminó con el establecimiento de una Asamblea Constituyente en 1991.
Ruz no duda de que en Chile una mayoría conciente y organizada logrará concretar la iniciativa reformista.
Portales, en cambio, cree que aún no están las condiciones para que surja una participación ciudadana activa, en un país que, a su juicio, ni siquiera puede catalogarse como democrático.
Un elemento que dificulta la toma de conciencia en el corto plazo es la casi nula libertad de expresión y de información. "Chile es después de Cuba el país que tiene menos diversidad en medios de comunicación", aseguró.
Este experto también advierte sobre la escasa variedad de tendencias ideológicas, que se acentúa con el sistema electoral, que fomenta la formación de coaliciones y favorece a los partidos más grandes.
El mecanismo electoral chileno sólo permite que las dos primeras mayorías de las listas en disputa, o incluso de una sola si la primera duplica en votos a la segunda, tengan acceso a las bancas legislativas.
El escenario político se reduce prácticamente a la Concertación, compuesta por los partidos Demócrata Cristiano, Socialista, Por la Democracia y Radical Social Demócrata, y las agrupaciones de derecha, Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente.
Con este panorama se dificulta la reforma constitucional. "Yo dudo mucho que la Concertación tenga demasiado interés en realizar cambios más profundos. Y aunque lo quisiera, la derecha conservaría el poder de veto. Es un amarre absoluto", señaló Portales.
Así ocurrió con el proyecto de conceder el derecho a voto a los chilenos residentes en el extranjero, que no pudo aprobarse en el Congreso legislativo por falta de quórum a causa de la ausencia de los representantes de los partidos de derecha.
Los críticos del sistema señalan que existe una escasa representatividad política en Chile, que lleva a la disconformidad y la poca participación de los ciudadanos en los procesos electorales.
Para Juan Guzmán Tapia, el ex juez chileno que procesó a Augusto Pinochet, el actual modelo político y los bloques que lo lideran impiden la representación de las minorías y la debida acogida de las demandas sociales.
